El Salvador mantiene el peor índice de transparencia presupuestaria en Centroamérica en 2025

El Salvador continúa enfrentando retos significativos en materia de transparencia presupuestaria, según los resultados de la última encuesta de presupuesto abierto realizada en 2025 por la Open Budget Partnership (OBP). Aunque el país logró mejorar su puntuación respecto al año anterior, sigue siendo el peor evaluado en la región centroamericana en cuanto a acceso y supervisión del gasto público.

Mejoras marginales pero insuficientes en la transparencia presupuestaria

La encuesta global, reconocida como la evaluación más exhaustiva sobre transparencia fiscal a nivel mundial, mide varios aspectos clave: el acceso a la información sobre cómo el gobierno central recauda y utiliza los recursos públicos, la supervisión del presupuesto y la participación ciudadana durante todo el proceso presupuestario.

En el caso de El Salvador, la puntuación obtenida en 2025 fue de 36 sobre 100, lo que representa una mejora de 11 puntos con respecto al año anterior, cuando obtuvo sólo 25. No obstante, esta cifra sigue siendo la más baja en la región, por debajo de países como Nicaragua (50 puntos) y Honduras (62 puntos).

Un avance destacado fue la presentación oportuna y pública de la propuesta del presupuesto general de la nación para 2025, un documento que no se había transparentado debidamente durante el proceso presupuestario de 2024. Sin embargo, este progreso se ve opacado por la reducción en la disponibilidad pública de otros documentos relevantes, como la política presupuestaria, que en esta ocasión se compartió únicamente de manera interna durante la etapa de implementación.

Importancia de la transparencia para la gestión pública

La Open Budget Partnership subraya que las decisiones presupuestarias, que incluyen la recaudación de impuestos, la prestación de servicios públicos y la contratación de deuda, tienen profundas repercusiones para la sociedad en su conjunto. Por ello, la transparencia y la participación ciudadana son fundamentales para asegurar que los recursos públicos se utilicen en función del interés general y no de intereses particulares.

Supervisión limitada del presupuesto por parte de instituciones nacionales

En cuanto a la supervisión del presupuesto, El Salvador obtuvo una puntuación de 59 sobre 100. El análisis indica que tanto la Asamblea Legislativa como la Corte de Cuentas de la República ejercen un control limitado sobre el uso de los recursos públicos.

En el caso de la Asamblea, si bien existe una supervisión durante el proceso de aprobación del presupuesto, esta función fiscalizadora se reduce considerablemente durante la fase de ejecución, cuando el presupuesto ya está en marcha.

Por su parte, la Corte de Cuentas ha incumplido sistemáticamente con la elaboración de informes de auditoría basados en estándares internacionales. Desde 2024, además, ha dejado de publicar los resultados de sus auditorías, lo que dificulta el escrutinio público y la rendición de cuentas.

Ante esta situación, la OBP recomienda que una entidad independiente evalúe los procesos de auditoría de la Corte para garantizar su calidad y transparencia. Asimismo, sugiere que un comité legislativo solicite formalmente los informes de auditoría y publique un análisis con sus conclusiones para facilitar el acceso ciudadano a esta información.

Participación ciudadana, el eslabón más débil

El indicador con peor desempeño en El Salvador es la participación ciudadana en el proceso presupuestario, con una puntuación de apenas 7 sobre 100, empatando en este aspecto con Nicaragua. Este indicador evalúa las oportunidades que el gobierno ofrece a la sociedad civil para involucrarse en la formulación, aprobación, ejecución y supervisión del presupuesto público.

La baja calificación se explica porque el gobierno salvadoreño no cuenta con mecanismos efectivos para que la ciudadanía participe en ninguna de las etapas del proceso presupuestario. Esta carencia limita la transparencia real y dificulta que la sociedad pueda influir o supervisar las decisiones sobre el uso de los fondos públicos.

Contexto y desafíos para El Salvador

El Salvador, en un contexto regional donde la transparencia fiscal ha sido un tema prioritario para mejorar la gestión pública y fortalecer la democracia, enfrenta desafíos estructurales que impactan en la confianza ciudadana y la calidad del gasto público. La mejora observada en 2025, aunque positiva, es insuficiente para superar las deficiencias históricas en la rendición de cuentas y participación social.

La gestión transparente del presupuesto es un componente esencial para garantizar que los recursos del Estado se utilicen eficientemente y respondan a las necesidades de la población. En este sentido, avanzar en la apertura de la información, fortalecer las capacidades de supervisión de las instituciones y promover la inclusión ciudadana son pasos indispensables para mejorar el sistema presupuestario salvadoreño.

La comunidad internacional y organismos especializados han señalado que la falta de transparencia y control adecuado en el manejo de los recursos públicos puede aumentar riesgos de corrupción y afectar la estabilidad económica y social del país.

Conclusión

El panorama actual de la transparencia presupuestaria en El Salvador refleja avances limitados que no logran revertir su posición como el país con peor evaluación en Centroamérica. Mejorar la apertura de la información, garantizar auditorías rigurosas y fomentar la participación ciudadana son retos urgentes para fortalecer la gobernabilidad y la confianza en las instituciones públicas.

Es fundamental que las autoridades salvadoreñas implementen recomendaciones internacionales y promuevan un diálogo abierto con la sociedad civil para avanzar hacia un sistema presupuestario más transparente, eficiente y participativo, que responda realmente a los intereses de la población.