Estados Unidos implementa orden ejecutiva para mitigar riesgos en remesas y sistema financiero

El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, emitió el martes 19 de mayo una orden ejecutiva orientada a fortalecer la seguridad y estabilidad del sistema financiero estadounidense. Esta medida contiene disposiciones específicas que afectan las remesas, con el objetivo de mitigar riesgos asociados a actividades financieras ilícitas transfronterizas.

En un extracto del documento oficial, se establece que la administración no tolerará riesgos para la seguridad nacional y pública derivados de actividades financieras ilegales que involucren transferencias transfronterizas. Además, se prohíbe la concesión de crédito o servicios financieros a personas extranjeras inadmisibles, sujetas a deportación, que puedan representar una amenaza para el sistema financiero del país.

Preocupación por actividades ilícitas vinculadas a remesas

El texto de la orden ejecutiva señala que las transferencias internacionales de fondos de bajo monto han sido utilizadas para facilitar o cometer delitos graves como financiamiento del terrorismo, narcotráfico y trata de personas. Se identifica, además, que el análisis de tendencias financieras ha detectado centros de actividad financiera relacionada con la distribución de fentanilo en Estados Unidos, vinculados a cárteles con sede en México.

Estos hallazgos subrayan la importancia de implementar medidas de control más estrictas en el manejo de remesas y transferencias internacionales para prevenir la utilización del sistema financiero con fines ilícitos.

Medidas para proteger contra fraude y abuso

En lo que respecta a la protección contra fraudes y abusos, la orden ejecutiva establece que, dentro de los 60 días posteriores a su emisión, el Secretario del Tesoro deberá emitir una advertencia formal a las instituciones financieras. Esta advertencia estará dirigida a alertar sobre los riesgos que conlleva la explotación del sistema financiero estadounidense por parte de personas no autorizadas para trabajar en el país y sus empleadores.

Entre las señales de alerta que se consideran sospechosas se incluyen:

• Patrones evidentes de evasión de impuestos sobre la nómina por parte de empleadores o intermediarios laborales, incluyendo la omisión sistemática de retener o remitir impuestos federales correspondientes a personas no autorizadas para trabajar.
• Uso de documentos de identidad extranjeros, cuentas ficticias, empresas fantasma o complejas estructuras financieras diseñadas para ocultar la identidad de los beneficiarios finales o la naturaleza real de los pagos de nómina.
• Empleo estratégico de empresas de servicios monetarios no registradas, procesadores de pagos de terceros o plataformas de pagos entre pares, utilizadas para facilitar pagos de salarios "extraoficiales" con el propósito de evadir umbrales de declaración conforme a la Ley de Secreto Bancario y obligaciones fiscales.
• Patrones repetitivos de retiros o depósitos en efectivo por debajo de los límites establecidos, correlacionados con ciclos de nómina fuera de sistemas regulados, práctica conocida como “estructuración y microestructuración”.
• Uso del Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) para obtener productos de crédito o abrir cuentas bancarias cuando el solicitante no posee estatus migratorio legal verificado.

La orden aclara que, aunque el ITIN facilita el cumplimiento tributario, su uso en lugar de un número de Seguro Social o una visa válida puede considerarse un factor de riesgo que amerita una diligencia reforzada para prevenir el empleo ilegal de extranjeros no autorizados.

Revisión y fortalecimiento regulatorio

La orden ejecutiva establece además que, dentro de los 90 días posteriores a su emisión, el Secretario del Tesoro, en consulta con los reguladores financieros federales correspondientes, deberá proponer modificaciones a las regulaciones que implementan la Ley de Secreto Bancario. Estas modificaciones apuntarán a fortalecer los requisitos de debida diligencia basados en riesgos para las instituciones financieras cubiertas.

Este conjunto de medidas forma parte de un esfuerzo integral para mejorar la supervisión y regulación del sistema financiero estadounidense, previniendo su uso indebido para actividades ilegales y protegiendo la integridad de las remesas y otras transacciones internacionales.

Implicaciones para El Salvador y la región

Para El Salvador, país que depende significativamente de las remesas enviadas por su diáspora en Estados Unidos, estas medidas podrían tener un impacto considerable. Las remesas constituyen una fuente vital de ingresos para muchas familias salvadoreñas y representan una parte importante del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Por lo tanto, cualquier cambio en las regulaciones financieras estadounidenses que afecte la facilidad o el costo de las transferencias internacionales podría repercutir en la economía familiar y nacional. Es probable que las instituciones financieras internacionales y las casas de cambio deban adaptar sus protocolos para cumplir con las nuevas exigencias de debida diligencia y prevención de riesgos.

Además, esta orden ejecutiva refleja el creciente enfoque de Estados Unidos en combatir las redes criminales transnacionales que operan en la región, especialmente aquellas relacionadas con el narcotráfico y otros delitos graves. Esto podría traducirse en un incremento en la cooperación bilateral y regional para fortalecer la seguridad financiera y migratoria.

Conclusión

La orden ejecutiva emitida por la administración estadounidense representa un paso significativo en la regulación del sistema financiero, con especial énfasis en las remesas y la prevención de actividades ilícitas. Si bien busca proteger la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero, también introduce nuevos desafíos para las comunidades migrantes y los países receptores de remesas, como El Salvador.

El seguimiento a la implementación de estas medidas y la adaptación de las instituciones financieras serán cruciales para garantizar que las remesas sigan siendo un recurso confiable y seguro para millones de familias, al tiempo que se combaten eficazmente las amenazas financieras y criminales transfronterizas.