Expertos destacan que nuevo instituto busca mejorar la investigación fiscal en El Salvador

El Ministerio de Educación de El Salvador, siguiendo directrices de la Presidencia de la República, ha presentado ante la Asamblea Legislativa una propuesta para la creación de un instituto especializado de educación superior destinado a la capacitación de fiscales. Esta iniciativa busca atender las deficiencias actuales en la investigación científica del delito que enfrenta el Ministerio Público, según coinciden expertos en fiscalización, contraloría y derecho penal consultados.

Los especialistas advierten que la Fiscalía General de la República (FGR) opera con limitados recursos económicos y tecnológicos, lo cual afecta su capacidad investigativa, además de la alta carga procesal que deben manejar los fiscales auxiliares. Esta situación se refleja en la escasez de pruebas contundentes en casos relacionados con el régimen de excepción vigente en el país.

Diagnóstico de la actual situación fiscal

Organizaciones como Acción Ciudadana señalan que uno de los principales puntos débiles de la Fiscalía es la dependencia excesiva de pruebas testimoniales, relegando la utilización de pruebas documentales y periciales que podrían respaldar mejor los procesos judiciales. La organización enfatiza la necesidad de profesionalizar a los fiscales y al personal involucrado en la investigación científica del delito para superar estas limitaciones.

En este sentido, se destaca la importancia de dotar a la Fiscalía con los recursos tecnológicos y financieros que permitan implementar una investigación científica rigurosa. La política criminal estatal, según estas observaciones, se ha centrado más en la represión que en una investigación y juzgamiento efectivo de los delitos, reflejado en recortes presupuestarios tanto al Órgano Judicial como a la Fiscalía.

Un aspecto adicional señalado es la participación del Ministerio de Educación en el diseño curricular del nuevo instituto, lo que plantea interrogantes sobre el nivel de intervención que tendrá la Fiscalía en esta estructura, dado que la actual Escuela de Capacitación Fiscal no cuenta con supervisión estatal directa.

Datos sobre la operatividad de la Fiscalía

Según el último informe de Acción Ciudadana, entre 2020 y 2025 la Fiscalía judicializó solo el 32 % de las denuncias recibidas, es decir, de un total de 440,706 procesos, apenas 136,901 lograron avanzar a la sede judicial. Esta cifra evidencia las dificultades para convertir las denuncias en procesos judiciales efectivos.

Detalles de la propuesta legislativa

El 3 de febrero de 2024, la Fiscalía, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley para la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la FGR. Esta institución tiene como objetivo formar profesionales altamente especializados en áreas como ciencias jurídicas, criminalística, criminología, ciencias forenses, investigación criminal y administración de justicia.

El proyecto contiene siete artículos que establecen la creación, objetivos, atribuciones, representación legal, patrimonio, presupuesto, reglamentos y vigencia del instituto, pero no detalla su funcionamiento operativo, dejando este aspecto a reglamentos futuros.

Perspectivas y críticas desde el ámbito jurídico

Un abogado penalista con experiencia en casos relacionados con el régimen de excepción manifestó que la Fiscalía carece de pruebas contundentes para determinar la culpabilidad de personas detenidas bajo esta medida, especialmente en delitos de agrupaciones ilícitas. Señaló que la dependencia en testigos criteriados, usualmente vinculados a pandillas, no es suficiente para implicar a otros individuos en estas organizaciones.

El profesional agregó que la Fiscalía no realiza una investigación científica sólida ni argumentativa para demostrar la pertenencia de imputados a grupos criminales, y que en ocasiones los jueces permiten continuar con medidas cautelares a pesar de las deficiencias en las investigaciones.

Otro especialista en la materia opinó que resulta un derroche de recursos crear un instituto exclusivo para la Fiscalía, cuando sería más eficiente establecer un instituto forense, criminológico y criminalista que atienda a todas las entidades, o fortalecer el Instituto de Medicina Legal. Esto contribuiría a garantizar un sistema de calidad en la defensa penal, tanto pública como particular, y evitar eventuales sanciones internacionales, como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este enfoque, según el abogado, es especialmente relevante tras observar el manejo de casos bajo el régimen de excepción, donde se evidencian limitaciones en la presentación de pruebas y en el derecho a interrogar testigos permitidos por la ley.

Capacitación actual y desafíos

Actualmente, la Fiscalía cuenta con una Escuela de Capacitación Fiscal, establecida por la Ley Orgánica de la FGR, encargada de dirigir cursos para quienes ingresan a la Carrera Fiscal y para la formación continua del personal. En el periodo 2024-2025, esta escuela impartió jornadas sobre reparación en casos de violencia contra la mujer, investigaciones en corrupción y delitos económicos, trata de personas y violencia sexual en línea.

No obstante, no se ha informado cuántos fiscales auxiliares participaron en estos talleres ni el seguimiento realizado a los temas abordados. La falta de transparencia en este aspecto genera cuestionamientos sobre el impacto real de estas capacitaciones en la mejora de la investigación fiscal.

Respuesta institucional pendiente

El equipo de comunicaciones de la Fiscalía fue contactado para obtener su versión sobre los señalamientos referidos a la falta de investigación científica, la carencia de pruebas en procesos judiciales y el alcance esperado con la creación del nuevo instituto. Al cierre de esta publicación, no se había recibido respuesta oficial.

Conclusión

El impulso de un instituto especializado para la capacitación de fiscales en El Salvador responde a una necesidad identificada para fortalecer la investigación científica del delito y superar limitaciones actuales en recursos y metodología. Sin embargo, expertos advierten que la iniciativa debe ir acompañada de una adecuada dotación presupuestaria, mayor inclusión de todos los actores del sistema judicial y un enfoque integral que contemple la colaboración interinstitucional para garantizar procesos penales justos y eficaces.