Exdiputado Guillermo Mata Bennet solicita apartar a magistradas en caso por supuesto enriquecimiento ilícito

El exdiputado Guillermo Mata Bennet interpuso el 29 de enero de 2026 una solicitud formal para recusar a dos magistradas que integran la Cámara Ambiental de Santa Tecla, instancia judicial que conoce el proceso en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. La petición fue presentada en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, donde Mata Bennet acudió acompañado de su abogado defensor, con el argumento de que las funcionarias han incurrido en actos que evidencian una falta de imparcialidad en el caso.

La defensa de Mata Bennet sostiene que durante la tramitación del proceso se han presentado irregularidades que comprometen el derecho al debido proceso. En particular, el abogado Romeo Pineda denunció que se han hecho advertencias de carácter amenazante hacia los abogados que en primera instancia representaban a Mata Bennet, señalándolos de supuestos actos dilatorios y amenazándolos con cárcel si persistían en sus actuaciones. Según Pineda, estas medidas han sido injustificadas, dado que las acciones emprendidas se enmarcan en recursos legales contemplados en la normativa vigente.

Antecedentes del caso

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la acusación contra Mata Bennet por supuestas irregularidades detectadas en la declaración patrimonial de él y su familia durante los periodos en que desempeñó el cargo de diputado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN),entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2018.

Conforme a la acusación formulada a mediados de 2024, se le imputan inconsistencias en su declaración patrimonial por un monto de $13,270. Además, la FGR reclama a sus hijos, Guillermo Eduardo Mata Mayorga y Jorge Alberto Mata Mayorga, cantidades de $251,685.80 y $6,358.85, respectivamente, por supuestas irregularidades similares.

Argumentos de la defensa

El exparlamentario ha manifestado que el proceso judicial está marcado por irregularidades y violaciones al debido proceso desde la audiencia probatoria. Mata Bennet afirmó que las magistradas encargadas han demostrado parcialidad, lo que imposibilita un juicio justo y equilibrado.

Uno de los puntos controvertidos señalados es el peritaje presentado durante el proceso, que según la defensa fue entregado fuera de plazo y elaborado con la colaboración de la misma Cámara Ambiental, supuestamente sin la participación ni conocimiento de las partes involucradas. Esta situación, según Mata Bennet, afecta la transparencia y legalidad del procedimiento.

Por estos motivos, la defensa solicitó a la Sala de lo Civil que ordene la separación de dichas magistradas del caso para garantizar un juicio imparcial y conforme a derecho.

Contexto judicial y político en El Salvador

Este caso se desarrolla en un contexto donde el sistema judicial salvadoreño ha sido objeto de escrutinio tanto nacional como internacional, en especial en procesos vinculados a figuras políticas. El señalamiento de parcialidad y violaciones al debido proceso en casos de naturaleza política genera preocupación sobre la independencia judicial y la garantía de derechos fundamentales.

En El Salvador, la Cámara Ambiental de Santa Tecla es una instancia especializada que, además de conocer asuntos ambientales, ha asumido competencia en casos relacionados con delitos patrimoniales y administrativos, lo que refleja la complejidad y diversidad de funciones del sistema judicial salvadoreño.

Próximos pasos en el proceso

Tras la presentación de la solicitud de recusación, corresponderá a la Sala de lo Civil evaluar los argumentos expuestos por la defensa de Mata Bennet y determinar si procede la separación de las magistradas señaladas. Esta decisión será clave para el desarrollo del proceso y la percepción de justicia en un caso que ha generado atención pública debido a su naturaleza y a las personas involucradas.

Por su parte, la Fiscalía General de la República continúa con la investigación y procedimiento judicial en contra del exdiputado, sustentando su acusación en los reportes patrimoniales y peritajes realizados durante el proceso.

Este caso ejemplifica los retos que enfrenta el sistema judicial salvadoreño para garantizar procesos transparentes, imparciales y respetuosos de los derechos de todas las partes, especialmente en causas que involucran a exfuncionarios públicos y posibles delitos relacionados con la administración pública.