Familiares denuncian restricciones para ingresar alimentos a privados de libertad bajo régimen de excepción en El Salvador

Familiares de personas privadas de libertad en El Salvador han denunciado recientes limitaciones para ingresar ciertos alimentos básicos a los centros penales, particularmente bajo el régimen de excepción vigente. Esta situación ha generado preocupación por el impacto que tiene en los derechos y el bienestar de los reos, y ha sido reportada en varios establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

Denuncias desde el Centro Penal de San Vicente

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) informó a través de sus redes sociales que en el Centro Penal de San Vicente se ha restringido el ingreso de productos alimenticios que anteriormente sí se permitían en los paquetes enviados por los familiares a los privados de libertad. Entre los productos afectados se encuentran azúcar, incaparina, café, sopas, galletas y pan dulce, que ahora están prohibidos.

En sustitución, las autoridades penitenciarias han indicado que los familiares deben depositar dinero en la cuenta institucional de cada reo para que estos puedan adquirir esos productos exclusivamente en las tiendas carcelarias dentro del penal. Según los denunciantes, esta medida aplica únicamente a los internos vinculados con el régimen de excepción y ha sido constatada en al menos otros cuatro centros penales del país.

Impacto en las familias y críticas a la medida

Una madre de un privado de libertad en San Vicente relató que, al intentar dejar un paquete el 8 de septiembre de 2025, le informaron sobre el nuevo listado de productos permitidos y que solo podían ingresar tres alimentos. La madre expresó su preocupación sobre la alimentación de su hijo y denunció una violación a sus derechos, ya que los custodios le indicaron que debía depositar dinero para que el reo comprara sus productos en la tienda interna.

Los familiares agrupados en MOVIR han manifestado su rechazo a esta medida debido a que los precios en las tiendas penitenciarias son considerablemente más altos, lo que representa un gasto adicional que afecta la economía de muchas familias. De acuerdo con el movimiento, esta situación incrementa la pobreza y constituye una arbitrariedad que debe ser aclarada por el régimen actual.

Situación generalizada en otros centros penales

La problemática no se limita a San Vicente. Familias de reos en los centros penales de Izalco, Sonsonate; San Miguel; Ciudad Barrios; y La Occidental, en Santa Ana, también han reportado restricciones similares para ingresar algunos alimentos y productos básicos. Por ejemplo, en Izalco se impide el ingreso de pan de sándwich, sopas instantáneas y se limita la cantidad de café que pueden enviar.

Además, el coordinador de MOVIR, Samuel Ramírez, señaló que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no ha comunicado oficialmente estas nuevas disposiciones, lo que genera incertidumbre y confusión entre los familiares. Asimismo, destacó que en varios penales los custodios actúan de manera arbitraria y establecen reglas no oficiales que dificultan la recepción de paquetes.

Ramírez añadió que en algunos casos se solicita a los familiares llevar colchonetas cada tres meses, sin que se explique claramente su destino, y que durante los traslados de internos entre penales los reos son trasladados sin ropa ni artículos personales, obligando a las familias a proveer nuevamente estos elementos.

Denuncias sobre irregularidades en tiendas penitenciarias

Organizaciones civiles y de derechos humanos han denunciado anteriormente irregularidades en la administración de las tiendas penitenciarias y la entrega de paquetes a privados de libertad. En 2025, un informe publicado por una organización especializada expuso que los reos solo reciben cerca del 20% de los productos que sus familias envían, mientras que el resto es gestionado por las tiendas internas.

Estas irregularidades también incluyen el ingreso de medicamentos y otras prácticas que afectan la transparencia y el bienestar de los internos. En este contexto, en septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República capturó al exministro de Seguridad Pública y Justicia y a otras personas por corrupción relacionada con la administración de estas tiendas, quienes fueron condenados por actos arbitrarios y apropiación indebida de recursos.

Mecanismo para realizar depósitos y limitaciones económicas

Los familiares deben registrarse ante la DGCP utilizando un código asignado al reo para poder realizar depósitos en las cuentas institucionales habilitadas para la compra de productos en las tiendas penitenciarias. Estos depósitos pueden efectuarse en las oficinas centrales o en cada penal. Sin embargo, los familiares critican que los precios en estas tiendas son elevados y que en ocasiones no se les entrega el producto solicitado, sino lo que la administración decida.

El Reglamento General de la Ley Penitenciaria establece en su artículo 154-E que los privados de libertad pueden recibir hasta 500 dólares mensuales de sus familiares para ser utilizados en las tiendas. No obstante, diputados han planteado la necesidad de actualizar estas disposiciones, incrementando el monto máximo permitido y garantizando el acceso a insumos de primera necesidad.

Falta de respuesta oficial

El equipo editorial de este medio solicitó a la Dirección General de Centros Penales una versión oficial sobre las denuncias y la aplicación de esta medida, incluyendo quién la decidió y si se extenderá a otros penales, pero hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Conclusión

Las recientes restricciones para el ingreso de alimentos a privados de libertad bajo el régimen de excepción en El Salvador han generado preocupación entre familiares y organizaciones de derechos humanos por el impacto que tienen en la alimentación, el bienestar y los derechos de los reos. La imposición de la compra obligatoria en tiendas penitenciarias con precios elevados representa un gasto adicional para las familias, que en muchos casos ya enfrentan dificultades económicas.

La falta de comunicación oficial y la arbitrariedad en la aplicación de estas medidas aumentan la incertidumbre y crean un ambiente de desconfianza hacia la administración penitenciaria. Es prioritario que las autoridades aclaren estas disposiciones y garanticen los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, así como la transparencia en la gestión de recursos y bienes dentro de los centros penales.