
Dirección de Ordenamiento Territorial emitió 816 permisos de construcción en 2025 pese a desafíos operativos
La Dirección de Ordenamiento Territorial emitió 816 permisos de construcción en 2025, consolidando trámites en el país, aunque enfrenta retos en procesos y claridad normativa.
La Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) cerró el año 2025 con la emisión de 816 permisos de construcción, conforme al Informe de Ejecución del Plan Operativo Anual publicado en su portal de transparencia. Este resultado corresponde a los primeros ocho meses de operación de la institución, que comenzó a funcionar oficialmente en mayo de 2025 tras su creación en octubre de 2024.
La DOT fue establecida con el propósito de centralizar la emisión de permisos para infraestructuras con un área igual o superior a 250 metros cuadrados en todo el territorio nacional, exceptuando el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y el Centro Histórico capitalino, espacios bajo jurisdicción de otras entidades. Su competencia abarca proyectos que anteriormente requerían trámites dispersos en ministerios y alcaldías, lo que buscaba optimizar procesos y simplificar la gestión.
Balance de solicitudes y permisos otorgados
El informe oficial detalla que durante el período comprendido entre mayo y diciembre de 2025, la DOT gestionó un total de 5,784 solicitudes relacionadas con permisos de construcción. De estas, 1,558 expedientes finalizaron su trámite, con 816 aprobados y 184 archivados. Además, 558 casos permanecían en proceso técnico y administrativo conforme a los plazos establecidos.
Por otra parte, la entidad reportó un elevado volumen de solicitudes sin resolver, sumando 4,226, las cuales dependían del cumplimiento de requisitos por parte de los usuarios. Estas se clasificaron en 1,318 pendientes, 438 observadas y 2,470 canceladas. El informe no especifica los criterios aplicados para diferenciar estas categorías, lo que representa un vacío en la transparencia del procedimiento.
Con base en estos datos, la tasa de resolución efectiva de solicitudes con permiso otorgado ascendió al 14 %, lo que evidencia un ritmo de aprobación moderado en el contexto de la reciente implementación institucional.
Desafíos operativos y administrativos
Dos profesionales del sector de la construcción, consultados bajo condición de anonimato para evitar represalias, coincidieron en señalar que la DOT aún se encuentra en un proceso de adaptación que ha generado complicaciones en la gestión de permisos. Ambos destacaron que, aunque la centralización de trámites es una iniciativa positiva, la ejecución presenta retrasos significativos y falta de claridad en la aplicación normativa.
Uno de los constructores explicó que trámites similares en la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) suelen resolverse en un lapso entre siete y 14 días, mientras que en la DOT proyectos solicitados en agosto de 2025 fueron respondidos hasta febrero de 2026. Este retraso prolongado dificulta la planificación y ejecución de obras, afectando a los profesionales del ramo.
El segundo especialista resaltó que, aunque la atención al usuario es amable, persiste la incertidumbre sobre las facultades específicas de la DOT y los tipos de permisos que heredó de otras instituciones. En particular, mencionó la confusión alrededor del permiso de terracería, que anteriormente algunas alcaldías gestionaban de forma diferenciada y que ahora corresponde exclusivamente a la DOT, aunque sin un marco legal claro que defina cuándo es obligatorio solicitarlo.
Confusión normativa y necesidad de socialización
Ambos profesionales indicaron que la falta de claridad en la ley y el reglamento ha provocado que la DOT reciba solicitudes fuera de su competencia, lo que conlleva a la cancelación de numerosas peticiones. Según sus declaraciones, las alcaldías no han comprendido completamente la distribución de competencias, enviando a usuarios a la DOT para trámites que aún les corresponden o que no están regulados con precisión.
Uno de los especialistas urgió al Gobierno a fortalecer la socialización de las funciones y límites de la DOT para evitar confusiones y agilizar los procesos. Recalcó que los trámites deben realizarse en la DOT únicamente cuando el proyecto supera los 250 metros cuadrados y siempre que la alcaldía no esté adscrita a la OPAMSS.
Jurisdicción y retos en el Área Metropolitana
La OPAMSS mantiene competencia sobre el AMSS, que actualmente comprende 28 distritos tras dos ampliaciones aprobadas en noviembre de 2024 y enero de 2025. Sin embargo, según los constructores consultados, la incorporación formal de estos nuevos distritos a la OPAMSS aún no se refleja en la gestión de permisos de construcción, generando un limbo administrativo.
Esta situación ha dejado a ciertos proyectos sin una instancia clara para tramitar permisos, pues no pertenecen ni a la DOT ni a las alcaldías, debido a la ausencia de un respaldo legal actualizado. La falta de definición afecta la seguridad jurídica y la planificación urbana en estas zonas.
Transparencia y comunicación institucional
El equipo editorial envió una solicitud formal a la directora ejecutiva de la DOT para obtener declaraciones que permitieran profundizar en el análisis de los datos y las perspectivas institucionales. No obstante, hasta el cierre de esta publicación no se recibió respuesta, limitando el acceso a información complementaria que pudiera esclarecer los procesos y planes futuros.
En conclusión, la creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial representa un avance significativo en la organización de la gestión de permisos de construcción en El Salvador, con una concentración de trámites que busca mayor eficiencia. Sin embargo, los retos en términos de capacidad operativa, claridad normativa y coordinación interinstitucional evidencian la necesidad de un fortalecimiento institucional y una mejor comunicación con los actores del sector para consolidar este proceso.
El desempeño de la DOT durante sus primeros meses de operación será clave para afrontar los desafíos del desarrollo urbano sostenible en el país, garantizando que los procedimientos administrativos acompañen adecuadamente el crecimiento y la modernización del sector construcción.
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