El Salvador concreta solo un asocio público-privado bajo la ley vigente desde 2013

Desde la entrada en vigor de la Ley Especial de Asocios Público Privados (APP) en junio de 2013, El Salvador ha concretado únicamente un proyecto mediante esta modalidad, a pesar de diversas reformas y esfuerzos encaminados a facilitar su implementación y atraer inversión privada.

Esta ley, diseñada para fomentar colaboraciones entre el sector público y privado en proyectos de infraestructura y servicios, ha sido objeto de dos reformas importantes, en 2014 y 2017, con el propósito de mejorar su marco normativo y promover un entorno más favorable para los inversores. Según un análisis elaborado en mayo de 2018 por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES),tras estas modificaciones El Salvador se posicionó como el tercer país con el mejor marco regulatorio para APP en América Latina.

Convenio con Estados Unidos y los primeros proyectos APP

En septiembre de 2014, el Gobierno salvadoreño firmó un convenio con Estados Unidos para implementar el programa FOMILENIO II, que incluía el compromiso de desarrollar los dos primeros proyectos de APP en el país. El plan contemplaba un proyecto de iluminación y videovigilancia en 140 kilómetros de carreteras en las zonas periféricas del Gran San Salvador y la modernización y ampliación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador.

Sin embargo, el proyecto de iluminación y videovigilancia nunca se concretó. En contraste, la modernización y ampliación de la terminal de carga aeroportuaria fue el único APP que se ha llevado a cabo hasta la fecha.

Desarrollo y controversias del proyecto aeroportuario

A finales de 2015, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) solicitó a la extinta PROESA que estudiara la viabilidad del proyecto de APP para la terminal de carga. Esta solicitud fue aceptada en septiembre de 2017, y para 2018 el proyecto ya contaba con un borrador de bases de licitación y un contrato estructurado.

La iniciativa de ceder la operación de la terminal a una empresa privada generó oposición, principalmente de un sindicato dentro de CEPA que expresó preocupaciones sobre la transferencia de la gestión a entes externos. Tras un período de incertidumbre y cambios administrativos, la decisión quedó en manos de las nuevas autoridades luego del cambio de gobierno en 2019.

Proceso de licitación y adjudicación

En septiembre de 2019, CEPA lanzó la licitación pública internacional para seleccionar al operador del proyecto. A principios de 2020, se ampliaron los plazos para permitir una mayor participación de empresas interesadas. Finalmente, en noviembre de ese año, CEPA anunció que el consorcio Alutech S.A. de C.V. fue el único oferente y se le adjudicó la concesión para operar la terminal de carga por un plazo de 35 años.

En 2021, la Asamblea Legislativa avaló formalmente el asocio público-privado para este proyecto y CEPA firmó el contrato con Alutech. No obstante, el contrato no fue publicado en el Diario Oficial como establece la ley, argumentando que contenía información privada de las partes involucradas.

La empresa tomó control operativo de la terminal en mayo de 2022, marcando así la única experiencia exitosa de APP bajo la legislación vigente desde 2013.

Contexto y perspectivas sobre los APP en El Salvador

A pesar de las reformas legales y el esfuerzo por posicionar a El Salvador como un destino atractivo para inversiones mediante asociaciones público-privadas, la concreción de proyectos ha sido limitada. La experiencia del aeropuerto refleja tanto los desafíos administrativos como la complejidad de lograr consensos entre actores públicos, privados y sindicales.

El modelo APP es considerado una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo de infraestructura y servicios en el país. Sin embargo, su implementación efectiva requiere no solo un marco legal adecuado, sino también confianza, transparencia y participación multisectorial para superar resistencias y garantizar beneficios para la población.

El balance hasta ahora indica que, si bien la ley ha sido mejorada para atraer inversión, la ejecución de proyectos bajo esta modalidad demanda un proceso técnico y político riguroso que, hasta la fecha, ha permitido concretar únicamente el proyecto aeroportuario.

Con la creciente necesidad de modernizar infraestructura y servicios en El Salvador, la experiencia acumulada en este primer APP podría servir como referencia para futuros proyectos, siempre y cuando se fortalezcan los mecanismos de transparencia, participación ciudadana y supervisión estatal.

En conclusión, la Ley Especial de Asocios Público Privados, vigente desde 2013 y reformada para facilitar su aplicación, ha tenido un impacto limitado en la concreción de proyectos en El Salvador, con un solo APP materializado hasta la fecha. El desafío para las autoridades radica en aprovechar el marco legal existente para impulsar alianzas público-privadas que contribuyan al desarrollo económico y social del país.