Familiares de detenido en Santa Ana denuncian presunta detención arbitraria en régimen de excepción

Familiares de Brayan Edgardo Guerrero Raimundo, de 27 años, detenido hace más de un año en el marco del régimen de excepción, solicitaron a las autoridades judiciales y fiscales una revisión exhaustiva de su caso debido a que consideran que su aprehensión fue arbitraria. La detención ocurrió en el distrito de El Congo, en el departamento de Santa Ana Oeste, y según los familiares, la única evidencia en su contra es el testimonio de un hombre que lo acusa de pertenecer a grupos pandilleriles.

El arresto de Guerrero Raimundo tuvo lugar en la madrugada del 31 de enero de 2025, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos militares llegaron a su vivienda en respuesta a denuncias anónimas que lo señalaban de supuestos vínculos con pandillas y actividades ilícitas. Sin embargo, sus familiares rechazaron categóricamente esas acusaciones y aseguraron que Brayan en realidad intentó salir del país en dos ocasiones debido a amenazas recibidas por parte de pandilleros locales.

Contexto y denuncias familiares

Según relatan sus parientes, desde 2017 Brayan se ha dedicado a la venta de dulces en los autobuses de la ruta 59, que conecta los distritos de El Congo y Santa Ana. Aseguran que, ante la falta de oportunidades laborales en la zona, esta actividad era su principal fuente de ingreso y que no mantiene ninguna relación con estructuras criminales.

Ronald Guerrero, hermano del detenido, expresó que las acusaciones en contra de Brayan se basan únicamente en declaraciones que no han sido corroboradas. “Ya le hicieron dos audiencias, pero no sabemos por qué no lo dejan en libertad. Solo tienen el testimonio de un supuesto testigo que el día del ‘reconocimiento’ ni siquiera ubicaba a mi hermano”, señaló.

Además, la familia ha presentado pruebas como arraigos domiciliarios, cartas de respaldo, antecedentes penales limpios y la denuncia que Brayan interpuso ante las autoridades cuando comenzó a recibir amenazas de pandillas. Sin embargo, a su juicio, estos elementos no han sido suficientes para que se haga justicia.

Intentos de emigrar y contexto de amenazas

Ronald Guerrero afirmó que su hermano intentó emigrar a Estados Unidos en dos ocasiones, en 2018 y en 2022, como una medida para protegerse de las amenazas provenientes de pandillas en Santa Ana. “Mi hermano era amenazado por la pandilla, por eso intentó emigrar a Estados Unidos en dos ocasiones. Ahora lo acusan de asociaciones ilícitas, cuando en realidad él huía de ellos. Es totalmente ilógico e injusto”, dijo.

Los familiares insisten en que la detención de Brayan no solo afecta a su integridad, sino que también refleja una situación de vulnerabilidad y falta de garantías procesales para personas que podrían estar siendo señaladas sin evidencias suficientes en el contexto del régimen de excepción.

Reclamo por garantías y debido proceso

El régimen de excepción, instaurado en El Salvador para combatir la violencia pandilleril, ha permitido a las autoridades realizar detenciones masivas basadas en denuncias y testimonios. No obstante, este caso evidencia la preocupación de sectores de la población sobre posibles detenciones arbitrarias y la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.

“Ya no sabemos qué hacer. Ninguna institución del Estado nos escucha y sentimos que nos han cerrado las puertas a las familias de los inocentes. Nos sentimos impotentes y decepcionados con este Gobierno. Lo único que pedimos es que a mi hermano se le garantice un debido proceso para que se determine su inocencia”, expresó Ronald Guerrero.

El llamado de la familia es claro: solicitan a las autoridades judiciales y fiscales que revisen con detenimiento el expediente de Brayan, que valoren las pruebas presentadas y que se asegure una investigación imparcial que permita establecer la verdad y evitar injusticias.

Implicaciones para el sistema judicial y la sociedad salvadoreña

Este caso pone en relieve la tensión existente entre la necesidad de combatir la criminalidad en El Salvador y la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En un contexto donde el régimen de excepción ha ampliado las facultades de las fuerzas de seguridad, la vigilancia de los procesos judiciales y la protección de los derechos humanos son elementos esenciales para mantener la legitimidad del sistema.

La familia de Brayan Guerrero espera que su caso sirva para que las autoridades realicen una revisión rigurosa y que se establezcan mecanismos que eviten detenciones basadas exclusivamente en testimonios poco confiables o denuncias anónimas, especialmente cuando pueden existir intereses o presiones que distorsionen la información.

Conclusión

La situación de Brayan Edgardo Guerrero Raimundo, detenido en el marco del régimen de excepción en Santa Ana, ha generado preocupación por la posible existencia de detenciones arbitrarias en el país. Los familiares solicitan a las autoridades una revisión profunda y transparente de su caso, resaltando la importancia de respetar el debido proceso y los derechos humanos en el combate a la delincuencia.

Este llamado se enmarca en el debate nacional sobre cómo garantizar la seguridad ciudadana sin sacrificar las garantías legales y el respeto a la dignidad humana, un equilibrio que continúa siendo un desafío para El Salvador en su camino hacia la justicia y la paz social.