¿En qué trabajan los salvadoreños con TPS en Estados Unidos? Estos son los rubros

A horas del plazo previsto para el TPS de El Salvador, una pregunta gana peso en el debate migratorio y económico: ¿en qué trabajan los salvadoreños protegidos por este programa en Estados Unidos?

Los datos de FWD.us y la National TPS Alliance muestran que 152,000 beneficiarios salvadoreños del Estatus de Protección Temporal ya forman parte de la fuerza laboral estadounidense. Su presencia se concentra principalmente en construcción, mantenimiento de edificios y terrenos, transporte, manufactura y servicios de alimentos.

La cifra ayuda a dimensionar el alcance del programa más allá del estatus migratorio. Según la misma fuente, 170,000 beneficiarios del TPS de El Salvador viven en Estados Unidos y aportan un estimado de $5,400 millones anuales a la economía de ese país, después del pago de impuestos. Además, pagan $1,500 millones al año en impuestos federales, estatales y locales combinados.

El plazo del 9 de septiembre de 2026 mantiene en alerta a miles de familias salvadoreñas, empleadores y comunidades donde estos trabajadores han formado parte de sectores esenciales durante años.

Construcción, mantenimiento y transporte concentran más trabajadores

La industria con mayor número de salvadoreños beneficiarios del TPS es la construcción, con 36,000 trabajadores, según la hoja informativa de FWD.us y la National TPS Alliance.

Le sigue el mantenimiento de edificios y terrenos, con 32,000 trabajadores; transporte, con 23,000; manufactura, con 18,000; y servicios de alimentos, con 12,000.

Estos sectores son parte de la vida cotidiana en Estados Unidos: construcción de viviendas y obras, limpieza y mantenimiento de espacios, traslado de bienes, producción manufacturera y atención en servicios de comida.

La fuente advierte que obligar a estos beneficiarios a dejar sus empleos podría aumentar costos para los estadounidenses en alimentos, bienes, salud y servicios críticos.

El dato es clave porque el TPS no solo protege temporalmente a personas de una deportación; también les permite trabajar legalmente. Por eso, una eventual pérdida de la protección podría impactar de forma directa en la autorización de empleo de miles de salvadoreños, si no cuentan con otra vía migratoria o laboral.

Dónde trabajan más salvadoreños con TPS

California es el estado con mayor concentración de beneficiarios salvadoreños del TPS, con 36,000 personas. Le siguen Texas, con 28,000; Maryland, con 23,000; Nueva York, con 17,000; y Virginia, con 11,000.

En California, 31,000 salvadoreños con TPS forman parte de la fuerza laboral. Entre ellos, 6,000 trabajan en transporte y 5,000 en construcción. Su aporte económico anual se estima en $1,100 millones.

Texas registra 23,000 trabajadores salvadoreños con TPS. De ese grupo, 5,000 se desempeñan en mantenimiento de edificios y terrenos, mientras 4,000 trabajan en construcción. Su contribución anual asciende a $932 millones.

Maryland también concentra una fuerza laboral importante: 20,000 salvadoreños con TPS trabajan en ese estado, incluidos 7,000 en construcción y 5,000 en mantenimiento de edificios y terrenos. Su aporte anual es de $732 millones.

En Nueva York, 15,000 beneficiarios están incorporados al mercado laboral, con 4,000 en construcción y 3,000 en mantenimiento. La contribución anual estimada es de $534 millones. En Virginia, 10,000 salvadoreños con TPS trabajan en distintos sectores, incluidos 3,000 en construcción y 1,000 en manufactura, con un aporte anual de $371 millones.

El impacto también se mide por ciudades

La presencia laboral de los salvadoreños con TPS también se refleja en economías metropolitanas. Washington, D.C. registra un aporte estimado de $965 millones anuales; Nueva York, $668 millones; Houston, $590 millones; Los Ángeles, $555 millones; y Dallas-Fort Worth, $239 millones.

Estas cifras muestran que el posible impacto de una decisión sobre el TPS no estaría limitado a una comunidad migrante. También podría sentirse en ciudades donde los beneficiarios trabajan, consumen, pagan impuestos y sostienen actividades económicas locales.

El debate ocurre mientras congresistas y organizaciones han impulsado propuestas para extender la protección de los salvadoreños con TPS. Entre ellas está la iniciativa del congresista Eugene Vindman, que busca ampliar el programa por 18 meses para 180,000 salvadoreños, según la nota previa publicada por este medio.

Más de 150,000 niños ciudadanos dependen de sus padres con TPS

El componente familiar también pesa en la discusión. FWD.us y la National TPS Alliance estiman que más de 150,000 niños ciudadanos estadounidenses dependen de las contribuciones laborales de sus padres salvadoreños con TPS.

Ese dato conecta el empleo con la estabilidad de hogares formados durante décadas en Estados Unidos. Muchas familias dependen de esos ingresos para vivienda, alimentación, educación, transporte y otros gastos básicos.

Por eso, el plazo del 9 de septiembre no solo representa una fecha migratoria. Para muchos beneficiarios, también puede marcar un punto de incertidumbre sobre su permiso de trabajo, sus ingresos y la continuidad de su vida familiar.

Qué está en juego a horas del plazo

A horas de la fecha clave, el escenario mantiene varias preguntas abiertas para los salvadoreños con TPS. El vencimiento del plazo no implica necesariamente una deportación automática para todos, pero sí puede cambiar la situación legal y laboral de quienes dependen exclusivamente de esta protección.

En términos laborales, el riesgo más inmediato está en la autorización de empleo. Si no hay una nueva extensión, una instrucción oficial o una alternativa migratoria individual, miles de trabajadores podrían enfrentar dificultades para continuar en sus puestos.

En términos económicos, los datos disponibles ubican a los salvadoreños con TPS como parte activa de sectores que mueven servicios, construcción, transporte, manufactura y alimentos en Estados Unidos. La fuente resume ese peso en 152,000 trabajadores, $5,400 millones de aporte anual y $1,500 millones en impuestos combinados.

Mientras se acerca el plazo, la pregunta ya no es solo qué ocurrirá con los beneficiarios, sino qué pasará con los lugares de trabajo, las familias y las economías locales que dependen de su presencia.