Familiares denuncian ineficacia del Banco Nacional de ADN en identificación de desaparecidos en El Salvador

El Banco Nacional de Datos de ADN, creado hace cinco años como un instrumento técnico para la identificación de personas desaparecidas en El Salvador, enfrenta críticas por su falta de resultados y acceso efectivo, según denuncian familiares de víctimas y organizaciones que trabajan en casos relacionados con la guerra civil y la violencia social.

La Ley del Banco Nacional de Datos de ADN fue aprobada en enero de 2021 por la Asamblea Legislativa con el propósito de sistematizar información genética que facilite la identificación de personas desaparecidas. El marco normativo establece que el banco debe operar bajo la dirección de un Consejo Administrador, integrado por la Fiscalía General de la República, la Subdirección Técnica Científica Forense de la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal. Este consejo tiene la responsabilidad de definir protocolos y administrar las bases de datos genéticas.

No obstante, a cinco años de su creación, familiares de desaparecidos destacan la ausencia de resultados concretos y avances verificables en la identificación de víctimas. Leonel Claros, presidente de una asociación promotora de derechos humanos en la zona de El Mozote—lugar emblemático por una de las mayores masacres durante el conflicto armado—señala problemas en los procesos institucionales para la búsqueda y reconocimiento de restos.

“La funcionalidad de la Fiscalía no es tan eficiente. Intentamos realizar varios procesos con muestras de ADN, pero no hubo avances; se perdieron pruebas y se obligó a los familiares a acudir hasta tres veces. Por ello tuvimos que recurrir a organismos internacionales para avanzar en la identificación”, explicó Claros, refiriéndose a las limitaciones del sistema forense salvadoreño.

El diseño del banco contempla la organización de perfiles genéticos en diferentes categorías, incluyendo registros de personas condenadas por delitos, evidencias recolectadas en escenas de crimen, restos no identificados, víctimas desaparecidas y sus familiares, así como aportadores voluntarios. Sin embargo, familiares y organizaciones reportan que esta estructura no se ha traducido en avances prácticos.

Carmen Argueta, coordinadora de un bloque dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas y madre de una víctima, enfatizó la carencia de protocolos claros y el limitado acceso que tienen a esta herramienta. “El ADN es fundamental para la búsqueda de nuestros seres queridos, pero mientras no exista voluntad real para activarlo, invertir en él y hacerlo accesible, seguiremos atrapados en la incertidumbre”, afirmó.

En su experiencia, Argueta intentó obtener una prueba de ADN para avanzar en el caso de desaparición de su hijo, pero se encontró con obstáculos institucionales. “Mi hijo llevaba casi dos años desaparecido cuando solicité la prueba en la Fiscalía. Me informaron que no había presupuesto ni personal capacitado, ni las condiciones para realizar el análisis”, relató.

Respuesta y postura del Estado salvadoreño

En un informe presentado en 2026 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación con un caso de desaparición forzada durante el conflicto armado, el Estado salvadoreño aseguró que la Ley del Banco Nacional de Datos de ADN ha sido implementada como parte de las estrategias para la búsqueda de víctimas de dicho conflicto.

El documento oficial destaca que el banco se mantiene activo y en constante fortalecimiento, considerándolo un componente esencial en los procesos de identificación forense. Sin embargo, ni la Fiscalía General ni el Instituto de Medicina Legal han proporcionado respuestas específicas ante las denuncias sobre la inaccesibilidad y la falta de resultados concretos, pese a las solicitudes de información realizadas para este reportaje.

Aspectos normativos y confidencialidad

La legislación establece que una vez que una muestra de ADN es analizada, su perfil genético debe incorporarse automáticamente a la base de datos correspondiente. Además, permite el traslado de perfiles entre registros si la situación jurídica de la persona cambia. La ley clasifica esta información como confidencial y datos sensibles, regulando su uso bajo principios de no discriminación y respeto a la dignidad humana.

Asimismo, cuando una autoridad judicial o fiscal lo requiere, el Instituto de Medicina Legal o la Policía Nacional Civil deben realizar cotejos entre perfiles genéticos y emitir informes periciales. En cuanto al manejo de las muestras biológicas, la normativa ordena que sean destruidas después de emitir el informe, salvo en casos técnicamente irrepetibles, cuando pueden conservarse hasta por 30 años.

A pesar de estas disposiciones claras, organizaciones que acompañan a víctimas reportan que el Banco Nacional de Datos de ADN no ha sido operativo en la práctica y no ha producido resultados en los casos que manejan. Tampoco existe información pública disponible sobre casos concretos de identificación que hayan sido resueltos mediante este mecanismo.

La ley contempla además la elaboración de un informe anual sobre el uso del Banco de Datos de ADN, pero este documento es confidencial y no ha sido divulgado públicamente, lo que dificulta la rendición de cuentas y la evaluación objetiva de su funcionamiento.

Demandas de familiares y organizaciones

Familiares de personas desaparecidas y organizaciones defensoras de derechos humanos continúan solicitando mayor transparencia, acceso efectivo y el uso real del Banco Nacional de Datos de ADN para resolver casos pendientes. Consideran que esta herramienta forense podría ser determinante para encontrar respuestas y justicia en medio de la larga lista de personas desaparecidas en el país.

La búsqueda de desaparecidos en El Salvador sigue siendo un desafío complejo, marcado por la necesidad de fortalecer los mecanismos técnicos, institucionales y legales que permitan brindar a las familias certeza y verdad. La experiencia de quienes han intentado utilizar el Banco Nacional de Datos de ADN revela la urgencia de mejorar su operatividad y accesibilidad para cumplir con los derechos de las víctimas y sus allegados.