Deuda pública de El Salvador supera los $34,000 millones en enero y preocupa cumplimiento con FMI

El saldo de la deuda pública total de El Salvador continuó su tendencia ascendente al superar los $34,000 millones en enero de 2026, lo que representa un incremento del 6.1% en comparación con el mismo mes del año anterior, según cifras oficiales del Banco Central de Reserva (BCR).

El informe del BCR detalló que la deuda total, incluyendo el monto destinado a cubrir obligaciones previsionales, asciende a $34,060.94 millones. Esto implica un aumento de $1,964 millones desde enero de 2025, cuando el saldo registrado fue de $32,096.92 millones. Además, esta cifra es cerca de $253.8 millones superior al cierre del año pasado.

Composición y estructura de la deuda pública

La mayor parte de la deuda corresponde al Sector Público No Financiero (SPNF),con un total de $32,160.97 millones acumulados por el Gobierno Central. Dentro de este monto se incluyen $1,324.83 millones en Letras del Tesoro (Letes) y una deuda previsional que data desde 2006, la cual suma $11,333.45 millones.

El resto de la deuda está distribuido entre otras entidades del gobierno central, que suman alrededor de $300 millones, y las Empresas Públicas No Financieras. En cuanto a la clasificación por origen, la deuda externa pública alcanzó $15,223.47 millones, mientras que la deuda interna pública totalizó $18,837.48 millones.

Este año, el Banco Central de Reserva volvió a incluir en el balance general la cifra correspondiente a las pensiones, tras un cambio en la presentación estadística producto de una operación financiera entre el gobierno y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Dicha operación implicó la conversión de más de $8,000 millones en Certificados de Inversión Previsional (CIP) a Certificados de Financiamiento de Transición, con un periodo de gracia de cuatro años para el pago de capital e intereses que vence en 2027.

Desafíos con el Fondo Monetario Internacional

El crecimiento de la deuda pública adquiere especial relevancia en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado suscrito entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este pacto busca asistir al país en la reducción de su deuda y en la estabilización de sus finanzas públicas durante los próximos años.

En el acuerdo, el FMI estableció que la deuda pública para 2025 debía situarse en torno al 87.6% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, según análisis económicos actuales, el nivel de deuda ya supera esta meta, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento del programa.

Los datos del BCR también reflejan un aumento en el gasto corriente, que alcanzó $930.88 millones en enero, comparado con los $783.5 millones registrados en enero de 2025, representando un incremento de más de $147 millones. A su vez, el pago de intereses de la deuda pasó de $117.17 millones en diciembre a $283.83 millones en enero, evidenciando una presión creciente sobre las finanzas públicas.

Expertos económicos han advertido que la tendencia indica que la deuda pública podría superar el 90% del PIB, lo que deja al país fuera de las metas originalmente planteadas con el FMI. La falta de disciplina fiscal y el incremento constante de la deuda generan preocupación sobre la sostenibilidad financiera a mediano plazo.

El acuerdo con el FMI contempla un financiamiento de $1,400 millones condicionado al cumplimiento de metas específicas. Hasta el momento, el organismo ha realizado dos desembolsos, uno de ellos tras una primera revisión que el gobierno salvadoreño logró superar satisfactoriamente. Sin embargo, la segunda revisión prevista para septiembre de 2025 y una tercera para principios de 2026 aún se encuentran en proceso, sin confirmación del FMI sobre su aprobación.

El FMI ha informado que continúa evaluando el programa sin revelar detalles sobre los aspectos en revisión. Además, el gobierno debía presentar en febrero una reforma previsional que aún no ha sido divulgada, lo que según analistas, indica un probable incumplimiento de metas y la inexistencia de aval para liberar nuevos fondos.

Implicaciones económicas y políticas

El retraso en la reforma previsional es uno de los puntos más sensibles para el saneamiento financiero nacional, dado que la deuda acumulada en pensiones representa más del 33% de la deuda total del país. Un informe reciente de una agencia financiera internacional destaca que el principal obstáculo para la reforma no es técnico sino político, ya que implica ajustes impopulares en un contexto electoral previsto para 2027.

Señalan que gestionar las consecuencias inmediatas de la reforma durante el ciclo electoral requerirá un equilibrio delicado para evitar impactos sociales y políticos adversos. Esta situación complica la capacidad del gobierno para implementar las medidas necesarias para estabilizar las finanzas públicas.

Analistas económicos advierten que el programa con el FMI está actualmente "off track" o desviado de sus objetivos, lo que podría comprometer el financiamiento externo proyectado no solo por parte del FMI, sino también de otras entidades multilaterales. La falta de avances en reformas y el crecimiento de la deuda aumentan el riesgo de que los desembolsos futuros sean retenidos, afectando negativamente la estabilidad económica.

Conclusión

El panorama fiscal de El Salvador muestra un incremento sostenido en su deuda pública que supera ya los $34,000 millones, con presiones crecientes en el gasto corriente y el pago de intereses. La inclusión de la deuda previsional en el balance total y la demora en reformas estructurales dificultan el cumplimiento de compromisos internacionales, como el acuerdo con el FMI.

Ante este contexto, las autoridades enfrentan el reto de implementar ajustes fiscales rigurosos y reformas claves para recuperar la confianza de organismos multilaterales y mantener la estabilidad financiera del país a mediano y largo plazo.