El Salvador registra primera cadena perpetua por violación de una niña
La Justicia de El Salvador emitió la primera condena a cadena perpetua por el delito de violación tras una reciente reforma constitucional, informó este jueves 29 de octubre la Fiscalía General de la República (FGR), según la agencia EFE. El condenado...
La Justicia de El Salvador emitió la primera condena a cadena perpetua por el delito de violación tras una reciente reforma constitucional, informó este jueves 29 de octubre la Fiscalía General de la República (FGR), según la agencia EFE.
El condenado fue identificado como Wilmer Isaac González Hernández, declarado culpable de haber violado a una niña de 13 años en la zona oriental del país, entre febrero y junio de 2026.
De acuerdo con la investigación fiscal, González Hernández conoció a la víctima el 15 de febrero de este año y estableció contacto con ella mediante redes sociales. La institución sostuvo que aprovechó la diferencia de edad para manipularla y ganarse su confianza.
La FGR destacó que este es el primer caso juzgado a nivel nacional bajo la nueva reforma que establece prisión perpetua por delitos sexuales.
Las reformas que habilitaron la cadena perpetua
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó en marzo pasado un paquete de reformas penales que incluyó la habilitación de la cadena perpetua para menores de edad.
Estas modificaciones se aprobaron después de ratificar un cambio a la Constitución para permitir ese castigo para violadores, homicidas y terroristas, incluidos los pandilleros.

Las reformas fueron aprobadas a petición del presidente Nayib Bukele, cuando El Salvador cumplía cuatro años bajo el régimen de excepción.
La medida fue aprobada el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de los homicidios en el país, que durante años fue considerado uno de los más violentos del mundo.
El contexto del régimen de excepción
Bajo el régimen de excepción han sido encarceladas más de 96,000 personas acusadas de ser pandilleros o de tener vínculos con esos grupos.
Además, más de 500 detenidos han muerto bajo custodia de agentes del Estado, una situación que ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos.
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