Estudio actuarial revela rentabilidad del fondo de pensiones en El Salvador a diciembre de 2024

La rentabilidad promedio de los fondos de pensiones en El Salvador alcanzó un 6.35% anualizado a diciembre de 2024, según un estudio actuarial elaborado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este análisis servirá como base para la reforma del sistema de pensiones que el gobierno tiene previsto presentar próximamente.

El informe detalla que el fondo administrado por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) CONFIA registró una rentabilidad anualizada de 6.37%, mientras que el fondo gestionado por AFP Crecer obtuvo un rendimiento del 6.34%. Estas cifras reflejan la ganancia que los ahorros de los trabajadores generan al ser invertidos en distintos instrumentos financieros, aspecto fundamental para incrementar el monto acumulado en las cuentas individuales y asegurar mejores pensiones al momento de la jubilación.

Importancia de la rentabilidad para las pensiones

La rentabilidad es un factor determinante para que el ahorro previsional crezca a lo largo del tiempo. Según información del repositorio de la Fundación Manuel Ungo (FUNDAUNGO),una baja rentabilidad limita la capacidad del sistema para mejorar los montos de pensión que reciben los cotizantes al momento de retirarse.

Idealmente, los fondos deberían diversificarse en varios instrumentos financieros que permitan obtener ganancias constantes y seguras para los afiliados. Sin embargo, desde 2006, más del 73% de los aproximadamente $16,000 millones ahorrados —cerca de $11,676 millones— han sido prestados al Estado a través de distintas emisiones de deuda, incluyendo Certificados de Inversión Previsional (CIP) y Certificados de Obligación Previsional (COP),entre otros.

Histórico de rentabilidad y vínculo con el Estado

Un análisis académico de la Universidad de El Salvador expone que la rentabilidad nominal del fondo comenzó en 1999 con tasas elevadas del 12%, pero experimentó un descenso significativo hasta ubicarse en 5% en 2002 y 3% en 2008. La rentabilidad real, que considera la inflación, cayó de un 14% en 1999 a solo 3% en 2002, llegando a valores negativos en 2008 debido a la crisis financiera global. Esta situación se repitió en 2011, influenciada por la inflación y la limitada oferta de inversiones rentables.

La fuerte dependencia de los fondos de pensiones en los instrumentos financieros emitidos por el gobierno ha condicionado en gran medida la rentabilidad obtenida. Entre 2008 y 2016, las tasas pagadas por el Estado fueron inferiores al 2%, lo que ha impactado negativamente en las cuentas individuales de los trabajadores.

Marco legal y tasas de interés aplicadas

La Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP),vigente desde 2006, establecía que los CIP debían pagar una tasa de interés equivalente a la London Interbank Offered Rate (LIBOR) a 180 días más una sobretasa de 0.75%. En ese momento, la LIBOR rondaba el 5.27%. Sin embargo, tras la crisis económica de 2008, esta tasa alcanzó mínimos históricos cercanos al 0.50%, afectando el rendimiento que recibían los ahorrantes.

Entre 2014 y 2016, tras una demanda de inconstitucionalidad presentada por sectores de trabajadores, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el esquema vigente sobre tasas de interés pagadas al fondo. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que ajustó las tasas a un promedio de los depósitos a plazo de 360 días publicados por el Banco Central de Reserva (BCR),más una sobretasa de 0.25%. El pago de esta rentabilidad se estableció de forma gradual, con un máximo de 5.5% en 2019, condicionado a la capacidad de pago del Estado.

Impacto fiscal y perspectivas para la reforma

Como parte del acuerdo alcanzado en la reforma de 2022, el gobierno deberá pagar en 2027 una tasa de interés del 7% sobre la deuda asociada a los fondos de pensiones. Este incremento beneficiará directamente a los ahorrantes, al mejorar la rentabilidad de sus cuentas, aunque también representará una mayor presión fiscal para las finanzas públicas.

La próxima reforma previsional, que está en proceso de elaboración, deberá considerar estos factores para garantizar la sostenibilidad del sistema y el cumplimiento de los compromisos de pago. Existen dudas en algunos sectores respecto a si el gobierno podrá mantener este acuerdo en el futuro, dada la complejidad fiscal que implica.

Retos para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad

El economista Rafael Lemus señala que la baja rentabilidad registrada durante más de seis años refleja la realidad del sistema y no pudo ser valorada de otra manera, ocasionando pérdidas para los cotizantes. Este fenómeno evidencia la necesidad de diversificar las inversiones y buscar mecanismos que permitan mejores rendimientos para los trabajadores.

Actualmente, la tasa efectiva que reciben los cotizantes por prestar su dinero al Estado se estima en un promedio cercano al 4%, inferior a la rentabilidad promedio reportada en el estudio actuarial. Esto indica que, aunque la rentabilidad promedio sea superior, la distribución y percepción real entre los afiliados puede ser desigual.

El desafío para el sistema de pensiones salvadoreño radica en equilibrar la rentabilidad, la seguridad financiera y la sostenibilidad fiscal, especialmente en un contexto económico global incierto y con limitaciones en la oferta de instrumentos de inversión.

Conclusión

El estudio actuarial presentado por la Superintendencia del Sistema Financiero y el Fondo Monetario Internacional ofrece un panorama detallado sobre la rentabilidad del fondo de pensiones en El Salvador, con un rendimiento promedio de 6.35% a diciembre de 2024. Este análisis se convierte en un insumo fundamental para la reforma previsional que el país deberá implementar para mejorar las condiciones de jubilación de los trabajadores.

El vínculo histórico del fondo con la deuda pública, las tasas de interés pagadas por el Estado y las condiciones económicas nacionales e internacionales han influido en la rentabilidad y en la calidad de las pensiones. La próxima reforma deberá atender estos aspectos para garantizar un sistema justo, viable y que responda a las expectativas de los cotizantes salvadoreños.