El Salvador urge a Colombia a frenar red de estafas telefónicas operadas desde prisión

El Gobierno de El Salvador ha emitido una solicitud formal a las autoridades de Colombia para que implementen medidas urgentes destinadas a controlar una red criminal que opera estafas telefónicas desde una prisión colombiana y que afecta a ciudadanos de diversas naciones latinoamericanas, incluyendo a trabajadores salvadoreños.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, reveló que estas llamadas fraudulentas se originan en la cárcel de Cómbita, ubicada en el departamento colombiano de Boyacá. Las estafas están dirigidas principalmente a salvadoreños que ofrecen servicios como fontanería, electricidad y otros oficios a través de plataformas digitales y redes sociales.

Modalidad de la estafa y modus operandi

Según Villatoro, los delincuentes contactan a las víctimas mediante llamadas telefónicas y las citan en lugares poco concurridos. Posteriormente, los estafadores simulan pertenecer al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, utilizando amenazas de secuestro para exigir pagos a cambio de permitirles retirarse del lugar. Sin embargo, el ministro aclaró que este procedimiento es un engaño psicológico sin riesgo físico real.

"No hay ningún riesgo físico. No existe evidencia de personas lesionadas ni presencia real de supuestos secuestradores", afirmó Villatoro. Además, enfatizó que en El Salvador no existen cárteles de droga ni casos de secuestro relacionados con estas estafas, lo que indica que la amenaza es un mecanismo de extorsión basado en el miedo y la intimidación.

Detección y seguimiento tecnológico

El ministro informó que las autoridades salvadoreñas han identificado al menos 375 números telefónicos vinculados a esta red criminal, todos con el código internacional colombiano (+57). De estos, más de 100 teléfonos están activos dentro del centro penitenciario. La localización del origen de las llamadas fue posible gracias al apoyo tecnológico proporcionado por agencias de Estados Unidos, lo que facilitó el seguimiento y análisis de esta red.

Llamado a Colombia y respuesta institucional

En la conferencia de prensa, que contó también con la participación del fiscal general Rodolfo Delgado y el ministro de Defensa René Merino, se hizo un llamado directo al Gobierno colombiano para que realice requisas exhaustivas en la cárcel de Cómbita y controle el acceso de los reclusos a teléfonos móviles y tarjetas SIM, instrumentos clave en la operación de estas estafas.

El ministro Villatoro insistió en la necesidad de una respuesta coordinada que permita desarticular esta red criminal y proteger a los ciudadanos de El Salvador y otros países afectados.

Reacciones y preocupaciones sociales

En redes sociales, usuarios salvadoreños han expresado su preocupación ante el aumento de este tipo de estafas, destacando la sofisticación en las amenazas y el uso del miedo como herramienta para extorsionar. Algunos han solicitado mayor información y campañas de prevención para evitar que más personas sean víctimas de estos engaños.

Las autoridades nacionales reiteraron el llamado a la población para que no realice pagos ante este tipo de amenazas, denuncie cualquier intento de estafa y mantenga la calma. Se enfatizó la importancia de la denuncia como herramienta fundamental para la persecución y desarticulación de estas redes criminales.

Contexto y relevancia para El Salvador

Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de trabajadores salvadoreños que, a través de plataformas digitales, ofrecen sus servicios en el extranjero y pueden ser blanco de estafas transnacionales. La colaboración internacional en materia de seguridad y tecnología se torna indispensable para combatir estas modalidades delictivas que trascienden fronteras.

El Gobierno salvadoreño continúa reforzando sus mecanismos de protección y prevención, en coordinación con organismos internacionales, para garantizar la seguridad de sus ciudadanos tanto dentro como fuera del territorio nacional.

En suma, la denuncia pública y la solicitud formal a Colombia reflejan el compromiso de El Salvador por salvaguardar la integridad y tranquilidad de su población frente a amenazas digitales que, aunque no implican contacto físico, representan un impacto psicológico considerable y un riesgo económico para las víctimas.