Diputados impulsan eliminar apostilla en documentos extranjeros para agilizar comercio y aduanas en El Salvador

La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa ha emitido un dictamen favorable para reformar la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA),con el objetivo de eliminar la exigencia de apostilla o legalización en documentos públicos extranjeros utilizados en trámites vinculados a operaciones comerciales y aduaneras.

Esta iniciativa, promovida por el Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Economía (MINEC),pretende agilizar los procesos administrativos, reducir la carga burocrática y fortalecer el comercio exterior, uno de los sectores clave para la economía nacional.

Detalles de la propuesta

La reforma contempla la incorporación de un artículo 4-A a la LPA, que se someterá a votación en la próxima sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. Durante el análisis de la propuesta, los diputados escucharon la exposición de la asesora del despacho del MINEC, quien indicó que la eliminación de la apostilla en ciertos documentos es fundamental para facilitar los trámites aduaneros, eliminando requisitos que actualmente se consideran innecesarios y que ralentizan los procesos.

Entre los cambios más relevantes que propone la reforma se incluye que la Administración Pública no podrá exigir la legalización o apostilla de documentos públicos emitidos en el extranjero cuando estos se relacionen directamente con operaciones comerciales o aduaneras, incluyendo el registro de productos. De igual manera, se elimina la obligación de presentar copias autenticadas, impresas o con firma manuscrita para dichos documentos.

Impacto en el comercio exterior

El comercio exterior sigue siendo un pilar fundamental para la economía salvadoreña, especialmente con Estados Unidos como principal destino de las exportaciones nacionales. La simplificación de requisitos documentales podría traducirse en una reducción significativa de costos para importadores y exportadores, además de disminuir los tiempos de despacho y registro de productos en las aduanas del país.

Asimismo, la eliminación de la apostilla facilitaría la participación de empresas extranjeras en procesos de compras públicas, al simplificar los requisitos administrativos y agilizar la presentación de documentación.

Excepciones y plazos establecidos

La reforma también contempla casos específicos donde una ley especial exija estrictamente la legalización o apostilla de documentos, sin que aplique alguna excepción. En estas situaciones, se establece un plazo máximo de 10 días hábiles para que los interesados presenten la documentación requerida.

Durante este período, la institución correspondiente podrá emitir una resolución provisional, la cual se volverá definitiva una vez que se cumpla con el requisito de legalización. Si el interesado no presenta los documentos dentro del plazo establecido, la autoridad tendrá la facultad de suspender o revocar dicha resolución.

Alcance y supervisión de la reforma

El alcance de la normativa abarcaría a toda la Administración Pública, incluyendo los procesos de contratación estatal y las fases de compras públicas. Las instituciones deberán adecuar sus procedimientos internos para cumplir con lo dispuesto en la reforma.

Por su parte, la Corte de Cuentas de la República será la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la nueva normativa, asegurando que las disposiciones se apliquen correctamente y que no se generen obstáculos adicionales para los operadores económicos.

Contexto y perspectiva

La eliminación de la apostilla representa un paso importante en la modernización de los trámites administrativos en El Salvador, alineándose con esfuerzos globales para simplificar y digitalizar los procesos públicos. Este cambio responde a la necesidad de dinamizar el comercio exterior, mejorar la competitividad del país y atraer inversiones.

Además, esta medida contribuirá a la reducción de costos operativos para empresas nacionales y extranjeras, potenciando el desarrollo económico y facilitando la integración de El Salvador en cadenas de valor internacionales.

De aprobarse la reforma en el pleno legislativo, la modificación a la Ley de Procedimientos Administrativos entraría en vigor tras su publicación en el Diario Oficial, marcando un avance sustancial en la eficiencia de los trámites comerciales y aduaneros en el país.

Este tipo de iniciativas reflejan la voluntad del Estado salvadoreño por modernizar su marco normativo y promover un ambiente favorable para el desarrollo económico, en especial en un contexto global donde la agilidad y la reducción de la burocracia son factores clave para la competitividad.