Expresidente Elías Antonio Saca ha devuelto menos del 0.2% de $4.4 millones adeudados al Estado

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 15 de abril de 2026 que el expresidente Elías Antonio Saca ha abonado únicamente $5,845.75 del total de más de $4.4 millones que debe al Estado de El Salvador tras su condena por enriquecimiento ilícito.

El monto total que el exmandatario debe reembolsar asciende a aproximadamente $3.8 millones, monto que se suma a los $589,608.42 que debe la exprimera dama Ana Ligia de Saca, según el desglose proporcionado por el ministerio público. Esta cifra corresponde al incremento injustificado en el patrimonio acumulado durante el quinquenio 2004-2009, período en el cual Saca ejerció la presidencia de la República.

Antecedentes del caso y condena

El caso en contra de Elías Antonio Saca es uno de los más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en El Salvador. En septiembre de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador dictó una condena de 10 años de prisión para el expresidente por el uso indebido de $360 millones provenientes de fondos estatales.

Además de la sanción penal, el proceso civil determinó que el exmandatario y su esposa debían devolver al Estado los recursos obtenidos ilegalmente, que suman un total de $4.4 millones, producto de un enriquecimiento ilícito comprobado durante su gestión.

Progreso en el pago y procesos judiciales actuales

A pesar de la condena y las órdenes judiciales, la Fiscalía reportó que hasta la fecha se ha recibido un pago mínimo por parte de Saca, lo que representa menos del 0.2% del total adeudado. Esta situación ha motivado al ministerio público a intensificar las acciones para recuperar los recursos públicos.

En este contexto, el fiscal a cargo del caso señaló la importancia de realizar una liquidación formal para definir con exactitud la cantidad pendiente que debe ser pagada al Estado salvadoreño.

Para avanzar en este objetivo, el 14 de abril de 2026 la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador instaló la audiencia de liquidación de bienes contra el expresidente Saca y Ana Ligia de Saca. Este proceso judicial busca determinar si los bienes que se encuentran en cautela son suficientes para cubrir la deuda establecida en la sentencia civil.

Implicaciones para la recuperación de activos en El Salvador

La gestión del caso Saca es representativa del esfuerzo estatal por combatir la corrupción y recuperar fondos públicos sustraídos de manera ilícita. La lentitud en la devolución de los recursos y la necesidad de audiencias de liquidación evidencian los retos que enfrenta el sistema judicial para garantizar el cumplimiento de las sentencias.

El Estado salvadoreño ha implementado diversas medidas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, y casos como este subrayan la importancia de mantener mecanismos efectivos para sancionar a quienes se apropian indebidamente del patrimonio público.

Contexto político y social

Desde la salida de Elías Antonio Saca del poder en 2009, El Salvador ha transitado por un proceso de fortalecimiento institucional con especial énfasis en la lucha contra la corrupción. La condena y el seguimiento al caso Saca han sido considerados símbolos de este proceso, aunque la recuperación efectiva de recursos continúa siendo un desafío.

La ciudadanía y diversas organizaciones sociales han manifestado la importancia de que los exfuncionarios responsables rindan cuentas plenas y que el Estado recupere los recursos para destinarlos al desarrollo y bienestar social.

Próximos pasos legales y seguimiento

La audiencia de liquidación instalada recientemente será determinante para definir la capacidad del Estado de obtener el pago restante mediante la venta o adjudicación de bienes bajo custodia judicial.

Además, la Fiscalía continuará con la supervisión del cumplimiento de las disposiciones legales, con el objetivo de garantizar que las condenas no queden únicamente en sentencias, sino que se traduzcan en reparaciones económicas efectivas.

En paralelo, el seguimiento público y mediático al caso contribuye a mantener la presión sobre los responsables y a fortalecer la cultura de la legalidad en El Salvador.

Conclusión

El caso del expresidente Elías Antonio Saca representa un reto para el sistema judicial y para el Estado salvadoreño en su conjunto. La devolución de únicamente $5,845 de una deuda mayor a $4.4 millones refleja la complejidad de los procesos de recuperación de activos en casos de corrupción.

Las audiencias de liquidación y las acciones judiciales en curso serán clave para avanzar en la restitución de estos recursos al erario público, contribuyendo así a la transparencia y al fortalecimiento institucional en El Salvador.