Familiares y abogados analizan apelar responsabilidad civil en caso ambientalistas de Santa Marta

Familiares de los ambientalistas y miembros de la comunidad Santa Marta, ubicada en el departamento de Cabañas, junto a sus abogados defensores, están evaluando la posibilidad de presentar una apelación contra la condena de responsabilidad civil emitida en abstracto a cuatro de los ocho procesados en un caso judicial que ha generado amplio debate en el país.

La controversia surge luego de que el Tribunal de Sentencia de San Vicente emitiera un fallo absolutorio respecto a los delitos penales imputados, relacionados con un supuesto crimen ocurrido durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992). Sin embargo, en ese mismo fallo, se estableció una responsabilidad civil a favor de la familia de la presunta víctima contra cuatro de los acusados, medida que ha sido calificada por la defensa y la comunidad como incoherente y contraria al sentido común.

Detalles del fallo y postura de familiares y defensa

El 24 de septiembre de 2025, el Tribunal de Sentencia de San Vicente absolvió de manera unánime a cuatro de los acusados: Alejandro Laínez García, Fidel de Dolores Recinos, Saúl Agustín Rivas y Alejandro Sancho Castañeda. En cuanto a los otros cuatro procesados —Teodoro Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Laínez y Arturo Serrano—, el tribunal determinó mayoría para absolverlos penalmente, pero impuso una responsabilidad civil en abstracto a favor de la familia de la víctima.

Alfredo Leiva, miembro activo de la comunidad Santa Marta y seguidor del proceso, calificó esta decisión como "incoherente y absurda", señalando que resulta contradictorio absolver penalmente a los imputados y, al mismo tiempo, condenarlos civilmente por posibles daños y perjuicios. “Existe preocupación ante estos intentos de continuar el proceso a pesar de la absolución penal, pues la penalización civil representa una figura jurídica que no se ajusta a la realidad del caso. No cometieron un delito y sin embargo se les obliga a pagar una condena civil”, declaró.

Por su parte, el abogado defensor, Luis Rivera, explicó que el tribunal “confunde” el concepto de daño resarcible, lo que llevó a la imposición improcedente de la responsabilidad civil. “No existieron elementos ni pruebas suficientes para emitir tal condena, lo que representa un agravio directo a la defensa y vulnera principios básicos del debido proceso. La ausencia de acreditación del daño mínimo necesario para este tipo de condena civil es evidente”, agregó.

Contexto y posibles implicaciones del fallo

La decisión judicial ha generado inquietud en la comunidad Santa Marta y en organizaciones sociales que han acompañado el proceso, dado que la responsabilidad civil en abstracto puede abrir la puerta a nuevos procedimientos legales y un posible daño económico y social para los procesados y sus familias.

El caso se enmarca en un contexto histórico sensible para El Salvador, dado que involucra hechos presuntamente ocurridos durante la guerra civil, conflicto armado que dejó profundas heridas en la sociedad salvadoreña. La búsqueda de justicia y reparación ha sido un proceso complejo que sigue generando tensiones legales y sociales.

Presencia policial e investigaciones en Santa Marta y otras comunidades

En paralelo al escenario judicial, la comunidad Santa Marta ha denunciado la presencia constante de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) en la zona, quienes han llevado a cabo entrevistas con lugareños bajo el argumento de indagar sobre masacres y hechos violentos ocurridos durante el conflicto armado.

Peter Nataren, integrante de la comunidad, advirtió que el modus operandi de estas investigaciones recuerda el proceso que enfrentaron los ambientalistas. Según sus declaraciones, inspectores visitaron la comunidad días antes de las capturas para realizar entrevistas, lo que genera temor entre los pobladores ante posibles nuevas detenciones.

Además, la preocupación se extiende a otras comunidades, como San Francisco Angulo, en Tecoluca, San Vicente, y miembros del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA). Estas comunidades han manifestado oposición a proyectos como la construcción de un relleno sanitario y han denunciado desalojos y actos arbitrarios.

De acuerdo con los integrantes de Santa Marta, la activa vigencia de la Ley de Minería podría motivar nuevos procesos judiciales contra líderes comunitarios, no solo relacionados con hechos del conflicto armado, sino con casos supuestamente inventados en el marco del régimen de excepción vigente y la lucha contra la corrupción.

La comunidad ha reiterado en distintas ocasiones su rechazo a la presencia policial y militar en la zona, y ha alertado sobre la posibilidad de detenciones arbitrarias en los próximos días.

Respuesta institucional pendiente

Al cierre de esta publicación, las autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República no habían emitido una respuesta oficial respecto a las denuncias formuladas por la comunidad Santa Marta sobre las recientes entrevistas y posibles acciones legales en su contra.

El caso continúa siendo objeto de seguimiento por parte de organizaciones sociales, familiares de los ambientalistas y la defensa legal, quienes mantienen la intención de apelar la condena civil y vigilar de cerca cualquier desarrollo que pueda afectar los derechos de las comunidades involucradas.

Conclusión

El proceso judicial en torno a los ambientalistas de Santa Marta evidencia las complejidades que persisten en el país para resolver casos relacionados con hechos ocurridos durante la guerra civil. La coexistencia de absoluciones penales junto a condenas civiles genera un marco jurídico y social conflictivo que podría marcar precedentes en futuras causas similares.

Asimismo, la situación actual de la comunidad Santa Marta, con la continua presencia de fuerzas policiales y la amenaza de nuevos procesos, subraya la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y al debido proceso en el contexto de la justicia transicional y ambiental en El Salvador.