Familias en La Unión denuncian exigencia de pago por tierras habitadas por más de 60 años

Un conflicto relacionado con la propiedad de tierras ha surgido en el caserío El Amate, ubicado en el cantón La Leona, municipio de Intipucá, en el departamento de La Unión Sur. Unas 60 familias que habitan esta zona desde hace más de seis décadas denunciaron que el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) les está exigiendo el pago de los terrenos que ocupan, pese a que inicialmente se les informó que el proceso de regularización jurídica sería gratuito.

El Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) informó sobre la situación a través de su coordinador regional para la zona oriental, Ángel Flores. Según explicó, en junio de 2022, habitantes de El Amate iniciaron gestiones ante el ISTA para obtener la regularización de sus tierras mediante la entrega de escrituras.

En un primer momento, personal del ISTA visitó la comunidad para comunicar que el proceso no tendría costo alguno y que se buscaba formalizar la tenencia de la tierra de forma legal. Sin embargo, meses después esta postura cambió radicalmente, generando confusión y malestar entre los residentes.

"Hubo engaños; a la población se le hizo firmar documentos donde ellos solicitaban un valúo de las tierras, cuando realmente lo que buscaban era el reconocimiento de la antigüedad de la posesión que han venido ejerciendo en esas tierras", declaró Flores. Además, indicó que el personal del ISTA amenazó a algunas familias con la intervención policial si no acataban las indicaciones, lo que llevó a que varias firmas se dieran bajo presión.

Para marzo de este año, las autoridades notificaron a las familias el monto que deberían pagar por el valor de las propiedades. La exigencia ha generado incertidumbre, ya que los pobladores consideran que han habitado legítimamente el lugar por más de 60 años y que el Estado debería garantizarles el derecho a la tierra sin imponerles cobros inesperados.

Leonidas Contreras, uno de los afectados, expresó que la comunidad confió de buena fe en el proceso que el ISTA anunció inicialmente. "Si esto fuera legal, se hubiesen reunido con todo el caserío y nos hubiesen explicado el proceso", señaló. Contreras enfatizó que la exigencia del pago debe ser al contado, sin ofrecer opciones para hacerlo en cuotas o plazos, lo cual complica aún más la situación para las familias.

Contexto histórico y social

El caso de El Amate no es aislado en El Salvador, donde la tenencia y propiedad de tierras rurales ha sido históricamente un tema de conflicto, especialmente en comunidades indígenas y campesinas. La Ley de Transformación Agraria está diseñada para facilitar la distribución y regularización de tierras, sin embargo, en ocasiones, la implementación de estos procesos genera controversias debido a interpretaciones, procedimientos y condiciones impuestas.

En el departamento de La Unión, muchas comunidades rurales mantienen vínculos ancestrales con sus territorios, y la falta de documentos legales no siempre refleja la ausencia de derechos legítimos sobre la tierra. Por ello, procesos de regularización deben manejarse con especial cuidado, garantizando el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia para los pobladores.

Reacción institucional y falta de respuesta

Ante las denuncias realizadas por el Movimiento Indígena MILPA y las familias afectadas, este medio se comunicó con el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria para conocer su versión sobre el conflicto y las acusaciones de cobro y amenazas. Hasta el cierre de esta publicación, el ISTA no ha brindado respuesta ni aclaración oficial acerca de la situación en el caserío El Amate.

La ausencia de información oficial dificulta un análisis completo y genera preocupación sobre la transparencia y el respeto a los procedimientos legales en la regularización de tierras en la zona.

Implicaciones legales y sociales

El caso plantea importantes cuestionamientos sobre la aplicación de la ley agraria y los derechos de las comunidades rurales. La exigencia de pagos inesperados puede afectar la estabilidad económica de las familias, muchas de las cuales dependen de la agricultura de subsistencia y carecen de recursos para hacer frente a costos elevados.

Además, las amenazas con intervención policial podrían interpretarse como una forma de coerción, lo que complicaría aún más el diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas. La falta de comunicación clara y transparente por parte del ISTA contribuye a la desconfianza y al aumento de la tensión social en la comunidad.

Perspectivas y recomendaciones

Para resolver este conflicto, es fundamental que las autoridades involucradas establezcan canales de diálogo abiertos con las familias y las organizaciones representativas, como MILPA. La regularización de tierras debe respetar los derechos adquiridos por posesión prolongada y garantizar que los procesos sean accesibles y comprendidos por los beneficiarios.

Asimismo, se recomienda que el ISTA brinde información detallada y transparente sobre los requisitos y costos asociados, si los hubiera, para evitar malentendidos y proteger a las familias de posibles abusos. La mediación y acompañamiento de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales podría facilitar una solución justa y equitativa.

Este caso además pone en relieve la necesidad de fortalecer políticas públicas que reconozcan y protejan los derechos de las comunidades rurales y ancestrales en El Salvador, promoviendo la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible en estas zonas.

Conclusión

La situación en el caserío El Amate representa un desafío para la gestión agraria en El Salvador, donde la vinculación histórica y social con la tierra debe ser considerada prioritariamente. La denuncia de 60 familias sobre la exigencia de pagos por terrenos que han habitado por más de 60 años evidencia la complejidad de los procesos de regularización y la necesidad de mayor transparencia y diálogo entre autoridades y comunidades.

Este medio continuará dando seguimiento a este caso y a otras situaciones similares, para contribuir a la difusión de información veraz y el respeto a los derechos de los habitantes rurales en El Salvador.