Deuda por pensiones en El Salvador alcanza $11,241 millones al cierre de 2025

La deuda acumulada por los gobiernos salvadoreños con los cotizantes del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ascendió a $11,241 millones al cierre de 2025, de acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR). Este pasivo refleja un mecanismo de financiamiento que ha estado vigente desde 2006 y que sigue vigente en la actualidad.

Mecanismos de financiamiento y evolución reciente

Durante 2025, el Estado salvadoreño incrementó esta deuda en $716 millones a través de la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP). Esta figura, instaurada desde enero de 2023, reemplazó a los Certificados de Inversión Previsional (CIP),que fueron utilizados entre 2006 y diciembre de 2022 para cubrir obligaciones previsionales y otros gastos relacionados.

En comparación con 2024, cuando se emitieron COP por un monto superior a los $1,032 millones, la suma colocada en 2025 muestra una reducción cercana al 30%. Este descenso se produce tras un año excepcional, en el que el gobierno solicitó un financiamiento récord para hacer frente a un incremento del 30 % en la pensión mínima por vejez, una medida anunciada en 2024.

En ese contexto, un banco de inversión internacional manifestó inquietudes acerca del uso que el gobierno dio a estos recursos, sugiriendo que no solo se destinaron a pagar pensiones y el aumento mencionado, sino también a financiar otros gastos estatales.

Durante 2025, las colocaciones mensuales de deuda oscilaron entre $45 y $100 millones. En septiembre, el monto solicitado alcanzó los $100 millones, cifra que duplicó los valores habituales de otros meses; sin embargo, no se divulgó información detallada sobre el destino específico de estos recursos.

Acumulado histórico y acuerdos recientes

La deuda emitida entre 2023 y 2025 a través de COP se suma a los $8,394.19 millones acumulados mediante CIP desde 2006 hasta 2022. En 2023, el gobierno y las AFP acordaron transformar este pasivo en Certificados de Financiamiento de la Transición (CFT),modificando las condiciones de pago para otorgar un periodo de gracia de cuatro años sobre capital e intereses. Esta medida permitiría al Estado un ahorro anual estimado en $500 millones, aliviando temporalmente la presión sobre las finanzas públicas.

Perspectivas y reformas en discusión

A pesar de la acumulación de deuda, el mecanismo de financiamiento establecido desde 2006 se mantiene activo y se prevé que continúe en los próximos años. El país se encuentra próximo a discutir una nueva reforma del sistema de pensiones, que busca enfrentar los desafíos estructurales del sistema actual.

Expertos en economía señalan que la estructura de deuda vigente fue ratificada recientemente para garantizar el pago de las pensiones actuales, por lo que no se espera un cambio radical en el corto plazo. Más bien, la reforma podría enfocarse en ajustes a los parámetros y composición de las cotizaciones.

En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado al gobierno salvadoreño reducir su dependencia del financiamiento proveniente de los fondos de pensiones, como una medida para fortalecer la sostenibilidad fiscal.

Cuenta de Garantía Solidaria y sostenibilidad

Un informe actuarial presentado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en diciembre de 2025 advirtió que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS),responsable de cubrir las pensiones mínimas y el reciente aumento del 30 % para alcanzar $400 mensuales, enfrenta un agotamiento proyectado para 2029.

Según el documento, la mayoría de las cuentas individuales de los jubilados de 2024 se agotarán en un plazo no mayor a dos años, lo cual implica un reto significativo para la estabilidad del sistema previsional y las finanzas públicas.

Proyecciones y recomendaciones para el futuro

Ante este escenario, sectores vinculados a la defensa de los derechos de los pensionados y trabajadores han señalado la necesidad de que la reforma en preparación amplíe las fuentes de financiamiento del sistema y fomente una mayor densidad de cotización entre los trabajadores activos. Estas medidas son consideradas clave para evitar que las futuras pensiones sean insuficientes y para garantizar la viabilidad a largo plazo del sistema.

La discusión sobre la reforma previsional en El Salvador se presenta como un momento crucial para balancear las obligaciones adquiridas con los cotizantes, la sostenibilidad fiscal y la protección social, en un contexto donde la deuda acumulada sigue representando un desafío significativo para el Estado y la población pensionada.

En conclusión, el endeudamiento acumulado del Estado con los fondos de pensiones ha alcanzado niveles que requieren atención y reformas estructurales. La transición hacia un sistema más sostenible y equitativo será fundamental para asegurar la estabilidad financiera y el bienestar de los jubilados salvadoreños en el futuro próximo.