Finanzas públicas sólidas: clave para la resiliencia de El Salvador frente a riesgos internos y externos

Finanzas públicas sólidas: clave para la resiliencia de El Salvador frente a riesgos internos y externos

El Salvador debe fortalecer sus finanzas públicas para enfrentar desafíos internos como el sistema de pensiones y externos como el cambio climático, garantizando margen fiscal para responder a futuras crisis.

21 mayo 2026
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La vulnerabilidad de El Salvador ante fenómenos naturales y tensiones económicas internacionales resalta la urgencia de mantener finanzas públicas saludables. La amenaza inminente de una sequía severa, vinculada al fenómeno de El Niño, constituye un llamado a la acción para que el país fortalezca su capacidad de respuesta ante eventos adversos, tanto internos como externos.

El ordenamiento y saneamiento de las finanzas públicas no solo responde a la necesidad de corregir desequilibrios generados internamente, sino también a la exigencia de prepararse para impactos externos que afectan la economía nacional. Estos desafíos requieren que el Estado disponga del mayor margen de maniobra posible para mitigar efectos y garantizar la estabilidad económica y social.

El sistema de pensiones: un reto pendiente y urgente

Entre los problemas que El Salvador debe enfrentar de manera inmediata destaca el sistema de pensiones, cuya deuda comenzará a exigirse a partir de 2027. Este compromiso financiero representa un reto clave para la sostenibilidad fiscal del país. A pesar de que existía la intención de presentar una propuesta de reforma en febrero, esta no se ha concretado, aumentando la incertidumbre en torno a la viabilidad del sistema.

Ignorar esta problemática no la elimina, sino que la agrava, generando mayores riesgos para las finanzas públicas y la estabilidad social. La demora en la implementación de reformas estructurales puede traducirse en costos más elevados y en una presión fiscal más intensa en los próximos años.

Contexto global: tensiones que afectan la economía salvadoreña

Los factores externos también juegan un papel determinante en la capacidad de El Salvador para mantener finanzas sanas. Las tensiones geopolíticas globales han encarecido el acceso al financiamiento, presionan al alza los precios de combustibles y alimentos, y generan incertidumbre sobre la estabilidad de los flujos de remesas e inversión extranjera, pilares fundamentales para la economía salvadoreña.

En este contexto, la limitada capacidad financiera del Estado reduce significativamente su margen para reaccionar ante crisis internacionales. La volatilidad del entorno global obliga a adoptar medidas que fortalezcan la resiliencia fiscal y económica, de modo que el país pueda afrontar impactos externos sin comprometer su desarrollo.

El cambio climático y los riesgos naturales: una amenaza constante y creciente

El cambio climático ya no es una amenaza futura, sino una realidad que afecta a El Salvador en el presente. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029 elaborado por el Ministerio de Hacienda, el país está expuesto a múltiples riesgos naturales, incluyendo sismos, lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos, tsunamis, erupciones volcánicas, oleaje extremo y sequías.

Estos riesgos afectan un 88 % del territorio nacional y ponen en situación de vulnerabilidad al 95 % de la población. En detalle, el 63 % del territorio presenta alta o muy alta amenaza sísmica, el 38 % es susceptible a deslizamientos, el 35 % a sequías meteorológicas severas y el 15 % a inundaciones.

Históricamente, estos fenómenos han provocado pérdidas económicas significativas, llegando a representar hasta el 23 % del Producto Interno Bruto (PIB). La última década ha sido particularmente crítica, con 18 de los 31 eventos climáticos extremos registrados entre 1969 y 2020, evidenciando una tendencia al aumento en la frecuencia de estos sucesos.

Impacto económico de eventos naturales y la importancia del margen fiscal

El gobierno actual ya ha enfrentado desafíos importantes, como la pandemia de COVID-19 y varias tormentas, en un contexto donde una ley de responsabilidad fiscal permitió cierto margen de maniobra para gestionar la crisis. Sin embargo, la recurrencia de eventos extremos se intensifica y pone a prueba la resiliencia financiera del país.

El escenario de una sequía severa podría impactar negativamente el crecimiento económico, reduciéndolo en 0.1 puntos porcentuales, además de ampliar el déficit fiscal y la deuda pública en 0.1 y 0.3 puntos porcentuales del PIB, respectivamente. Por otro lado, una tormenta de gran magnitud tendría un efecto aún más severo, contrayendo el crecimiento en 0.5 puntos, aumentando el déficit en 0.6 puntos y sumando 1.2 puntos a la deuda.

Asimismo, la ocurrencia de un terremoto similar a los registrados en 1986 o 2001 tendría consecuencias devastadoras, incluyendo una reducción en el crecimiento de 1.5 puntos porcentuales, un incremento en el déficit de 2 puntos del PIB y un aumento en la deuda pública de 3.9 puntos porcentuales. Más allá de lo económico, este tipo de eventos implica un costo humano incalculable.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: una estrategia para la sostenibilidad

En este contexto, el programa de apoyo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se presenta como la única hoja de ruta viable para reducir la deuda pública, recuperar el margen fiscal y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras crisis. Este marco permite al país adoptar políticas financieras prudentes que faciliten la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal.

Sin embargo, este esfuerzo requiere también que el país enfrente los problemas internos que puede controlar, como la reforma del sistema de pensiones, para evitar incrementar su vulnerabilidad frente a riesgos externos e imprevisibles.

Conclusión

El Salvador se encuentra en una encrucijada que exige la consolidación de finanzas públicas sólidas para garantizar la estabilidad económica y social. La combinación de desafíos internos, como la deuda del sistema de pensiones, y externos, como el cambio climático y las tensiones globales, demandan un compromiso decidido con la responsabilidad fiscal y la implementación de reformas estructurales.

Solo con una gestión financiera prudente y una estrategia clara se podrá asegurar que el país cuente con el margen de maniobra necesario para protegerse frente a futuras crisis y consolidar un desarrollo sostenible y resiliente.

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