Familiares de ambientalistas de Santa Marta solicitan investigación por demora en entrega de fallo absolutorio

Este 20 de enero de 2026, familiares de los ambientalistas de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, presentaron una solicitud formal ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que se investiguen las reiteradas demoras en la entrega por escrito del fallo absolutorio emitido por el Tribunal de Sentencia de San Vicente.

La denuncia fue interpuesta por Milton Arnoldo Rivas y Heydi Vanessa Laínez, quienes señalaron que el tribunal ha postergado la entrega del documento por escrito en al menos cuatro ocasiones, a pesar de que el fallo oral que absolvió a los acusados fue emitido el 24 de septiembre de 2025. Las fechas originalmente señaladas para la entrega eran el 8 de octubre, 28 de noviembre y 19 de diciembre de 2025, así como el 9 de enero de 2026. La última prórroga estableció el 30 de enero de este año como la fecha límite para la entrega del fallo.

Solicitan investigación por posibles irregularidades

En el escrito presentado ante la DIJ, los familiares solicitaron que se investiguen las razones detrás de estas múltiples postergaciones y que se evalúe si los jueces han incurrido en alguna ilegalidad o falta ética durante el proceso. El documento expone la preocupación por el retraso injustificado y la falta de claridad en las justificaciones del tribunal.

Milton Arnoldo Rivas declaró que las excusas ofrecidas por el tribunal para justificar la demora, como la revisión del escrito o actividades relacionadas con el sistema de justicia, no son convincentes. Subrayó que en los tres años de proceso todas las pruebas que la Fiscalía pudo presentar ya fueron expuestas y no lograron vincular a los ambientalistas con los hechos imputados.

Impacto en los imputados y sus familias

Por su parte, Heydi Vanessa Laínez calificó el prolongado proceso judicial como un trauma tanto para los imputados como para sus familiares, quienes han esperado más de tres años para obtener claridad y justicia. Laínez enfatizó la necesidad de que el fallo absolutorio por escrito sea entregado el próximo 30 de enero, pues representa la posibilidad de tranquilidad y cierre para todos los involucrados.

"Son más de tres años luchando para obtener esa carta de libertad para nuestros familiares. Por eso hemos presentado esta denuncia y esperamos una pronta respuesta favorable que permita que el fallo sea entregado y nuestros familiares puedan tener una mejor situación", expresó.

Contexto del proceso judicial

El Tribunal de Sentencia de San Vicente absolvió a los ambientalistas Teodoro Pacheco, Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Laínez y Saúl Rivas, así como a otros tres civiles: Alejandro Castañeda, Fidel Recinos y Arturo Serrano. Todos ellos enfrentaban acusaciones por delitos de asesinato y asociaciones ilícitas vinculadas al período de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

En octubre de 2024, el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, en Cabañas, ya había sobreseído a estas personas, pero la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque ordenó la repetición del juicio, prolongando el proceso judicial.

Repercusiones legales y sociales

La insistencia en la demora en la entrega del fallo por escrito ha generado preocupación en la comunidad de Santa Marta, que ha manifestado su intención de denunciar al Tribunal si no se cumple con el plazo establecido. La situación refleja la complejidad de los procesos judiciales relacionados con hechos ocurridos durante el conflicto armado y la importancia de garantizar procesos transparentes y oportunos.

El caso también pone en relieve los retos del sistema judicial salvadoreño para resolver con celeridad y justicia casos que tienen un impacto directo en la memoria histórica y la reconciliación nacional.

Compromiso institucional y expectativas

La Dirección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia deberá evaluar la denuncia presentada y determinar si existen indicios para abrir una investigación formal contra los jueces del Tribunal de Sentencia de San Vicente. Esta acción busca asegurar que los procedimientos judiciales se desarrollen conforme a la legalidad y los principios éticos que rigen la función judicial en El Salvador.

El Oficial continuará el seguimiento a este caso, que representa un ejemplo de las dificultades existentes en la administración de justicia en procesos complejos y de largo plazo, y que afecta directamente a víctimas, imputados y sus familias.

La expectativa está puesta en que la entrega del fallo absolutorio por escrito se concrete en la fecha establecida y que se mantenga la transparencia en todo el proceso judicial, fortaleciendo la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia en el país.