Entrarán en vigor reformas que habilitan cadena perpetua y modifican el sistema penal en El Salvador

El próximo domingo 26 de abril entrarán en vigencia las reformas legales aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que habilitan la aplicación de penas de prisión perpetua para determinados delitos. Estas modificaciones implican cambios constitucionales y legales que afectan el sistema penal, generando preocupación entre expertos en jurisprudencia sobre posibles vulneraciones al debido proceso y garantías fundamentales de los acusados.

Modificaciones legales y alcance de la cadena perpetua

Para implementar la prisión perpetua, los diputados reformaron el artículo 27 de la Constitución de la República y realizaron ajustes a seis leyes, entre las que destacan el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Penal Juvenil. Estas reformas establecen un catálogo de siete delitos considerados de extrema gravedad, que, de comprobarse la culpabilidad, podrán ser sancionados con prisión de por vida.

Los delitos señalados incluyen homicidio simple y agravado, feminicidio simple y agravado, violación, violación en menor o incapaz, así como la pertenencia a organizaciones terroristas, término con el que la legislación denomina a las pandillas. Esta última categoría abarca a miembros activos, cabecillas, financistas y funcionarios que colaboren con estas estructuras.

La creación de los Juzgados de lo Criminal, con competencia exclusiva para procesar estos casos, establece un procedimiento especial que elimina la posibilidad de medidas alternas a la detención provisional y declara que la acción penal para estos delitos no prescribe.

Proceso judicial bajo el nuevo esquema

El proceso penal contempla que la Fiscalía General de la República dispone de un plazo inicial de 12 meses para presentar la acusación, prorrogable por otros 12 meses. Una vez recibida la acusación, el juez debe celebrar la audiencia de apertura a juicio en un plazo no mayor a 30 días. Los mismos jueces de lo criminal serán responsables de la ejecución de la pena y de realizar las revisiones correspondientes.

Revisión y posible libertad controlada

La legislación prevé la posibilidad de revisión de la pena perpetua para optar a un régimen de libertad controlada, aunque con plazos que especialistas consideran prolongados y equivalentes a penas vitalicias en la práctica. En el caso de menores de edad, la revisión es obligatoria tras cumplir 25 años de prisión. Para adultos, la revisión puede realizarse después de 30 años por un solo delito, 35 años si hay concurso de delitos y hasta 40 años en presencia de agravantes calificadas de extrema gravedad.

Para que el juez otorgue la libertad controlada, debe existir un informe favorable del Consejo Criminológico Regional que evalúe la evolución del interno, su baja peligrosidad y su pronóstico real de reinserción social. No obstante, la revisión solo habilita una audiencia donde el juez puede negar la libertad, por lo que no existe garantía de que se otorgue el beneficio.

En 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que cuestionó la compatibilidad de revisiones tan prolongadas con tratados internacionales, especialmente cuando se aplican a menores de edad.

Procedimiento abreviado y reducción de plazos

La reforma también contempla que, si el acusado confiesa su culpabilidad y acuerda un procedimiento abreviado con la Fiscalía, la revisión de la pena perpetua podría realizarse tras cumplir la mitad del plazo ordinario. Por ejemplo, podría pasar de 30 a 15 años.

Además, con la autorización expresa del fiscal general, el plazo para la primera revisión puede reducirse excepcionalmente a un mínimo de 10 años. Esta figura representa una vía para acortar el tiempo efectivo de encarcelamiento, incluso para aquellos condenados a perpetuidad.

Sin embargo, abogados consultados advierten que estas disposiciones no deberían aplicarse retroactivamente a personas detenidas bajo el régimen de excepción vigente, ya que la ley no puede aplicarse de forma retroactiva para agravar situaciones legales previas.

Preocupaciones sobre el impacto en el debido proceso

Especialistas en derecho penal y derechos humanos han expresado inquietudes respecto a la implementación de estas reformas. Se señala que la concentración de decisiones en los nuevos juzgados y tribunales especializados en crimen organizado introduce un sistema penal más rígido, con la eliminación de medidas alternas a la prisión y la posibilidad de detención por tiempo indefinido.

En este contexto, preocupa la potencial afectación al principio de presunción de inocencia y a la garantía del debido proceso, especialmente considerando antecedentes recientes de detenciones masivas sin pruebas sólidas y dificultades para acceder a una defensa efectiva.

Asimismo, organismos nacionales e internacionales han manifestado críticas particularmente sobre la aplicación de la cadena perpetua a menores de edad desde los 12 años, señalando incompatibilidades con estándares internacionales de derechos humanos.

La nueva normativa también ha sido objeto de debate por la denominación legal de pandillas como "organizaciones terroristas", lo que amplía el alcance penal a quienes sean considerados partícipes o colaboradores, sin distinción clara sobre la responsabilidad individual, lo que podría derivar en imputaciones basadas en pruebas insuficientes.

Contexto y consideraciones finales

Estas reformas se producen en un momento en que El Salvador mantiene un enfoque de seguridad pública intensivo, con un régimen de excepción vigente desde 2022 que ha permitido detenciones masivas para combatir la violencia de pandillas. El sistema judicial y penal se encuentra en proceso de adaptación a este nuevo marco normativo, que busca endurecer las sanciones para delitos graves pero enfrenta críticas sobre posibles retrocesos en derechos fundamentales.

La entrada en vigor de estas reformas representa un cambio significativo en la política criminal del país y plantea desafíos relevantes para el equilibrio entre seguridad pública y respeto a los derechos humanos, así como para la administración de justicia en El Salvador.