EE. UU. emite orden ejecutiva para fortalecer control de remesas y mitigar riesgos financieros

El 19 de mayo, la Administración de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva con el objetivo de mitigar riesgos en el sistema financiero nacional, con especial atención a las remesas y a la protección contra actividades financieras ilícitas. Esta medida se enmarca en la estrategia para fortalecer la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero estadounidense frente a amenazas vinculadas con la actividad financiera transfronteriza.

Contexto y objetivos de la orden ejecutiva

El documento oficial establece que la Administración no tolerará riesgos para la seguridad nacional ni pública derivados de actividades financieras transfronterizas ilícitas. En particular, se busca evitar que la concesión de crédito o servicios financieros beneficie a personas extranjeras inadmisibles o sujetas a deportación.

Además, la orden destaca que las transferencias transfronterizas de bajo monto, comúnmente referidas como remesas, han sido utilizadas en ocasiones para facilitar o cometer delitos graves como financiamiento del terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilegales. El análisis de estas tendencias ha detectado vínculos con centros de actividad financiera relacionados con el fentanilo, conectados a cárteles establecidos en México.

Medidas para protección contra fraude y abuso

Un apartado relevante de la orden está dirigido a la protección del sistema financiero frente al fraude y abuso. Dentro de los 60 días posteriores a la emisión, el Secretario del Tesoro debe emitir una advertencia formal a las instituciones financieras, alertando sobre riesgos asociados con la explotación del sistema por parte de personas no autorizadas para trabajar y sus empleadores.

Entre las señales de alerta que las entidades financieras deberán considerar se incluyen:

• Patrones evidentes de evasión de impuestos sobre la nómina por parte de empleadores o intermediarios laborales, incluyendo la omisión sistemática de retener o remitir impuestos federales.
• Uso de documentos de identidad extranjeros específicos, cuentas ficticias, empresas fantasma o estructuras complejas diseñadas para ocultar la identidad de beneficiarios finales o la naturaleza real de los pagos.
• Aplicación estratégica de empresas de servicios monetarios no registradas, procesadores de pagos de terceros o plataformas entre pares para realizar pagos de salarios "extraoficiales" que evadan los requisitos de declaración establecidos por la Ley de Secreto Bancario.
• Patrones repetitivos de retiros o depósitos en efectivo por debajo de umbrales legales, vinculados con ciclos de nómina realizados fuera de sistemas regulados, conocidos como "estructuración y microestructuración".
• Uso de números de identificación fiscal individual (ITIN) para obtener productos de crédito o abrir cuentas cuando el solicitante carece de estatus migratorio legal.

La orden señala que aunque el ITIN facilita el cumplimiento tributario, su uso en lugar de un número de Seguro Social o visa válida puede representar un factor de riesgo que amerita una debida diligencia reforzada para evitar facilitar empleo ilegal.

Reforzamiento normativo y supervisión financiera

En un plazo de 90 días desde la fecha de la orden, el Secretario del Tesoro, en coordinación con los reguladores financieros federales funcionales, deberá proponer modificaciones a las regulaciones relacionadas con la Ley de Secreto Bancario. Estas modificaciones tienen como propósito fortalecer los requisitos de debida diligencia basados en el riesgo para las instituciones financieras cubiertas.

Estas acciones buscan mejorar la supervisión y control de las instituciones financieras para evitar la explotación del sistema por parte de actores ilegales y proteger la integridad del sistema financiero estadounidense, tema de gran relevancia para países como El Salvador que mantienen un flujo constante de remesas desde Estados Unidos.

Implicaciones para El Salvador

El Salvador es uno de los principales países receptores de remesas en la región, las cuales representan un componente crucial para la economía nacional y el bienestar de numerosas familias. Las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense para reforzar el control y la regulación de las remesas podrían tener impactos indirectos en el flujo y la forma en que se realizan estos envíos de dinero.

Las instituciones financieras salvadoreñas y los canales tradicionales de envío de remesas deberán estar atentas a estos cambios regulatorios para garantizar el cumplimiento normativo y evitar posibles sanciones o restricciones. Asimismo, las autoridades nacionales pueden aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus propios mecanismos de supervisión y transparencia financiera, alineándose con estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero y financiamiento ilícito.

Conclusión

La orden ejecutiva emitida por la Administración estadounidense marca un paso significativo hacia la mitigación de riesgos en el sistema financiero, con especial atención a remesas y actividades financieras vinculadas a la seguridad nacional. A través de la implementación de advertencias formales, la identificación de señales de alerta y la propuesta de cambios regulatorios, se busca proteger la integridad del sistema y evitar su explotación por parte de actores ilegales.

Este enfoque también refleja la creciente preocupación sobre la relación entre actividades financieras ilícitas y el tráfico de sustancias como el fentanilo, con conexiones transfronterizas que involucran a cárteles en México. Para países como El Salvador, esta iniciativa representa un llamado a reforzar la cooperación y vigilancia en materia financiera, garantizando que las remesas continúen siendo un apoyo legítimo para la población.