Diferencias en registros oficiales y hallazgos de cadáveres evidencian subregistro de homicidios en El Salvador en marzo

En el mes de marzo de 2024, un análisis comparativo entre las publicaciones de una cuenta activa en redes sociales dedicada a documentar hallazgos de cadáveres y los reportes oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador ha evidenciado inconsistencias significativas en el conteo de homicidios a nivel nacional.

La cuenta Desaparecidos SOS (@DesaparecidosSV en la plataforma X) registró el hallazgo de 14 cadáveres durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo, mientras que la PNC reportó oficialmente únicamente nueve homicidios en ese mismo lapso. Al hacer una comparación, solo tres de los casos difundidos por Desaparecidos SOS coinciden con los reportes oficiales, lo que indica que al menos once personas fallecidas con posible violencia no aparecen en las estadísticas oficiales.

Discrepancias entre reportes oficiales y hallazgos no registrados

Este contraste genera un preocupante escenario de subregistro de muertes violentas, ya que además de los tres casos coincidentes, la PNC reportó seis homicidios adicionales que no aparecen en el monitoreo realizado por la cuenta en redes sociales. Esto sugiere que tanto desde las autoridades como desde la sociedad civil existen vacíos en la documentación y seguimiento de estos casos.

Durante la segunda quincena de marzo se reportaron al menos tres cuerpos con señales evidentes de muerte violenta encontrados en quebradas, los cuales no fueron incluidos en informes policiales oficiales ni se ha confirmado que estén siendo investigados. A continuación, se detallan algunos de estos casos que ilustran esta problemática:

Casos emblemáticos de cadáveres no registrados

• 31 de marzo: Un cuerpo masculino en avanzado estado de descomposición fue localizado en el río Acelhuate, a la altura del cantón Tres Ceibas Abajo, jurisdicción del municipio de Apopa. Este fue recuperado por elementos de Cruz Verde, pero no se registró en los reportes de la PNC y permanece sin identificación.
• 22 de marzo: Otro cadáver masculino apareció en el río Las Cucharas, en el cantón El Carrizal, Santiago Nonualco, departamento de La Paz. Inicialmente se informó que el cuerpo estaba en ropa interior y no contaba con documentación. Dos días después, se identificó como Manuel Tolosa, un exmilitar que formó parte del comando de Fuerzas Especiales como paracaidista. Este caso tampoco fue documentado oficialmente por la Policía.
• 19 de marzo: En el río San Antonio, distrito de Zaragoza, La Libertad, fue encontrado el cadáver de Vladimir Adalberto Ramírez González. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML),donde el dictamen preliminar señaló que la causa de muerte fue un edema pulmonar. Sin embargo, familiares manifestaron inconformidad ante este resultado, ya que al examinar el cuerpo observaron cortes profundos en el rostro y la mutilación de una oreja, indicios que sugieren violencia y que no fueron contemplados en el informe oficial.

Inconformidad de familiares y cuestionamientos a investigaciones oficiales

El caso de Vladimir Ramírez ha generado especial preocupación entre sus familiares, quienes han expresado públicamente su rechazo a la conclusión del IML y la falta de una investigación exhaustiva. José Ramírez, hermano del fallecido, expuso en sus redes sociales que la policía desestimó las evidencias visibles de violencia y cerró el caso sin realizar acciones adicionales.

Según declaraciones compartidas por el familiar, agentes policiales manifestaron que el expediente estaba cerrado y que no había más que investigar, sugiriendo que la muerte ocurrió por una caída y posterior ahogamiento. Esta postura ha sido cuestionada por la familia y sectores de la sociedad que demandan transparencia y rigor en la investigación de muertes violentas.

Implicaciones para la seguridad y la justicia en El Salvador

La discrepancia entre las cifras oficiales y los hallazgos documentados por organizaciones civiles pone en evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de registro y seguimiento de homicidios en El Salvador. Un subregistro de este tipo afecta la formulación de políticas públicas, la asignación de recursos para la seguridad y la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por la justicia y el orden.

El Salvador ha implementado diversas estrategias en los últimos años para reducir la violencia, incluyendo planes de seguridad y reformas legales, pero la fiabilidad de los datos es fundamental para evaluar su impacto real. En este contexto, la falta de registro oficial de varios casos con indicios claros de muerte violenta dificulta la identificación de patrones delictivos y la persecución efectiva de los responsables.

Recomendaciones y próximos pasos

Para abordar estas deficiencias, es imperativo que las autoridades policiales y judiciales:

• Fortalezcan los mecanismos de cooperación con organizaciones civiles y comunitarias que monitorean la violencia y desapariciones.
• Garantícen investigaciones exhaustivas y transparentes de todos los casos de muertes violentas, sin importar su ubicación o contexto.
• Implementen sistemas integrados y actualizados de registro de homicidios que permitan la conciliación de datos y eviten la duplicación o pérdida de información.
• Promuevan la comunicación clara hacia la ciudadanía sobre los avances y procedimientos relacionados con casos de violencia, para recuperar la confianza en las instituciones.

En suma, la detección de al menos once cadáveres no registrados oficialmente durante marzo de 2024 pone de relieve la urgencia de mejorar la capacidad institucional para registrar y responder a la violencia en El Salvador. Solo con datos precisos y acciones coordinadas será posible avanzar en la prevención y el esclarecimiento de homicidios, contribuyendo así a la seguridad integral del país.

Desde El Oficial continuaremos monitoreando este tema de alta relevancia social y realizando un seguimiento riguroso a la evolución de las investigaciones oficiales y las iniciativas de la sociedad civil para garantizar el derecho a la verdad y la justicia en El Salvador.