Empresario dona parcelas en La Floresta mientras sigue proceso judicial por usurpación

El empresario salvadoreño Óscar Armando Góchez realizó este sábado 18 de abril un sorteo para la donación de más de 20 parcelas de tierra ubicadas en la comunidad La Floresta, en San Juan Opico, departamento de La Libertad. La entrega se desarrolló en un hotel capitalino y no incluyó a los 23 habitantes que enfrentan un proceso judicial por presunta usurpación de tierras.

La donación comprende 39 manzanas del terreno propiedad de Góchez en dicha comunidad, que han sido divididas en 117 parcelas para su asignación. Los beneficiarios deberán cubrir únicamente los costos de los servicios notariales para la escrituración ante el Centro Nacional de Registros (CNR),según explicó el empresario.

Durante el acto, Góchez enfatizó que las parcelas cuentan con las condiciones necesarias para su uso habitacional, tras la asesoría brindada por el Ministerio de Vivienda. Asimismo, se realizaron trabajos de terracería y se garantizó la factibilidad para servicios básicos como agua potable, electricidad y drenaje pluvial.

“Se han entregado las parcelas y se han entregado los contratos, que significan que ellos me hubieran comprado, pero no hemos recibido ningún dinero. Es una donación. Las personas, ya como dueñas, podrán construir. Estas parcelas tienen mucho trabajo que hemos realizado y cumplen con los requisitos solicitados por el Ministerio de Vivienda”, detalló Góchez.

Posterior a la asignación, las familias iniciaron el proceso de escrituración con el apoyo del abogado del empresario, lo que representa un avance para la legalización de sus viviendas.

Kenia Erlinda Valencia, habitante de La Floresta, manifestó que la donación representa un paso importante para asegurar la propiedad de sus hogares después de años de incertidumbre.

“Es importante esto, agradecemos que se nos haya donado la parcela y eso nos ayuda a tener algo seguro, algo ya propio para nosotros. Venimos en esta situación desde hace años y confiamos en la palabra que nos dieron de que nos harían la donación”, expresó Valencia.

Por su parte, Joni Góchez, esposa del empresario y también propietaria del terreno, reconoció que el proceso para concretar la donación enfrentó resistencia, pero finalmente se logró la entrega formal de las parcelas.

“Ha sido una lucha de tantos años con personas que se oponían a esto, pero ya pudimos hacer la entrega de la donación a estas personas”, señaló.

Proceso judicial por presunta usurpación sigue vigente

En contraste con la donación, el empresario confirmó que continúa vigente el proceso judicial en contra de 23 habitantes de La Floresta acusados por presunta usurpación de tierras. Estas personas permanecen detenidas conforme a una resolución del Tribunal Quinto de Sentencia para el Crimen Organizado.

Entre los procesados se encuentran voceros de la organización Unidad por la Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidech),que brindaba asesoría legal a los residentes. Entre ellos están Fidel Zavala, actualmente en prisión; Ivania Cruz y Rudy Joya, asilados en España, junto a otras dos personas.

Al ser consultado sobre el avance del caso, Góchez manifestó que el proceso legal debe seguir su curso y que no tienen interés personal en influir en la decisión judicial.

“Que sean los juzgados quienes decidan, no tenemos interés en esto. Ellos actuaron con violencia, el proceso continúa y la Fiscalía está recopilando pruebas. Es desgastante para nosotros”, indicó.

El empresario también lamentó que el conflicto haya derivado en detenciones y recordó que la ocupación de los terrenos fue documentada por la Policía con alrededor de 220 personas durante un fin de semana, lo que calificó como un acto violento y traumático.

“No queríamos que nadie fuera encarcelado. Para nosotros fue una ocupación violenta y traumática. La Policía documentó a unas 220 personas que llegaron ese fin de semana y ocuparon los terrenos. Eso no se vale. Dejamos que los juzgados decidan si alguien puede probar su inocencia. Nunca deseamos que nadie fuera a la cárcel”, señaló.

Estado actual del proceso judicial

El Tribunal Quinto de Sentencia para el Crimen Organizado otorgó en marzo de 2024 una segunda prórroga a la etapa de instrucción, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR). Esto implica que la audiencia podría programarse a más tardar el 13 de agosto de este año, salvo una nueva extensión.

Los acusados enfrentan cargos por delitos que incluyen usurpación de terrenos, venta ilegal de parcelas y tierras, limitación de tránsito y amenazas, entre otros.

Contexto general y relevancia para El Salvador

La situación en La Floresta refleja un fenómeno recurrente en El Salvador, donde conflictos por la propiedad y uso de tierras generan tensiones entre propietarios privados y comunidades que buscan regularizar su asentamiento. La donación realizada por el empresario busca formalizar la tenencia de la tierra para un sector de la población, mientras que el proceso judicial contra otros habitantes pone de manifiesto la complejidad de estos conflictos.

El Ministerio de Vivienda ha participado en la asesoría técnica para asegurar que las parcelas cumplan con los servicios básicos, lo que también responde a las políticas nacionales para promover el acceso a vivienda digna y segura en áreas urbanas y periurbanas.

Este caso pone en evidencia la importancia de encontrar soluciones integrales que contemplen los derechos de los propietarios y las necesidades de las comunidades, en un marco legal que garantice la seguridad jurídica y el respeto a la ley.

Mientras la donación avanza como una medida para regularizar la situación de algunas familias, el proceso judicial seguirá su curso, esperando una resolución definitiva que permita dar certeza jurídica a todas las partes involucradas.