Familiares de detenidos marchan en San Salvador exigiendo justicia y fin al régimen de excepción

Este domingo, a cuatro años de la instauración del régimen de excepción en El Salvador, familiares de personas privadas de libertad junto a organizaciones sociales realizaron una marcha desde el redondel José Martí hasta la plaza Gerardo Barrios, en el centro histórico de San Salvador. La movilización tuvo como objetivo exigir la liberación de personas consideradas inocentes y denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos en el contexto de esta medida extraordinaria vigente desde marzo de 2022.

La convocatoria estuvo a cargo del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR),que reunió a madres, padres, esposas y otros familiares de detenidos bajo el régimen de excepción. Durante la marcha, los participantes portaron pancartas, fotografías de sus seres queridos y palmas, en un acto simbólico que coincidió con la proximidad del Domingo de Ramos, una fecha significativa en la tradición religiosa salvadoreña.

Denuncias de violaciones a derechos humanos y procesos judiciales irregulares

En un pronunciamiento público, MOVIR reconoció que la lucha contra las pandillas es una demanda histórica en El Salvador, pero advirtió que esta no debe implementarse a costa de la vulneración de derechos fundamentales. Señalaron que existen detenciones arbitrarias y procesos judiciales sin las garantías necesarias.

Samuel Ramírez, representante de MOVIR, explicó que la manifestación buscó rechazar la continuación del régimen de excepción y visibilizar el impacto negativo que ha tenido sobre miles de familias salvadoreñas. "No estamos en contra de combatir a las pandillas. Reconocemos que el régimen ha mejorado la seguridad, pero no estamos de acuerdo con que el costo que se paga sea tan alto. Hay miles de personas detenidas sin debido proceso, lo cual es gravísimo para un país democrático y respetuoso de los derechos humanos", afirmó.

Ramírez también cuestionó que, a pesar de que el discurso oficial destaca los avances históricos en materia de seguridad, el régimen de excepción continúe siendo prorrogado. A su juicio, esta medida se ha convertido en un mecanismo permanente de control social que restringe garantías constitucionales.

Impacto social y debilitamiento institucional

La marcha contó además con la participación de organizaciones estudiantiles y de derechos humanos. María Inés Dávila Medina, integrante del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico y del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, señaló que el régimen de excepción ha generado efectos que trascienden el ámbito penal, debilitando instituciones clave.

"Cuatro años han resultado en una afectación grave para miles de familias. Se han reportado casi 500 fallecimientos en los centros penitenciarios sin investigaciones claras, y tampoco hay indagaciones serias sobre la supuesta vinculación de muchas personas capturadas con estructuras delincuenciales. Exigimos que el sistema de justicia funcione y que se realicen investigaciones rigurosas", expresó.

Dávila aclaró que el rechazo de la población no es hacia las acciones de seguridad en sí, sino hacia la criminalización sin pruebas suficientes y el debilitamiento de entidades como la Fiscalía General, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el sistema judicial en general.

Testimonios de familiares afectados

Durante la movilización, madres y familiares compartieron testimonios sobre el impacto personal, económico y emocional que han enfrentado desde la detención de sus hijos e hijas.

Rosalina Castro, originaria de San Miguel, exigió la liberación de su hijo, Félix Marciano Gómez Castro, detenido hace más de tres años y medio. "Sé que él es 100 % inocente. Trabajaba en la agricultura y fue detenido por el señalamiento de un enemigo. Desde entonces, mi nieto ha crecido sin su padre, y eso duele mucho", manifestó. Castro afirmó que a pesar de presentar documentos como antecedentes penales y solvencias policiales, no ha recibido respuestas claras sobre el estado de su hijo y enfrenta dificultades para trasladarse a los centros penales.

Por su parte, Rosa Gladys Anaya, de Sonsonate, denunció la detención de su hijo Carlos Giovanni Anaya Lima en abril de 2022. "Lo sacaron de su trabajo y desde entonces no sabemos si está vivo o muerto. Nosotros fuimos víctimas de violencia y ahora sentimos que nos tienen secuestrado a nuestro hijo, quien nunca tuvo antecedentes penales", señaló.

Vicenta Martínez relató que su hijo Rafael Antonio Recinos Martínez fue detenido en agosto de 2022 cuando se dirigía a recoger un vehículo. "Vivimos en una colonia estigmatizada y por eso la policía los señala como pandilleros sin pruebas. No sabemos dónde está ni cómo está, y el requerimiento constante de paquetes y dinero nos está consumiendo, sobre todo a las madres que vivimos del comercio informal", denunció. Martínez también criticó las audiencias masivas y la falta de procesos judiciales individualizados, factores que aumentan el riesgo de condenas injustas.

Ana Cecilia Ponce García, de Zacatecoluca, narró la detención de su hija en junio de 2022. "Ella trabajaba como vendedora y cobradora, y aun así la sacaron de su casa. No entiendo por qué la agrupan con otros si no tiene antecedentes ni cometió delitos. Esta situación ha afectado a sus tres hijos, incluyendo a una adolescente que no pudo celebrar sus 15 años", expresó.

Alfredo Mejía, padre de una joven detenida, comparó la marcha con una expresión pública de sufrimiento y denuncia. "Marchamos para defender a personas inocentes. Así como Jesucristo fue detenido siendo inocente, aquí también hay gente que no debería estar presa. Mi hija fue capturada solo por no portar su DUI y seguimos luchando por su libertad", manifestó.

Demandas y llamado a autoridades nacionales e internacionales

En su comunicado, MOVIR denunció un clima de miedo, persecución y estigmatización en comunidades vulnerables, así como la falta de acceso a información oficial y la opacidad respecto a fallecimientos en centros penitenciarios. Además, alertaron sobre el uso de juicios masivos que podrían derivar en condenas colectivas sin individualización adecuada.

El movimiento hizo un llamado tanto al gobierno salvadoreño como a la comunidad internacional para revisar los casos de personas detenidas, garantizar el respeto a las garantías procesales y llevar a cabo investigaciones transparentes sobre muertes en cárceles, condiciones de detención y detenciones sin pruebas suficientes.

La manifestación transcurrió sin incidentes y culminó en la plaza Gerardo Barrios, donde los participantes reiteraron su exigencia de justicia, acceso a información y revisión exhaustiva de los casos de sus familiares.

Este acto público refleja las tensiones existentes en El Salvador ante la prolongación del régimen de excepción, medida que ha generado tanto avances en seguridad como cuestionamientos por posibles afectaciones a derechos fundamentales y procesos judiciales justos.