Financiar el futuro de América Latina: desafíos y oportunidades para movilizar inversión sostenible

América Latina se presenta como una región de grandes contrastes que, a pesar de su abundancia en recursos naturales y su posición geográfica estratégica, enfrenta desafíos estructurales que limitan su desarrollo económico y social. Estos contrastes han reubicado a la región en el centro de las discusiones internacionales sobre el futuro económico global, evidenciado en foros como el Foro Económico Mundial en Davos.

El principal reto para América Latina radica en la movilización de financiamiento de largo plazo capaz de traducirse en bienestar tangible, mayor productividad y generación de oportunidades para sus ciudadanos y empresas. La inversión total en la región alcanzó en 2024 solo el 19.5 % del Producto Interno Bruto (PIB),cifra que se encuentra por debajo de la registrada en economías avanzadas (22.3 %) y muy distante de regiones emergentes como Asia (37.5 %) o Medio Oriente y Asia Central (26.1 %). Esta brecha limita la capacidad regional para innovar, crecer y competir a nivel global.

Brechas clave para el desarrollo

Un aspecto crítico vinculado a la inversión es el rezago en digitalización inclusiva. Para cerrar esta brecha, la región requiere una inversión anual estimada en 221,000 millones de dólares, además de 68,500 millones adicionales para elevar la conectividad a estándares acordes con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este déficit impacta directamente en sectores claves como el agroalimentario, que demanda aproximadamente 98,000 millones de dólares anuales en financiamiento. Asimismo, miles de pequeños productores continúan sin acceso estable al crédito formal o a insumos esenciales, limitando su productividad y competitividad.

En cuanto a la vivienda, la problemática es igualmente significativa. Actualmente, 86 millones de personas habitan en asentamientos informales y alrededor de 55 millones de hogares presentan déficit habitacional. La infraestructura, por su parte, es un área vital para el desarrollo económico: aumentar los niveles de inversión a parámetros similares a los de la OCDE podría mejorar la productividad regional hasta en un 75 % y duplicar el ingreso per cápita en el transcurso de una generación.

Financiamiento sostenible y transición energética

La agenda de sostenibilidad también exige un aumento considerable en la inversión en infraestructura verde, que debería movilizar entre el 5 % y el 7 % del PIB anual hasta 2030, cifra que supera el actual 3 %. Esta movilización de recursos es indispensable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y enfrentar los desafíos climáticos.

En materia energética, América Latina ha avanzado con un 64 % de generación eléctrica proveniente de fuentes renovables. Sin embargo, la meta es alcanzar un 80 % para el año 2030, lo que implica acelerar la transición energética mediante el financiamiento adecuado y políticas públicas alineadas.

El papel del sistema financiero y la cooperación multisectorial

La pregunta fundamental que surge ante este panorama es cómo movilizar la inversión necesaria y qué actores deben liderar esta tarea. Los esfuerzos aislados no serán suficientes para cerrar las brechas identificadas. Se requiere una coordinación efectiva, visión compartida y mecanismos que permitan multiplicar los recursos disponibles, no solamente incrementarlos.

En este contexto, el sistema financiero adquiere un rol decisivo. La banca comercial, la banca de desarrollo y los gobiernos tienen la responsabilidad de articular capacidades y desarrollar soluciones que compartan riesgos, amplíen el acceso al crédito productivo y habiliten inversiones de largo plazo en sectores estratégicos para el futuro económico de la región.

Cuando estos actores trabajan en sintonía con una hoja de ruta común, es posible generar garantías que faciliten financiamiento para más empresas, compartir datos para mejorar la coordinación y diseñar productos financieros que acompañen los ciclos reales de cada sector. Estas herramientas no solo permiten que el capital fluya hacia donde tiene mayor impacto, sino que alinean los esfuerzos públicos y privados en un propósito compartido: transformar el potencial de América Latina en crecimiento sostenible.

Cooperar para multiplicar: una estrategia para el desarrollo

Este concepto, denominado "cooperar para multiplicar", implica no solo movilizar más recursos financieros, sino hacerlo con un propósito claro: orientar el financiamiento hacia un equilibrio que combine rentabilidad razonable, responsabilidad ambiental e impacto social efectivo. Este enfoque será la guía para una banca verdaderamente responsable y el camino para que la financiación de largo plazo en la región se traduzca en oportunidades reales, cooperación a gran escala y desarrollo con bienestar.

La experiencia regional indica que la construcción de alianzas estratégicas entre gobiernos, sector privado y entidades financieras es indispensable para superar los obstáculos estructurales y fomentar un clima de inversión estable y predecible. Esto es particularmente relevante para El Salvador, que forma parte de este escenario latinoamericano y que ha impulsado reformas orientadas a mejorar la seguridad jurídica y promover la inversión productiva.

En definitiva, América Latina se encuentra en una encrucijada en la que la movilización eficiente y coordinada de los recursos financieros puede marcar la diferencia entre perpetuar desigualdades y rezagos o avanzar hacia un modelo de desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente. La clave estará en la capacidad de sus actores para construir sinergias que multipliquen el impacto y conduzcan a una transformación económica y social profunda.