Expertos alertan sobre debilidades en control del financiamiento electoral y riesgo de economías ilícitas en El Salvador

El financiamiento electoral en El Salvador enfrenta actualmente retos significativos que, según especialistas y organizaciones civiles, abren la puerta a la influencia de economías ilícitas en los procesos políticos nacionales. La combinación de controles débiles, opacidad en la rendición de cuentas y limitaciones institucionales ha generado un contexto propicio para que actores vinculados a estructuras criminales incidan en la política a través del manejo de recursos con origen dudoso.

Contexto y casos emblemáticos en El Salvador

Los vínculos entre política y estructuras criminales en el país han sido documentados en procesos judiciales y análisis periodísticos que exponen cómo el financiamiento electoral puede servir como vehículo para actividades ilícitas. Un caso emblemático es el del exdiputado y excandidato presidencial Norman Quijano, condenado por negociar apoyo electoral con pandillas a cambio de beneficios en el sistema penitenciario y otras concesiones. Este episodio ilustra mecanismos en los cuales grupos criminales buscan incidir en elecciones mediante acuerdos con actores políticos.

Además del financiamiento, las pandillas ejercen control territorial que influye en la capacidad de movilización de votantes, particularmente en municipios donde su presencia es fuerte. Esta combinación les permite restringir el proselitismo de ciertos partidos y favorecer candidaturas específicas, afectando la competencia democrática a nivel local.

Impacto de la eliminación de la deuda política

En 2025, la Asamblea Legislativa eliminó la llamada deuda política, un mecanismo que proveía financiamiento público a partidos en función de sus resultados electorales. Esta decisión ha generado un cambio sustancial en la forma en que los partidos financian sus actividades, obligándolos a depender casi exclusivamente de aportes privados para sostener campañas, estructuras territoriales y funcionamiento general.

Una fuente del Tribunal Supremo Electoral (TSE),que solicitó anonimato por razones de seguridad, advirtió que esta situación incrementa los riesgos asociados al financiamiento. “La única posibilidad de financiamiento es el privado”, señaló, refiriéndose a la necesidad de los partidos de buscar donantes sin mecanismos públicos alternativos robustos.

Limitaciones en la fiscalización y transparencia

A pesar de que la legislación electoral establece ciertas obligaciones, como llevar contabilidad formal, presentar informes financieros y someterse a fiscalización por parte del TSE, estos mecanismos no garantizan la protección frente al ingreso de recursos ilícitos. La fuente del TSE indicó que “siempre existe la probabilidad de que los partidos sean permeados por dinero ilegal”.

La misma fuente destacó que los partidos políticos suelen mostrar reticencia para transparentar el origen de sus recursos, lo que limita el acceso ciudadano a información detallada sobre sus finanzas. Esta situación se agrava por las limitaciones del TSE, que carece de la capacidad técnica, financiera y, en ocasiones, de la voluntad para ejercer un control efectivo.

La organización Acción Ciudadana ha manifestado preocupaciones similares, señalando que aunque el marco normativo otorga facultades de auditoría al TSE, la fiscalización depende en gran medida de la información voluntaria proporcionada por los partidos. Además, existen vacíos legales que permiten ocultar el origen de los fondos, especialmente porque los candidatos no están sujetos a los mismos niveles de control que los partidos políticos.

Adicionalmente, el uso de nuevas tecnologías como las criptomonedas complica aún más el rastreo de recursos, ampliando las posibilidades de financiamiento no transparente.

Dinámicas estructurales y riesgos para la democracia

Analistas políticos coinciden en que estas condiciones responden a dinámicas estructurales donde las economías ilícitas encuentran en la política un canal para expandir su influencia. El financiamiento de campañas, además de ser una necesidad para los partidos, se convierte en una vía para que el crimen organizado acceda a poder e incidencia en decisiones públicas.

Históricamente, en El Salvador ha existido articulación entre actores políticos, empresariales y estructuras criminales, facilitando la movilización de recursos de origen dudoso en procesos electorales. La influencia de pandillas no se limita al financiamiento, sino que incluye control territorial que permite incidir en los resultados electorales, especialmente a nivel municipal.

Estos escenarios se ven favorecidos por la opacidad y debilidad institucional. Expertos advierten que economías ilícitas se expanden en contextos de menor fortaleza estatal y corrupción, lo que puede derivar en formas más profundas de infiltración en el Estado. Esto incluye la captura de instituciones, influencia en políticas públicas y reformas que benefician intereses ilegales, así como la garantía de impunidad y afectación al funcionamiento de órganos supervisores.

Recomendaciones para fortalecer el sistema

Para mitigar estos riesgos, especialistas y organizaciones civiles subrayan la necesidad de fortalecer la fiscalización del financiamiento político, garantizar la transparencia y mejorar las capacidades técnicas y financieras del Tribunal Supremo Electoral. Sin controles efectivos ni acceso adecuado a la información, la competencia electoral se distorsiona y aumenta la probabilidad de ingreso de recursos ilícitos.

Asimismo, la falta de transparencia limita la capacidad de la sociedad civil y otros actores externos para ejercer contraloría y detectar irregularidades, lo que dificulta la rendición de cuentas y el fortalecimiento democrático.

En conclusión, el desafío para El Salvador radica en implementar reformas y mecanismos que reduzcan la influencia de economías ilícitas en la política, asegurando procesos electorales limpios, institucionalidad robusta y un entorno político donde la competencia se base en la transparencia y legalidad.