España impulsa un plan histórico para regularizar a más de 500,000 migrantes en situación irregular

El gobierno de España ha dado un paso significativo con la aprobación de un decreto que permitirá la regularización extraordinaria de personas extranjeras que se encuentran en situación irregular dentro del territorio nacional. Esta medida, anunciada recientemente, es considerada por las autoridades como un hito histórico en la política migratoria del país.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacó que esta iniciativa responde a la necesidad de adecuar la normativa vigente a la realidad social actual. Según sus declaraciones, el objetivo principal es reconocer, dignificar y brindar garantías, oportunidades y derechos a quienes ya forman parte de la sociedad española, eliminando las trabas burocráticas que han dificultado la integración de estas personas durante años.

Beneficiarios y requisitos para la regularización

El plan está dirigido a personas extranjeras que residen en España en situación irregular o que sean solicitantes de asilo, siempre y cuando acrediten haber estado en el país o haber iniciado procesos de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que su permanencia supere los cinco meses.

Para demostrar la residencia, los solicitantes podrán presentar una amplia variedad de documentos públicos o privados, incluyendo empadronamientos, contratos de alquiler, informes médicos o certificados de asistencia a recursos sociales. Una novedad importante es la posibilidad de acreditar la estancia mediante justificantes de envío de remesas, una alternativa que responde a demandas de diversas organizaciones sociales debido a las dificultades que enfrentan las personas en situación irregular para acceder a registros oficiales.

Otro requisito indispensable es la ausencia de antecedentes penales y que la persona no represente una amenaza para el orden público.

Procedimiento y garantías

El plazo para presentar las solicitudes comenzará a principios de abril y se extenderá hasta finales de junio. Durante este proceso, se suspenderán todos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión relacionadas con motivos administrativos o por trabajar sin permiso, garantizando que los solicitantes no sean deportados mientras se resuelve su caso.

Una vez aceptada la solicitud, se otorgará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria. La ministra aseguró que, tras la admisión a trámite —que se realizará en un máximo de 15 días— los solicitantes podrán empezar a trabajar desde el primer día, en cualquier sector y región del país.

Este proceso ofrece beneficios tanto para los trabajadores, que verán ampliados sus derechos, como para las empresas, que obtendrán mayor seguridad jurídica.

Finalmente, aquellas personas que obtengan una resolución favorable recibirán una autorización de residencia por un año, con opción a solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería al término de este periodo. Además, la medida contempla la integración familiar, permitiendo que los hijos e hijas de los solicitantes accedan a permisos de residencia por cinco años.

Contexto político y social

Esta medida se tramita mediante un Real Decreto, lo que permite su aprobación directa por parte del Ejecutivo sin necesidad de pasar por el Congreso, un escenario donde el gobierno y sus socios enfrentan oposición de partidos como el Partido Popular (PP) y Vox. La iniciativa retoma una propuesta legislativa popular respaldada por más de 600,000 firmas y que había quedado bloqueada en el Congreso debido a la falta de consenso.

La regularización ha contado con el apoyo de un amplio espectro de organizaciones, desde entidades religiosas como la Conferencia Episcopal hasta asociaciones anarquistas y colectivos empresariales, reflejando un consenso social sobre la importancia de abordar esta problemática.

En contraste, el Partido Popular ha criticado la medida, argumentando que las regularizaciones masivas son ilegales y que deben realizarse caso por caso. Vox, por su parte, anunció que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo, calificando la iniciativa de un atentado a la identidad nacional y un incentivo para el fenómeno conocido como “efecto llamada”.

En declaraciones recientes, el presidente de la Conferencia Episcopal de España calificó la medida como una buena noticia que reconoce la dignidad de los inmigrantes y aporta al bien común.

Antecedentes históricos de regularizaciones en España

Esta iniciativa representa la primera regularización masiva implementada durante los gobiernos del presidente Pedro Sánchez, en el poder desde 2018. Sin embargo, la práctica de regularizar a migrantes en España cuenta con precedentes significativos en gobiernos anteriores.

La última gran regularización antes de la actual se llevó a cabo en 2005, durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, beneficiando a más de 570,000 personas. En períodos anteriores, bajo el gobierno de José María Aznar, se desarrollaron tres procesos de regularización en 1996, 2000 y 2001, que en conjunto favorecieron a más de 520,000 personas. Las primeras regularizaciones se remontan a la época del gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).

Implicaciones para El Salvador y la región

España es un destino importante para migrantes y refugiados provenientes de América Latina, incluyendo El Salvador. La implementación de este decreto podría beneficiar a salvadoreños que residen en situación irregular en España, otorgándoles la posibilidad de regularizar su estatus, acceder a derechos laborales y sociales, y facilitar su integración.

Este tipo de medidas también puede tener un impacto indirecto en la dinámica migratoria regional, ofreciendo un ejemplo de políticas migratorias que buscan equilibrar control y derechos humanos en el contexto europeo.

Próximos pasos

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros mediante tramitación urgente, el decreto será sometido a audiencia pública y a informes de distintos ministerios. Posteriormente será revisado por el Consejo de Estado antes de su retorno al Consejo de Ministros para su promulgación definitiva.

Este proceso administrativo complementa la rapidez con la que el gobierno español busca implementar una política que ha generado un amplio debate político y social, pero que también responde a demandas históricas de regularización y protección de los derechos de las personas migrantes en el país.