
Exigen investigación independiente tras herida de salvadoreño por agentes del ICE en California
Un congresista estadounidense solicita una investigación independiente tras el incidente donde un salvadoreño fue herido por agentes del ICE en California. Su abogado niega que intentara atropellar a los oficiales y critica las afirmaciones oficiales.
El pasado 8 de abril, el congresista demócrata Josh Harder, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, solicitó una "investigación completa e independiente" sobre el caso en que resultó herido de bala el salvadoreño Carlos Iván Mendoza Hernández, tras un operativo realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Patterson, California.
El incidente ocurrió durante un control migratorio en una carretera, donde Mendoza Hernández fue baleado por agentes federales. Según versiones oficiales, el salvadoreño habría intentado atropellar a los agentes, lo que motivó el uso de la fuerza. Sin embargo, el video disponible no muestra claramente la secuencia completa de los hechos y el abogado defensor de Mendoza Hernández niega categóricamente que su cliente haya intentado arrollar a los funcionarios.
Demandan transparencia y rendición de cuentas a ICE
El congresista Harder expresó su preocupación ante lo que considera una falta recurrente de transparencia por parte del ICE. "Es necesario que se lleve a cabo una investigación completa e independiente de inmediato, porque sabemos que, una y otra vez, el ICE se ha negado a rendir cuentas de forma básica, y es hora de poner fin al caos", declaró el legislador, en declaraciones difundidas por medios de California.
Harder también señaló que la confianza de la comunidad estadounidense en el ICE está en "su punto más bajo" y que "la gente no va a creer nada de lo que les diga el ICE". Estas palabras responden a un comunicado de la institución en el que se aseguró que Mendoza Hernández posee antecedentes delictivos en El Salvador y que los agentes actuaron en defensa propia.
Rechazo a acusaciones sobre antecedentes penales
El abogado Patrick Kolasinski, representante legal de Mendoza Hernández y su familia, ofreció una conferencia de prensa pocas horas después del incidente para aclarar la situación legal de su defendido. Kolasinski afirmó que, si bien su cliente ha sido detenido por infracciones menores de tránsito en Estados Unidos, no cuenta con antecedentes penales en ese país ni está sujeto a órdenes de arresto vigentes en El Salvador.
Enfatizó que Mendoza Hernández fue absuelto de un cargo por asesinato en El Salvador y que, tras su absolución, no hubo medidas legales adicionales en su contra. "Si lo liberaron tras ser absuelto, sin ninguna otra medida en su contra, no puede tener una orden judicial", indicó el abogado. Por ello, calificó como errónea o inventada la información proporcionada por las autoridades migratorias.
Un documento judicial salvadoreño fechado el 25 de octubre de 2019 confirma que Mendoza, entonces de 29 años, fue absuelto y liberado de una acusación por asesinato. El mismo documento menciona a otras personas condenadas por delitos graves y señala la vinculación de al menos un condenado con la pandilla Barrio 18, pero no hace referencia a ninguna relación del salvadoreño con pandillas ni actividades ilícitas.
Testimonio familiar y contexto migratorio
La prometida de Mendoza Hernández, identificada únicamente como Cindy por razones de seguridad, calificó a su pareja como "un buen tipo" y "una persona trabajadora". Cindy manifestó a El Oficial que la política migratoria implementada durante el gobierno anterior ha afectado negativamente a muchas familias y señaló que Mendoza fue detenido recientemente por una infracción menor relacionada con un parabrisas agrietado en otra localidad.
Análisis de las imágenes del incidente
El medio KCRA-TV obtuvo imágenes captadas por una cámara de tablero, las cuales muestran a tres agentes del ICE alrededor de un vehículo detenido en el costado de una carretera. En el video se observa a uno de los agentes tocando la ventanilla del conductor cuando el automóvil comienza a retroceder, golpeando otro vehículo que estaba detrás. Al menos dos agentes desenfundan sus armas y apuntan hacia el vehículo.
Posteriormente, el conductor avanza hacia los agentes y realiza un giro brusco, pasando por encima del separador central de la vía. El video carece de sonido, por lo que no es posible determinar el momento exacto en que se efectuaron los disparos o si hubo advertencias verbales previas.
El abogado defensor señaló que, según su interpretación, Mendoza hizo "todo lo que pudo para no atropellarlos" y que probablemente entró en pánico, intentando huir de la situación.
Estado de salud y respuesta oficial
Tras el incidente, Mendoza Hernández fue hospitalizado y, hasta el 8 de abril, su condición médica permanecía desconocida para su familia y abogado. A través de una trabajadora social, se informó que su estado es estable. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que los agentes del ICE actuaron conforme a su entrenamiento durante el operativo.
La familia y su representación legal continúan solicitando acceso para visitar a Mendoza y obtener más detalles sobre su estado, mientras esperan que se realice una investigación transparente que esclarezca los hechos y garantice justicia.
Contexto sobre políticas migratorias y derechos humanos
Este caso se enmarca en una época de intensificación de las políticas migratorias en Estados Unidos, que han generado preocupación entre diversos sectores por posibles abusos y violaciones a los derechos humanos. El Salvador, como país con un significativo número de ciudadanos migrantes en Estados Unidos, observa con atención la forma en que se llevan a cabo estos operativos y la protección que reciben sus connacionales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado la necesidad de que los procesos sean transparentes, que se respeten las garantías procesales y que se protejan los derechos fundamentales de las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio.
El desarrollo de esta investigación será clave para determinar responsabilidades y fortalecer la confianza entre las comunidades migrantes y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
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