Familiares exigen investigación a directores de penales por incumplir órdenes judiciales en El Salvador

Familiares de detenidos en el marco del régimen de excepción en El Salvador han presentado denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir la investigación de directores de centros penales que, presuntamente, no están acatando órdenes judiciales de libertad emitidas para varios internos.

El 27 de marzo de 2026, Luis Alonso Hernández Cerón acudió a las oficinas centrales de la FGR ubicadas en Santa Elena para denunciar que su hijo, Roberto Carlos Hernández, permanece recluido en el penal La Esperanza, conocido popularmente como Mariona, a pesar de contar con una orden de libertad emitida por un juez. Hernández Cerón calificó la situación como una violación a la ley y solicitó que las autoridades judiciales y penales cumplan con las disposiciones legales correspondientes.

Denuncias por incumplimiento de órdenes judiciales

Además del caso de Roberto Carlos Hernández, al menos otros cuatro detenidos se encuentran en una situación similar. Entre ellos, Jefferson Alexánder Hernández Velasco, Andy Edenilson Guevara Ramírez y los hermanos Ricardo Ernesto y Reynaldo Antonio Martínez García. Todos cuentan con cartas de libertad emitidas por jueces, pero continúan bajo custodia en distintas cárceles del país.

Uno de los casos más destacados es el de Jefferson Hernández Velasco, quien tiene una orden de libertad desde 2023. Según su madre, Sandra Velasco, a pesar de esto, su hijo fue trasladado del penal de Izalco a Mariona, y posteriormente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT),sin que se haya brindado una explicación clara sobre estas acciones.

Velasco afirmó que su hijo es inocente y negó cualquier vínculo con pandillas, contradiciendo las declaraciones oficiales que suelen asociar a los internos del CECOT con actividades delictivas. "El señor presidente se jacta diciendo que en el CECOT solo hay pandilleros, pero eso es falso, porque mi hijo no es pandillero y ni siquiera tiene tatuajes", señaló.

Acciones legales y exigencias a las autoridades

Estas denuncias han sido acompañadas por la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc),organización que presentó un aviso penal ante la Fiscalía para solicitar la investigación de los directores de los penales de Mariona y el CECOT, así como del director general de centros penales, Osiris Luna, bajo la sospecha de que han cometido delitos relacionados con actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

Los familiares y representantes de derechos humanos han insistido en que las instituciones responsables, incluyendo la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, deben actuar con firmeza y no permitir que estas presuntas irregularidades continúen. Luis Alonso Hernández enfatizó que la lucha es por personas inocentes que han sido detenidas arbitrariamente, y que los responsables deben rendir cuentas.

"Estamos pidiendo que las instituciones no agachen la cabeza ante estos tipos que le están haciendo daño a personas inocentes. Queremos dejar claro que pedimos por inocentes, no por pandilleros. A los pandilleros que los dejen en la cárcel, pero a los inocentes que los suelten", expresó.

Antecedentes y contexto

Esta no es la primera vez que Unidehc y otras organizaciones defensoras de derechos humanos solicitan a la Fiscalía que investigue a Osiris Luna y a otros directores de cárceles salvadoreñas por supuestas irregularidades en la administración penitenciaria durante el régimen de excepción. Sin embargo, hasta la fecha, no se han reportado avances significativos en estos procesos.

El régimen de excepción, que ha sido implementado en varias ocasiones en El Salvador para combatir la violencia y la delincuencia, ha generado críticas en materia de derechos humanos, debido a denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. La permanencia de personas con órdenes de libertad vigentes dentro de los centros penales aumenta las preocupaciones sobre el respeto a las garantías fundamentales y el funcionamiento adecuado del sistema judicial y penitenciario.

Importancia del cumplimiento judicial en el sistema penitenciario

El respeto y cumplimiento de las órdenes judiciales es un pilar fundamental para garantizar la justicia y la protección de los derechos humanos en cualquier sistema democrático. El incumplimiento de órdenes de libertad no solo afecta la libertad individual de las personas, sino que también genera desconfianza en las instituciones encargadas de velar por el Estado de derecho.

En El Salvador, donde el sistema penitenciario enfrenta desafíos estructurales y una sobrepoblación histórica, la correcta aplicación de las resoluciones judiciales es esencial para evitar agravios y asegurar que la justicia sea efectiva y respetada.

Reacciones y próximos pasos

Ante estas denuncias, la Fiscalía General de la República se encuentra en la obligación de investigar con profundidad y transparencia las presuntas irregularidades señaladas por los familiares y organizaciones de derechos humanos. De confirmarse los incumplimientos, se deberán tomar las acciones legales correspondientes para garantizar que los derechos de los detenidos sean respetados.

Por su parte, los familiares de los afectados continúan movilizándose y buscando apoyo para exigir justicia y el cumplimiento efectivo de las órdenes de libertad. La vigilancia ciudadana y el acompañamiento de organizaciones defensoras del derecho serán claves para mantener la presión sobre las autoridades y evitar que casos similares se repitan.

En un contexto donde la seguridad y el respeto a los derechos humanos deben coexistir, este tipo de denuncias subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos judiciales y penitenciarios para asegurar que la ley se cumpla sin excepción y que las personas inocentes no permanezcan injustamente privadas de su libertad.