
El Salvador proyecta 23.1 millones de quintales en granos básicos pese a riesgos climáticos
El Salvador proyecta una producción de 23.1 millones de quintales en granos básicos para el ciclo agrícola 2026-2027, ajustando el calendario de siembra ante riesgos climáticos para garantizar la seguridad alimentaria.
La producción de granos básicos en El Salvador para el ciclo agrícola 2026-2027 se estima en 23.1 millones de quintales, de acuerdo con las proyecciones de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena. Esta cifra incluye cerca de 20 millones de quintales de maíz, 2.4 millones de quintales de frijol, 750,000 quintales de sorgo y alrededor de 1,800 quintales de arroz, en un contexto marcado por condiciones climáticas irregulares que representan un desafío para los agricultores.
El comportamiento atípico del clima en el país, con periodos de sequía y lluvias irregulares, ha llevado a la Mesa Agropecuaria a plantear un ajuste en el calendario tradicional de siembra. En este sentido, se ha propuesto adelantar el inicio de la siembra hacia finales de abril y principios de mayo, con el objetivo de maximizar la producción y reducir los riesgos asociados a fenómenos climáticos adversos.
La propuesta surge en medio de advertencias emitidas por algunas gremiales agrícolas, como la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO),que han manifestado preocupación sobre la viabilidad de sembrar en abril. Estas organizaciones han señalado que el riesgo de pérdidas es considerable debido a la irregularidad en la presencia de lluvias y las altas temperaturas que pueden acelerar la evaporación del agua en el suelo.
Según análisis técnicos, las lluvias para el ciclo 2026-2027 podrían iniciar durante la semana del 20 de abril, extendiéndose por aproximadamente 87 días. Sin embargo, se prevé la ocurrencia de una canícula en la tercera semana de julio, que podría prolongarse hasta agosto, afectando el desarrollo de los cultivos y poniendo en riesgo la producción.
Esta situación ha llevado a las autoridades y gremiales a enfatizar la necesidad de anticiparse a los efectos del cambio climático para evitar una posible escasez de alimentos hacia finales del año. La emergencia climática y sus impactos en la agricultura representan un reto para la seguridad alimentaria nacional, dado que los granos básicos como el maíz y el frijol constituyen la base de la dieta salvadoreña.
El ajuste en el calendario de siembra propuesto busca también mitigar el riesgo de pérdidas económicas para los pequeños y medianos productores, quienes podrían verse afectados por la falta de humedad suficiente para el establecimiento y desarrollo de sus cultivos. La aceleración de la evaporación del agua en el suelo, combinada con la irregularidad de las lluvias, hace que sembrar en fechas tradicionales pueda resultar contraproducente.
La Mesa Agropecuaria ha enfatizado que esta estrategia pretende garantizar la producción de alimentos, protegiendo a los agricultores y contribuyendo al abastecimiento nacional. La planificación oportuna y el monitoreo constante del clima serán fundamentales para alcanzar estas metas y minimizar los impactos negativos del fenómeno climático.
El sector agrícola salvadoreño, que representa un componente vital para la economía y la subsistencia de muchas familias rurales, enfrenta así un panorama complejo. La combinación de cambios climáticos inesperados y la necesidad de sostener la producción de granos básicos ha impulsado la búsqueda de soluciones adaptativas que permitan mantener la productividad y asegurar la disponibilidad alimentaria en el país.
Además, la coordinación entre gremiales, autoridades y productores será clave para implementar con éxito el nuevo calendario de siembra y responder a los desafíos que impone el clima. La información técnica y las recomendaciones emitidas por los expertos serán esenciales para que los agricultores puedan tomar decisiones informadas y oportunas.
En resumen, El Salvador prevé una producción agrícola de 23.1 millones de quintales en granos básicos para el ciclo 2026-2027, ajustando sus prácticas productivas ante la emergencia climática. Este esfuerzo busca garantizar la seguridad alimentaria y proteger la economía de miles de productores que dependen del sector agropecuario, en un contexto nacional donde la adaptación al cambio climático se vuelve cada vez más urgente.
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