Fallece privado de libertad en hospital de Santa Ana; familia denuncia falta de información

El pasado miércoles, José Francisco Orellana Alvarado, un privado de libertad de 27 años, falleció en el Hospital San Juan de Dios, ubicado en Santa Ana, debido a un shock séptico derivado de insuficiencia renal crónica, según el dictamen forense emitido por el Instituto de Medicina Legal (IML).

Orellana Alvarado se encontraba recluido en el Complejo Penitenciario de Izalco, en Sonsonate Este, donde sus familiares aseguran que no fueron notificados en ningún momento sobre el deterioro de su estado de salud. La familia sostiene que, si bien el joven ya presentaba problemas renales antes de su captura, su condición se agravó considerablemente durante su internamiento.

De acuerdo con los familiares, la única forma en que tuvieron conocimiento sobre el tratamiento médico que recibía Orellana fue a través de publicaciones en redes sociales. Hace aproximadamente dos meses, una publicación solicitaba localizar a familiares de privados de libertad en hemodiálisis, lo que llamó la atención de sus parientes, quienes posteriormente confirmaron que el joven estaba siendo sometido a ese procedimiento.

“Nosotros nos dimos cuenta por redes sociales. Llamamos al hospital y solo nos dijeron que sí lo estaban llevando, pero que no nos podían dar más información”, comentó un familiar bajo condición de anonimato, evidenciando la falta de comunicación oficial por parte de las autoridades penitenciarias.

La familia también relató que se enteraron del fallecimiento de Orellana mediante las redes sociales, y que posteriormente agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de San Luis Talpa, La Paz, les confirmaron la noticia.

Contexto judicial y antecedentes

Según información oficial proporcionada por la Policía Nacional Civil, José Francisco Orellana fue detenido el 1 de noviembre de 2021 en San Luis Talpa, La Paz, acusado por el delito de posesión y tenencia de droga. Además, su familia señala que estaba vinculado con agrupaciones ilícitas, motivo por el cual recibió una condena de cinco años de prisión, misma que estaba próxima a cumplirse este año.

Antes de su captura, Orellana se dedicaba a repartir tortillas en un negocio familiar, actividad que interrumpió tras su detención. Sus familiares manifestaron la frustración por no haber sido informados oportunamente sobre su salud y lamentaron que el joven falleciera estando aún en prisión.

“Ya casi salía, ya casi cumplía la pena. Nosotros no sabíamos nada, solo nos decían que él estaba bien, y al final nos vinimos a enterar cuando ya había muerto”, expresó un familiar, resaltando la falta de transparencia por parte de la Dirección General de Centros Penales.

Proceso de velación y sepultura

Los restos de José Francisco Orellana Alvarado fueron velados el mismo miércoles en una vivienda ubicada en el caserío Los Eucaliptos, perteneciente al cantón Santo Tomás, en el distrito de San Luis Talpa. Posteriormente, el jueves por la tarde, fue sepultado en el cementerio del cantón Tecualuya, también en San Luis Talpa.

Implicaciones y contexto penitenciario

Este caso pone en evidencia la problemática en la comunicación entre las autoridades penitenciarias y las familias de los privados de libertad, sobre todo cuando se trata de la salud y el bienestar de los reclusos. La insuficiencia renal crónica y el shock séptico son condiciones médicas graves que requieren atención especializada, y la falta de información genera incertidumbre y desconfianza.

El Complejo Penitenciario de Izalco, donde estaba recluido Orellana, es uno de los centros con mayores niveles de hacinamiento en el sistema penitenciario salvadoreño, lo que puede influir en la atención médica que se brinda a los internos.

La situación de Orellana Alvarado se suma a otros reportes en los que familiares de privados de libertad han expresado dificultades para acceder a información sobre la salud de sus seres queridos, lo que ha generado demandas de mayor transparencia y mejores condiciones en los centros penales de El Salvador.

Conclusión

La muerte de José Francisco Orellana Alvarado suscita un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de comunicación y atención médica dentro del sistema penitenciario salvadoreño. La familia del joven reclama que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan, garantizando un trato digno y el respeto a los derechos humanos de quienes están bajo custodia estatal.

Este caso también invita a reflexionar sobre el impacto de las condiciones de salud preexistentes y la atención adecuada en los centros de reclusión, así como sobre la importancia de mantener informadas a las familias durante todo el proceso de encarcelamiento.