El sacrificio de una madre para evitar la condena arbitraria de su hijo en El Salvador

Marta Quintanilla ha vivido en Estados Unidos durante 37 años, donde estudió y trabajó para brindar un mejor futuro a su familia. Sin embargo, desde la detención de su hijo, Dagoberto de Jesús Quintanilla, en noviembre de 2022, su vida y la de su familia han dado un giro radical. Desde entonces, Marta realiza hasta cuatro viajes anuales a El Salvador con la esperanza de evitar una condena que considera arbitraria e injusta en el contexto del régimen de excepción vigente en el país.

Detención y acusaciones bajo el régimen de excepción

El 17 de noviembre de 2022, Dagoberto Quintanilla, de 44 años, se encontraba realizando diligencias en San Juan Opico, La Libertad, cuando fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sin que se presentaran cargos claros ni evidencias que justificaran su captura. Según testimonios cercanos, fue mantenido bajo el sol durante dos horas mientras los agentes inspeccionaban su vivienda sin hallar indicios de ilícitos.

Dagoberto, quien trabajaba en un call center tras regresar a El Salvador, fue acusado por agrupaciones ilícitas y su caso fue asignado al Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado. La familia sostiene que no existen pruebas fehacientes que lo vinculen con actividades criminales, destacando que su único tatuaje es el nombre de su madre.

La lucha legal y la falta de respuestas institucionales

Marta ha buscado apoyo en la Procuraduría General de la República (PGR),donde el abogado asignado al caso indicó que la detención se basó en que Dagoberto "se puso nervioso" y fue visto como sospechoso. A pesar de la ausencia de drogas, armas u otros indicios en la inspección, el Tribunal negó la solicitud de medidas sustitutivas el 17 de mayo de 2023, manteniendo la detención preventiva.

Ante la falta de avances, Marta interpuso un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),sin recibir respuesta hasta la fecha. La familia también acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH),sin que se hayan materializado acciones efectivas para revertir la situación.

Condiciones carcelarias y dificultades familiares

Durante su encarcelamiento, Dagoberto fue trasladado del Centro Penal de Izalco al Centro Penal de Ciudad Barrios, San Miguel, lo que implica un considerable gasto económico para la familia, dado que un viaje redondo desde San Juan Opico puede costar alrededor de $180. Además, han reportado irregularidades en los depósitos realizados para su manutención, ya que el dinero ingresado a su cuenta penitenciaria desaparece sin explicación.

Juicios masivos y testimonios controvertidos

El 14 de octubre de 2025 se celebró una audiencia en la que el juez autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) entrevistar a testigos de descargo en defensa de Dagoberto. Sin embargo, el juez decidió mantener la detención basándose en factores como las "malas calificaciones" del imputado y la ausencia de documentos de propiedad o alquiler a su nombre.

El caso se encuentra dentro de un juicio masivo que involucra a casi 60 personas acusadas de pertenecer a grupos criminales. Fuentes judiciales han señalado que el principal testigo de la Fiscalía es un pandillero condenado, cuyo testimonio presenta incongruencias, ya que afirmó que Dagoberto delinquía desde 2011, año en que este aún residía en Estados Unidos.

El impacto en la familia y la percepción de injusticia

Marta describe la situación como una experiencia terrible y profundamente injusta. Relata que ha invertido una considerable cantidad de tiempo y recursos en viajes a El Salvador, enfrentando además la desconfianza hacia algunos abogados que les han cobrado sumas elevadas sin resultados favorables. Su objetivo es demostrar la inocencia de su hijo y evitar que una condena afecte aún más a su familia.

"Nos ha afectado mucho, hemos tocado muchas puertas y puesto muchos recursos, pero sin respuestas claras. Queremos que se reconozca que es una persona inocente", expresó Marta.

Escaso apoyo institucional y críticas al proceso

El caso de Dagoberto forma parte de los 258 expedientes presentados por el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y la Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc) ante autoridades gubernamentales. De estos, 175 fueron aceptados para revisión por la PGR, pero según el coordinador de MOVIR, Samuel Ramírez, no se ha recibido respuesta concreta y la intención aparente de las autoridades es condenar a todos sin un análisis riguroso de los casos.

Además, se ha denunciado que a las familias se les ha pedido renunciar a sus abogados de organizaciones de derechos humanos como condición para recibir asesoría, lo que limita aún más el acceso a una defensa efectiva.

Ivania Cruz, abogada y vocera de Unidehc, afirmó que la respuesta institucional ha sido insuficiente y que la remisión de casos a la PGR no ha traducido en medidas concretas para proteger a las víctimas.

Situación general bajo el régimen de excepción en El Salvador

El régimen de excepción en El Salvador, implementado para combatir la criminalidad, ha dado lugar a cientos de detenciones masivas, muchas de las cuales han sido cuestionadas por la falta de pruebas y garantías procesales. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han alertado sobre posibles abusos y violaciones al debido proceso en estos procedimientos.

La historia de Marta y Dagoberto ejemplifica las dificultades que enfrentan las familias afectadas, quienes denuncian detenciones arbitrarias, escasez de pruebas y un sistema judicial que en ocasiones limita el acceso a una defensa adecuada.

Respuesta institucional pendiente

Al cierre de esta publicación, no se ha recibido respuesta oficial por parte de la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la República ni la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre las denuncias de la familia Quintanilla ni sobre las incongruencias señaladas en el proceso judicial.

Este caso subraya la necesidad de un análisis riguroso y transparente en los procesos judiciales relacionados con el régimen de excepción para garantizar el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en El Salvador.