Fiscalía de El Salvador confirma inexistencia de registro oficial sobre fosas clandestinas

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador confirmó que no existe un registro oficial sobre las fosas clandestinas y osamentas encontradas a nivel nacional durante los últimos cinco años. Esta información fue proporcionada por la Unidad de Administración Documental y Estadística de la institución, en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada para conocer los datos estadísticos correspondientes desde enero de 2021 hasta febrero de 2026.

En la resolución entregada, la Unidad señaló que "estamos en presencia de información que no se encuentra generada, no se cuenta con un documento o reporte que contenga de forma específica lo solicitado; en ese sentido, el documento es inexistente". La Fiscalía fundamentó esta postura en resoluciones previas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),que establecen que una causal válida de inexistencia es que el documento solicitado nunca se haya producido.

Limitaciones legales y ausencia de registros estadísticos

La Fiscalía aclaró que no puede entregar información que no ha sido producida previamente en sus estadísticas habituales y que la legislación vigente no le obliga a crear bases de datos nuevas para satisfacer peticiones específicas. Este contexto se enmarca en un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que ha llevado a un endurecimiento en la reserva y el manejo de información relacionada con la violencia en el país.

En esta línea, instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC),el Instituto de Medicina Legal (IML) y la misma Fiscalía han restringido el acceso a datos relacionados con homicidios, feminicidios, desapariciones y hallazgos de víctimas mediante acuerdos interinstitucionales que limitan la divulgación de estadísticas oficiales. Algunos de estos acuerdos incluyen clasificaciones de reserva con plazos hasta 2029.

Repercusiones en el derecho a la información y la justicia

La ausencia de registros oficiales ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos y asociaciones que trabajan con familiares de víctimas. Estas entidades señalan que la falta de acceso a datos clave dificulta la comparación entre el discurso oficial sobre seguridad y la realidad que enfrentan las familias afectadas.

Un ejemplo claro es la última cifra pública consolidada sobre desapariciones, que data de junio de 2022 y reportó 2,397 casos activos hasta esa fecha, sin que exista una actualización oficial accesible desde entonces. En este sentido, una organización dedicada a estos casos señaló que la ocultación de información es innecesaria y que han presentado solicitudes para declarar nula la reserva ante el IAIP, aunque hasta la fecha sólo han recibido admisión de la petición sin avances concretos.

Una vocera de uno de estos grupos expresó que, aunque se han intervenido fosas clandestinas y se han recuperado restos humanos, la institución responsable no cuenta con un registro público y accesible, lo cual es "realmente lamentable". Destacó que esta falta de institucionalidad robusta afecta directamente a las familias y favorece la impunidad.

Impacto en investigaciones y judicialización de casos

El bloqueo informativo también limita el seguimiento de casos y la evaluación de avances en las investigaciones. El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha señalado que esta práctica reduce las posibilidades de judicialización, pues de 56 casos en sus registros, sólo uno ha sido llevado a tribunales.

Familiares de víctimas han denunciado la invisibilización de estos delitos debido a la dificultad para obtener información en instituciones como la Fiscalía, la Policía y el Instituto de Medicina Legal. La crítica a la falta de transparencia se ha intensificado desde la implementación del régimen de excepción, pues, a pesar de las capturas masivas de presuntos pandilleros, no se han registrado avances concretos en la localización de víctimas ni en el hallazgo de fosas clandestinas.

Las organizaciones locales que recaban denuncias sobre desapariciones sostienen que estas no se reflejan en las estadísticas oficiales, lo que refuerza las acusaciones sobre la opacidad en el manejo de esta información.

Cuestionamientos internacionales sobre el manejo de estadísticas de homicidios

El 11 de marzo de 2026, la organización internacional Insight Crime publicó un informe anual donde cuestiona la metodología con la que las autoridades salvadoreñas contabilizan las muertes violentas. Según el informe, el gobierno utiliza una definición más restrictiva de homicidio que otros países, excluyendo de las estadísticas oficiales cuerpos encontrados en fosas clandestinas, muertes a manos de la policía y asesinatos dentro de prisiones.

Esta situación genera discrepancias entre las cifras oficiales y la realidad sobre violencia y criminalidad en el país, limitando el acceso a datos que podrían ser fundamentales para políticas públicas, procesos judiciales y reparación a víctimas.

Contexto nacional y desafíos pendientes

El Salvador enfrenta desde hace años retos significativos en materia de seguridad y justicia, con altas tasas de violencia relacionadas con pandillas y crimen organizado. El régimen de excepción implementado para enfrentar esta situación ha implicado restricciones importantes en el acceso a información pública sobre delitos graves y víctimas.

La inexistencia de registros oficiales sobre fosas clandestinas y restos humanos encontrados limita la transparencia, dificulta la rendición de cuentas y obstaculiza el derecho de las familias a conocer la verdad. Además, esta carencia afecta la posibilidad de avanzar en investigaciones y procesos judiciales que puedan romper ciclos de impunidad.

En este contexto, expertos y organizaciones coinciden en la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para la generación y difusión de información confiable, pública y actualizada, que permita un abordaje integral y eficaz de la violencia y sus consecuencias en el país.