El Salvador enfrenta desafíos en seguridad y economía tras cuatro años de régimen de excepción y acuerdo con el FMI

El Salvador cierra el primer trimestre de 2026 con dos hechos que deben analizarse en conjunto: la continuidad de un régimen de excepción que cumple cuatro años y el desarrollo del acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI),vigente desde hace poco más de un año. Estas dos situaciones reflejan la complejidad de la gestión gubernamental, marcada por posturas divergentes en materia de seguridad y economía.

Un régimen de excepción que persiste y genera cuestionamientos

Desde su implementación, el régimen de excepción ha sido una herramienta central en la estrategia del gobierno para enfrentar la violencia criminal, particularmente la actividad de pandillas. La reducción en los índices de delitos violentos es un hecho reconocido y destacado por las autoridades. Sin embargo, la prolongación de esta medida más allá de lo inicialmente previsto ha suscitado críticas tanto de la sociedad civil como de organismos internacionales.

Un informe elaborado por juristas internacionales, divulgado en los días previos al cuarto aniversario del régimen, expone las consecuencias de realizar arrestos masivos dentro de un marco legal que limita la defensa efectiva de los detenidos. El documento no solicita la liberación indiscriminada de personas asociadas a pandillas, sino que enfatiza la necesidad de garantizar procesos judiciales con las mínimas garantías procesales para identificar a quienes verdaderamente deben ser procesados.

Durante estos cuatro años, si bien ha habido liberaciones de detenidos bajo el régimen de excepción, la mayoría permanece procesada. Además, algunas de las liberaciones se han llevado a cabo con la misma arbitrariedad que se denuncia en las capturas, lo que refleja deficiencias en el sistema penal y judicial. Esta situación pone en evidencia la complejidad y los riesgos de mantener un régimen excepcional que limita derechos fundamentales sin ajustes claros que garanticen la justicia y la transparencia.

Respuesta oficial: mayor rigidez en la legislación penal

Ante estas críticas, el gobierno salvadoreño ha optado por defender los logros obtenidos en materia de seguridad y, simultáneamente, ha promovido reformas para endurecer las sanciones penales. La Asamblea Legislativa inició un proceso acelerado de reforma constitucional para permitir la aplicación de cadena perpetua a delitos como homicidio, violación y terrorismo.

Esta reacción marca un contraste con las recomendaciones recibidas, ya que en lugar de flexibilizar o revisar los procedimientos penales bajo el régimen de excepción, se ha decidido fortalecer la severidad de las penas. Esta postura refleja una inflexibilidad gubernamental que prioriza el endurecimiento de las medidas de seguridad en detrimento de posibles garantías procesales y derechos humanos.

Gestión laxa en el cumplimiento del acuerdo con el FMI

En paralelo a la rigidez en seguridad, la administración gubernamental ha mostrado una actitud más laxa en el cumplimiento de sus compromisos con el FMI, acuerdo que representa un elemento clave para la estabilidad económica del país. El programa, que contempla un financiamiento cercano a los 1,400 millones de dólares bajo el Servicio Ampliado, forma parte de un paquete financiero mayor que supera los 3,500 millones de dólares, sumando recursos de organismos multilaterales y el acceso a mercados internacionales.

El 5 de marzo de 2026 venció el plazo para completar la tercera revisión del programa, que incluye metas relacionadas con el desempeño económico al cierre de diciembre de 2025. Sin embargo, una de las reformas más importantes –la modificación al sistema de pensiones, vital para la sostenibilidad fiscal– no fue presentada ante la Asamblea Legislativa en la fecha establecida, incumpliendo un compromiso clave.

Además, la política en torno a la compra de bitcoin y la venta de la billetera electrónica Chivo continúa siendo poco clara y ha estado marcada por la opacidad desde el inicio del acuerdo con el FMI. La falta de transparencia en estos aspectos ha generado incertidumbre y críticas, tanto internas como externas.

Riesgos de una estrategia parcial

El cumplimiento parcial de las metas cuantitativas del acuerdo, como las relacionadas con las reservas y los indicadores fiscales, contrasta con la postergación o evasión de compromisos cualitativos vinculados a la transparencia y la gobernanza. Esta estrategia podría resultar arriesgada, sobre todo en un contexto en el que la deuda pública de El Salvador ya se aproxima a superar el 90 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El programa con el FMI no solo implica financiamiento directo, sino que también es fundamental para asegurar condiciones favorables en el manejo de la deuda externa y el acceso a nuevos recursos. El incumplimiento o retraso en las reformas estructurales puede poner en riesgo estos beneficios y, por ende, la estabilidad macroeconómica del país.

Balance y perspectivas

El Salvador enfrenta un momento crítico en su gestión pública. Por un lado, la sociedad civil y organismos internacionales han emitido recomendaciones claras que apuntan a flexibilizar el régimen de excepción y garantizar derechos procesales mínimos. Por otro lado, el gobierno mantiene una postura de inflexibilidad en seguridad mientras muestra relajación en el cumplimiento de compromisos económicos fundamentales.

Ignorar las recomendaciones fundamentadas no representa una muestra de fortaleza sino una limitación en la capacidad de corrección y adaptación propias de una gestión pública responsable. La reducción en la violencia es un mérito atribuible, en gran parte, al régimen de excepción, pero el historial de abusos documentados bajo esta medida exige una revisión profunda y ajustes que garanticen el respeto a los derechos humanos.

En cuanto a la gestión económica, el acuerdo con el FMI es una herramienta clave para ordenar las finanzas públicas y sostener la estabilidad macroeconómica. Su cumplimiento debe ser prioritario, salvo que se presenten alternativas concretas y viables que superen los beneficios de este marco financiero. Hasta la fecha, no se ha evidenciado una propuesta sólida en ese sentido.

El balance de estos cuatro años evidencia una gestión marcada por durezas y flexibilidades, con apuestas que podrían comprometer la sostenibilidad social y económica del país. La capacidad del gobierno para ajustar su estrategia y responder a las demandas de la sociedad y los organismos internacionales será determinante para el futuro político y económico de El Salvador.