Familiares exigen a la PGR garantizar defensa adecuada para detenidos en régimen de excepción

Un grupo de familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador se presentó este 13 de mayo de 2026 en las instalaciones centrales de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir un trato justo y una defensa adecuada para quienes, aseguran, no tienen relación con estructuras criminales.

Los familiares, organizados en el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR),expresaron su preocupación por la aparente falta de atención y representación efectiva por parte de los abogados públicos asignados a los casos de los detenidos. El movimiento sostiene que la defensa legal no ha sido suficiente ni oportuna, lo que afecta el derecho al debido proceso en audiencias masivas donde se define el futuro judicial de los capturados.

Demandas de MOVIR ante la PGR

Samuel Ramírez, vocero del MOVIR, explicó que el motivo principal de la visita a la PGR fue atender las múltiples quejas recibidas sobre la falta de comunicación e información proporcionada por los abogados públicos a los familiares de los detenidos. Según Ramírez, muchos no han sido informados sobre fechas de audiencias ni sobre el desarrollo de los juicios, lo que dificulta la preparación de una defensa efectiva.

“Hay personas que fueron capturadas en los primeros meses del régimen de excepción y ya pasaron por la fase de juicio sin que sus familias fueran notificadas. Esto ha impedido que puedan presentar testigos o pruebas que demuestren la inocencia de sus parientes”, señaló Ramírez. El vocero agregó que esta situación se repite en los procesos judiciales masivos y que por ello exigen a la PGR cumplir con su función de defender a quienes no pueden costear un abogado privado.

Impacto para los familiares

Durante la protesta en San Salvador, varios familiares manifestaron que deben realizar largos desplazamientos desde diferentes departamentos del país para obtener información sobre los procesos legales. Sin embargo, denunciaron que con frecuencia no reciben la atención adecuada ni respuestas claras por parte de las autoridades responsables.

Estas dificultades agravan la situación de quienes buscan ejercer el derecho a una defensa justa y transparente en un contexto de judicialización masiva.

Petición formal y denuncia de criminalización

El MOVIR entregó un documento dirigido al procurador general de la República, René Escobar, en el que solicitan una reunión con una representación de los familiares para abordar sus inquietudes. Además, denunciaron la existencia de una campaña en redes sociales que, según ellos, criminaliza a las madres que defienden a sus hijos detenidos.

Ramírez enfatizó que estas mujeres cuentan con elementos para demostrar la inocencia de sus familiares, pero enfrentan obstáculos para ser escuchadas y participar plenamente en el proceso judicial.

Las madres presentes aclararon que no se oponen a la captura de pandilleros, acción que reconocen como necesaria para la seguridad del país, pero exigen que no se utilice el régimen de excepción para criminalizar a personas inocentes. “No nos oponemos a que capturen a los pandilleros, eso debe hacer el Estado, pero no pueden hacer eso para criminalizar a los inocentes”, expresaron.

Solicitudes específicas

Entre las demandas planteadas al titular de la PGR, los familiares solicitaron un espacio de diálogo para presentar testimonios y pruebas de descargo que puedan acreditar la inocencia de los detenidos. También pidieron que se les permita presentar arraigos como garantía de que sus parientes no representan un riesgo para la sociedad.

Preocupaciones de abogados defensores

De manera paralela, abogados que representan a personas capturadas en el régimen de excepción han expresado inquietudes sobre las condiciones en las que se desarrollan los juicios masivos. De acuerdo con estas fuentes, la Fiscalía ha solicitado que cualquier testigo de la defensa firme un documento que autoriza su investigación, lo que genera temor entre posibles declarantes y desincentiva su participación.

Este tipo de medidas, según los defensores, puede afectar el derecho a una defensa efectiva y limitar el acceso a pruebas que podrían favorecer a los procesados.

Contexto del régimen de excepción en El Salvador

El régimen de excepción fue instaurado en El Salvador como una medida extraordinaria para combatir la delincuencia, especialmente las actividades de pandillas que han afectado la seguridad nacional durante años. Esta normativa ha permitido la detención masiva de sospechosos sin las garantías habituales de procedimiento, lo que ha generado un debate intenso sobre la protección de los derechos humanos y el debido proceso.

Organizaciones nacionales e internacionales han manifestado preocupación por posibles abusos y la falta de transparencia en las detenciones y procesos judiciales derivados de este régimen.

Conclusiones

La movilización de familiares agrupados en MOVIR frente a la PGR refleja una tensión latente entre las políticas de seguridad implementadas por el Estado y los derechos fundamentales de los ciudadanos detenidos bajo el régimen de excepción. La exigencia de una defensa adecuada y transparente para quienes no tienen vínculos con pandillas subraya la necesidad de equilibrar la lucha contra la criminalidad con el respeto a los principios legales y constitucionales.

La Procuraduría General de la República enfrenta ahora el reto de atender estas demandas y garantizar que el sistema de justicia funcione con imparcialidad y respeto a los derechos humanos, en un contexto marcado por la judicialización masiva y la presión social.