Fiscal general defiende cadena perpetua con mecanismo de revisión para garantizar derechos y seguridad

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibió este viernes al fiscal general para escuchar su postura sobre el paquete de reformas legales que propone la implementación de la cadena perpetua en El Salvador. En su intervención, el funcionario expresó un firme apoyo a la iniciativa presentada por el Gobierno y destacó que las modificaciones legales incluyen un mecanismo de revisión penal que garantiza el principio de ofrecer al condenado una "esperanza de liberación", en concordancia con los estándares internacionales.

El fiscal general aclaró que esta medida no debe interpretarse como una forma de venganza o represalia estatal, sino como una acción orientada a la prevención de futuros delitos. "No se trata de una ley del talión ni de una justicia retributiva estricta. Son medidas justificadas para evitar que personas que cometan delitos graves puedan reincidir tras una corta permanencia en prisión", indicó.

Detalles de las reformas legales en análisis

Las iniciativas legislativas en estudio incluyen la ratificación de una reforma constitucional que habilita la imposición de la cadena perpetua en el país, así como cambios en diversas normativas como el Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

En concreto, la cadena perpetua podrá aplicarse en casos relacionados con homicidio, violación y terrorismo, incluyendo aquellos cometidos por menores de edad. La reforma contempla que, para acceder a un régimen de libertad controlada mediante revisión de la pena, se establecen plazos mínimos de cumplimiento: 25 años para menores, 30 años para adultos, 35 años si concurren varios delitos, y hasta 40 años en casos con agravantes.

Mecanismo de revisión y garantía judicial

El fiscal general explicó que este sistema de revisión se fundamenta en estudios criminológicos y en la evaluación dentro de un nuevo modelo penitenciario, con el objetivo de determinar si el condenado representa un riesgo neutralizado para la sociedad. La decisión de otorgar la libertad controlada quedará en manos de un juez, quien deberá basarse en un informe elaborado por el Consejo Criminológico Regional.

"La pena perpetua es una herramienta que protege derechos y no una coerción arbitraria. Permite evaluar, en un momento determinado, si la persona ha recuperado la voluntad de cumplir con las normas del Estado. En ese caso, podrá acceder a un régimen de libertad controlada que forma parte integral de las reformas", afirmó.

Compatibilidad con compromisos internacionales

En cuanto a la conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, el fiscal general aclaró que la cadena perpetua en El Salvador se ajusta a los compromisos internacionales, pues permite la revisión periódica de la pena. Desmintió la creencia común de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe las penas de larga duración, explicando que lo que se rechaza son las penas absolutas o fijas sin posibilidad de esperanza de liberación, conforme al artículo 5, inciso 6, de la Convención Americana.

Enfoque en la rehabilitación y condiciones penitenciarias

El funcionario enfatizó que la rehabilitación depende en gran medida de la voluntad del interno, resaltando que el Estado cuenta con un nuevo sistema penitenciario que brinda las condiciones necesarias para este fin. No obstante, es importante señalar que el sistema penitenciario salvadoreño ha sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales debido a las condiciones precarias en las cárceles, incluyendo hacinamiento, torturas y muertes violentas bajo custodia estatal, como lo documenta el informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos durante el Estado de Excepción.

Justificación y contexto nacional

Durante su exposición ante la Comisión Política, el fiscal general señaló que la iniciativa es pertinente en el contexto actual del país y está dirigida a personas que, mediante sus acciones delictivas, han renunciado a su condición de ciudadanos. "La única opción es la neutralización permanente de estos individuos, que forman parte de grupos organizados, a través de una custodia constante", afirmó.

De esta forma, las reformas buscan fortalecer la seguridad pública mediante una legislación que combina la aplicación de penas severas con mecanismos que respetan los derechos humanos y ofrecen alternativas de rehabilitación y reinserción social, siempre bajo estricta supervisión judicial y criminológica. Este enfoque pretende equilibrar la prevención del delito con el respeto a las garantías constitucionales y los compromisos internacionales del Estado salvadoreño.

El debate en la Asamblea Legislativa continuará en las próximas sesiones, donde se evaluarán en detalle los aspectos técnicos y legales de las reformas para su eventual aprobación y posterior implementación.