Fiscalía archiva caso contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción; denunciantes anuncian que seguirán luchando

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España decidió archivar la investigación abierta contra el cantante Julio Iglesias, acusado de presunto acoso y agresión sexual por dos exempleadas, al determinar que los tribunales españoles carecen de competencia para investigar los hechos denunciados. La decisión, comunicada este viernes, ha generado una respuesta inmediata por parte de las denunciantes y las organizaciones que las representan, quienes aseguraron que continuarán su lucha judicial por otras vías.

Motivos del archivo: falta de jurisdicción

El Ministerio Público fundamentó el archivo en la “falta de jurisdicción” de la Justicia española para conocer el caso. Según el decreto oficial, no se cumplen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial que permiten a España investigar delitos presuntamente cometidos fuera de su territorio.

Entre estos requisitos se encuentran que exista una conexión material relevante con España, como que las víctimas sean españolas o residentes en el país, que los hechos hayan ocurrido en territorio español, o que no exista un Estado primariamente competente para investigar. La Fiscalía sostiene que ninguna de estas condiciones se cumple en el caso que involucra al intérprete de La vida sigue igual.

Contexto de la denuncia

La denuncia fue presentada el 5 de enero por dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias en 2021: una exempleada del hogar y una fisioterapeuta. Ambas acusaron al cantante de presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneración de derechos laborales.

Para sustentar sus acusaciones, las denuncianes aportaron documentación laboral, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas. Tras presentar la denuncia, la Fiscalía les concedió la condición de testigos protegidos el 16 de enero.

Hechos denunciados fuera de España

El documento oficial detalla que las denunciantes son extranjeras y no residen en España. Los hechos denunciados se atribuyen a las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas, países que la Fiscalía considera plenamente competentes para conocer del caso. Además, entre los denunciados están Julio Iglesias y otras dos personas, quienes tampoco residen en España y poseen nacionalidades española, colombiana y brasileña.

La Fiscalía también cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que impide a España asumir jurisdicción sobre hechos ocurridos en el extranjero, salvo que exista una “imposibilidad real o falta de voluntad” de los Estados donde ocurrieron los presuntos delitos para investigarlos. En este caso, no consta que las denunciantes hayan presentado denuncias en esos países.

Reacción del cantante y medidas legales

Días antes de la resolución, Julio Iglesias solicitó a la Fiscalía el cierre de la investigación por falta de jurisdicción. El cantante ha negado categóricamente todas las acusaciones mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, donde afirmó que nunca ha “abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer” y que la denuncia le ha causado un “grave daño reputacional”.

Además, intentó personarse en la investigación para acceder al contenido íntegro de la denuncia, solicitud que fue rechazada por la Fiscalía. Posteriormente, Iglesias publicó en sus redes sociales supuestos mensajes de WhatsApp que habría recibido de las denunciantes, buscando reforzar su versión de los hechos y afirmar su inocencia.

Respuesta de organizaciones defensoras y denunciantes

Tras conocerse el archivo del caso, las organizaciones Women’s Link Worldwide y Amnistía Internacional, que asesoran a las denunciantes, emitieron un comunicado conjunto calificando la decisión de la Fiscalía como “lamentable”. Consideran que la resolución impide que se investiguen los hechos y que se valore de manera integral la evidencia presentada.

Estas organizaciones subrayaron que la resolución no analiza el fondo del caso ni determina la culpabilidad o inocencia del denunciado, por lo que creen que las denunciantes podrían reproducir su denuncia ante otros órganos judiciales competentes.

También cuestionaron la interpretación de la jurisdicción aplicada, argumentando que “la idea de que un ciudadano español pueda eludir un proceso judicial porque los presuntos delitos ocurrieron fuera de España y contra mujeres no españolas desconoce el principio de extraterritorialidad y el derecho fundamental de las mujeres a vivir libres de violencia”.

Compromiso con la búsqueda de justicia

Women’s Link y Amnistía Internacional recordaron que convenios internacionales como el de Varsovia y el de Estambul obligan a los Estados a investigar violaciones de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, aunque los hechos hayan ocurrido fuera de su territorio.

Finalmente, afirmaron que las denunciantes —identificadas públicamente como Rebeca y Laura— seguirán buscando justicia y acudirán a las vías legales disponibles. Las mujeres han solicitado respeto a su privacidad mientras evalúan sus próximos pasos, ante el temor de posibles represalias, pero reiteran que no aceptarán que un tecnicismo legal cierre la puerta a la investigación de su denuncia.

Contexto internacional y relevancia para El Salvador

La decisión de archivar un caso por razones jurisdiccionales pone en evidencia los desafíos legales que enfrentan las víctimas de presuntos delitos transnacionales, especialmente en casos de violencia de género y violaciones de derechos humanos. En El Salvador, donde se han implementado reformas y políticas para proteger a las víctimas y fortalecer la justicia, este caso abre un debate sobre la necesidad de mecanismos más efectivos para abordar denuncias con elementos internacionales.

Asimismo, la coordinación entre países y la aplicación de tratados internacionales son aspectos cruciales para garantizar que las investigaciones no queden en la impunidad debido a limitaciones territoriales. Este episodio resalta la importancia de que las instituciones salvadoreñas estén atentas a las implicaciones de la extraterritorialidad en casos similares y fortalezcan la cooperación internacional en materia de justicia y derechos humanos.