El Salvador crea nuevo delito de pertenencia a pandillas con pena de cadena perpetua

El Salvador crea nuevo delito de pertenencia a pandillas con pena de cadena perpetua

El Salvador incorpora en su Código Penal el delito de pertenencia a pandillas, castigado con cadena perpetua, y establece agravantes que afectan el régimen de libertad controlada.

19 marzo 2026
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El ministro de Seguridad y director en funciones de la Policía Nacional Civil (PNC),Gustavo Villatoro, confirmó este jueves ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa la incorporación de un nuevo delito dentro del paquete de reformas legales para habilitar la condena perpetua en El Salvador. Esta reforma incluye la creación del delito de "pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla", que será sancionado con pena de prisión perpetua.

El nuevo delito se incorporará al Código Penal a través del artículo 344-A. Según explicó Villatoro, esta figura jurídica busca castigar a quienes formen parte de pandillas, sin que hasta el momento se hayan definido con claridad los criterios específicos que las autoridades deberán aplicar para comprobar la pertenencia. Esta medida representa un endurecimiento significativo en la legislación penal salvadoreña, al establecer la cadena perpetua como castigo para quienes integren estas organizaciones.

Agravantes y régimen de libertad controlada

Además de la tipificación del delito, la reforma contempla varias agravantes relacionadas con la pertenencia a pandillas. Entre estas se incluyen ser creador, jefe, financista o cabecilla de la pandilla; promover, ayudar, facilitar o favorecer la conformación o funcionamiento de la misma; así como solicitar, demandar, ofrecer, promover, negociar, convenir o pactar acuerdos de no persecución criminal. También se sancionará a quienes actúen como intermediarios, negociadores o mediadores en nombre de las pandillas.

Estas agravantes implicarán que las personas condenadas por pertenecer a pandillas con estas características deberán cumplir un mínimo de 40 años en prisión antes de poder optar al régimen de libertad controlada. Este régimen será un mecanismo nuevo que se creará específicamente para la revisión de penas de prisión perpetua, aunque hasta el momento no se han detallado sus condiciones ni procedimientos.

Justificación y diferencias con otros delitos

Durante su exposición, Villatoro señaló que la inclusión de la pena perpetua en el sistema penal salvadoreño permitirá al Estado dejar claro que basta con pertenecer a una organización terrorista para que se pueda privar de la libertad a una persona. Esto responde a la percepción de que las pandillas tienen un carácter terrorista y representan una amenaza grave para la seguridad pública.

El ministro también aclaró que el delito de agrupaciones ilícitas, contemplado en el artículo 345 del Código Penal, se mantendrá para criminales dedicados a delitos comunes, como asaltos o robos. Según su explicación, las organizaciones terroristas y las agrupaciones delincuenciales que se organizan para cometer delitos específicos son diferentes, y por ello requieren tratamientos legales distintos.

Esta distinción es relevante, ya que el delito de agrupaciones ilícitas ha sido utilizado por el Estado salvadoreño para acusar a detenidos durante el régimen de excepción vigente. Sin embargo, Villatoro no especificó si las reformas implicarán que a los detenidos actualmente se les imputará también el nuevo delito o si se mantendrá exclusivamente el uso de la figura de agrupaciones ilícitas en esos casos.

Contexto y perspectivas sobre la pena perpetua

En relación con la aplicación de la cadena perpetua, el ministro vinculó esta medida al descenso observado en los homicidios en 2022, pero alertó sobre la posibilidad de un repunte en otros delitos. Por ello, defendió el uso de la pena perpetua como un mecanismo disuasivo, aunque no presentó datos específicos sobre índices de delitos como violación o terrorismo, ni sobre niveles de reincidencia entre personas que han salido de prisión.

Villatoro aseguró que tras la reducción de homicidios, atribuida en parte a la captura de pandilleros, aproximadamente el 80 % de los homicidios actuales tienen su origen en la intolerancia. Añadió que el arma de fuego ha dejado de ser un elemento predominante en estos crímenes durante los últimos tres años, sin profundizar en las causas ni en las formas en que se analizarán estos fenómenos.

Reinserción y mecanismos de revisión

En cuanto al régimen de libertad controlada que se establecerá para quienes sean condenados a cadena perpetua, el ministro indicó que el sistema incluirá un mecanismo de revisión y reinserción, aunque no ofreció detalles concretos. Según sus palabras, la reforma permitirá diferenciar entre bandas criminales y organizaciones terroristas, estableciendo procesos adecuados para cada caso.

“Todo lleva su mecanismo de revisión y reinserción, con una creencia de una reinserción para alguno de estos criminales”, afirmó Villatoro, subrayando la intención de contar con herramientas legales para el eventual retorno a la sociedad de personas condenadas a largo plazo.

Próximos pasos en el análisis legislativo

La reunión de la Comisión Política donde se presentó esta propuesta contó también con la presencia del ministro de Defensa, Francis Merino Monroy. Se espera que en la próxima sesión la Fiscalía General de la República exponga su posición respecto a las reformas propuestas.

La incorporación del delito de pertenencia a pandillas con pena de prisión perpetua representa un cambio sustancial en la política criminal del país, en el marco de la estrategia gubernamental para combatir la violencia y la criminalidad asociada a las estructuras pandilleriles. Sin embargo, la falta de definición clara sobre los criterios probatorios y los mecanismos de aplicación ha generado inquietudes sobre el respeto a garantías jurídicas y derechos humanos.

En el contexto salvadoreño, donde las pandillas han sido consideradas una de las principales fuentes de violencia, estas reformas buscan fortalecer el aparato penal y disuadir la participación en estas organizaciones. No obstante, la efectividad y alcance de estas medidas dependerán de su adecuada implementación y del equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales.

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