El Salvador establece cadena perpetua para acusados de pertenecer a pandillas con nuevas reformas penales

El próximo domingo 26 de abril entran en vigencia reformas significativas al Código Penal y al Código Procesal Penal de El Salvador que modifican el marco jurídico relacionado con la lucha contra las pandillas. Entre los cambios más relevantes se encuentra la incorporación del delito de pertenencia a una organización terrorista, enfocado específicamente en las estructuras pandilleriles, el cual contempla la cadena perpetua como sanción para quienes sean acusados de formar parte de estos grupos.

Modificaciones sustanciales y sanciones agravadas

Las reformas incluyen agravantes para personas consideradas “creadores, organizadores, dirigentes, financistas o cabecillas” dentro de las pandillas, así como para “autoridades, funcionarios o empleados públicos” que utilicen su posición para favorecer a dichas organizaciones. Además, la legislación penaliza a intermediarios que “ayuden, faciliten o favorezcan a pandilleros” y a quienes establezcan acuerdos que impliquen beneficios o encubrimiento a estas estructuras.

Estos cambios legales se dan en el contexto del denominado régimen de excepción, bajo el cual el Estado salvadoreño ha vinculado a todas las personas detenidas con la pertenencia a pandillas. No obstante, el gobierno reconoció en noviembre de 2024 que aproximadamente 8,000 personas fueron detenidas sin vínculos con pandillas y que posteriormente fueron liberadas.

Preocupaciones sobre detenciones arbitrarias y aplicación de la ley

Organizaciones de derechos humanos, abogados y familiares han denunciado detenciones arbitrarias. En varios casos, personas que cuentan con órdenes judiciales de libertad y a quienes se les ha comprobado la inexistencia de vínculos con pandillas permanecen en prisión y podrían enfrentar condenas bajo este nuevo marco legal.

Otro aspecto relevante de las reformas es la eliminación de la posibilidad de aplicar medidas alternas a la detención para los acusados de pertenecer a pandillas. Asimismo, se elimina el límite máximo de permanencia en prisión preventiva, que anteriormente era de dos años, permitiendo que los detenidos puedan permanecer en prisión durante todo el proceso judicial hasta que se dicte una sentencia firme.

Situación de los procesos legales vigentes

En cuanto a los procesos ya iniciados, la reforma mantiene vigente el delito de agrupaciones ilícitas regulado en el artículo 345 del Código Penal, que sanciona a grupos de tres o más personas involucradas en actividades delictivas que no necesariamente estén relacionadas con pandillas, con penas que oscilan entre 10 y 20 años de prisión. Actualmente, la Fiscalía General de la República procesa bajo esta figura a más de 91,000 personas capturadas durante el régimen de excepción.

Expertos en derecho penal destacan que, conforme al principio de irretroactividad penal establecido en el artículo 21 de la Constitución salvadoreña, los procesos iniciados bajo la figura de agrupaciones ilícitas deben continuar con dicha calificación y no pueden ser reclasificados bajo el nuevo delito de pertenencia a organización terrorista ni someterse a la cadena perpetua. La nueva legislación aplica únicamente a conductas cometidas a partir de la entrada en vigencia, es decir, después del 26 de abril de 2026.

Requisitos probatorios y garantías legales

Para que la Fiscalía pueda acusar formalmente a una persona por pertenencia a organización terrorista, deberá presentar elementos probatorios específicos que demuestren la existencia de una organización con fines terroristas, la calidad de miembro activo del acusado y actos concretos que evidencien su participación en la pandilla. Entre las pruebas idóneas se consideran registros de comunicaciones, testimonios directos, evidencia documental, peritajes sobre simbología y acreditación de roles dentro de la estructura delictiva.

Es importante destacar que la simple residencia en una zona de influencia pandilleril no constituye una prueba suficiente para sustentar la acusación, aspecto que ha sido cuestionado en audiencias iniciales.

Regímenes de cumplimiento y libertades condicionadas

La legislación establece que, aunque la pena sea de carácter perpetuo, podrá revisarse mediante el régimen de libertad controlada después de que la persona condenada haya cumplido 30 años en prisión. En casos de mayor gravedad, este período puede extenderse hasta 40 años antes de considerar la revisión.

Contexto nacional y desafíos futuros

Estas reformas forman parte de una estrategia gubernamental más amplia para combatir la criminalidad y la violencia generada por las pandillas en El Salvador, que históricamente han representado un reto significativo para la seguridad nacional y la estabilidad social.

Sin embargo, la implementación de estas medidas también plantea desafíos en materia de derechos humanos y debido proceso, especialmente en un contexto donde ya se han denunciado detenciones masivas y posibles casos de abuso de autoridad. La vigilancia y el escrutinio independiente serán fundamentales para garantizar que las reformas se apliquen respetando las garantías constitucionales y los estándares internacionales.

La entrada en vigor de estas reformas marca un nuevo capítulo en la política penal salvadoreña, con un enfoque más severo y restrictivo hacia las estructuras pandilleriles, cuyo impacto en el sistema judicial y en la sociedad en general será objeto de seguimiento en los próximos meses.