Fiscalía de México investigó narconómina de “El Mencho” desde 2025 y giró orden de aprehensión en noviembre

La Fiscalía General de la República (FGR) de México comenzó en noviembre de 2025 una investigación profunda sobre las narconóminas vinculadas a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),abatido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. La pesquisa reveló que Oseguera Cervantes mantenía una estructura criminal que compraba influencias dentro de autoridades municipales, estatales, federales e incluso funcionarios de la propia Fiscalía.

De acuerdo con la orden de aprehensión emitida el 2 de noviembre de 2025, la FGR documentó que miembros del CJNG habían logrado corromper a diferentes niveles de gobierno, incluyendo personal adscrito a la misma Fiscalía, lo que motivó que la autoridad hiciera énfasis en la necesidad de que los detenidos fueran internados en el Centro Federal de Máxima Seguridad “El Altiplano”, para evitar cualquier interferencia relacionada con el poder territorial del grupo criminal.

Delitos y estructura criminal

El expediente judicial detalla que Oseguera Cervantes ordenó el asesinato de Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el 26 de junio de 2020, entre otros actos de violencia. La orden señala también a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, considerado posible sucesor del Mencho, como coacusado en delitos que incluyen delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas, así como trata de personas.

La investigación se basó en la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-JAL/0001023/2024 y el oficio FGR/FEMDO/FEITATA/9858/2025, que revelan la existencia de un campo de adiestramiento en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. En este sitio, la organización criminal entrenaba a sus miembros en el uso de armas largas, drones armados y tácticas militares.

Estructura jerárquica y operaciones

La estructura del CJNG estaba organizada en una pirámide con Oseguera Cervantes a la cabeza y al menos tres comandantes identificados: “El Sapo”, “El Guty” o “El Señor de las Tacomas” —denominación relacionada con camionetas de lujo— y “El Jardinero”. Cada uno tenía asignado un territorio específico para la venta de narcóticos y la administración de las finanzas derivadas de estas actividades ilícitas.

El financiamiento del grupo criminal, según la orden, provenía de la venta de drogas y era destinado a la compra de armamento, pago de nóminas y guerra contra grupos rivales y fuerzas armadas del país. La organización contaba con un brazo armado conocido como “Deltas” que participaba en enfrentamientos violentos para mantener el control territorial.

Reclutamiento y entrenamiento de sicarios

La FGR documentó que el CJNG implementaba un proceso sistemático de reclutamiento y entrenamiento en campamentos denominados “La Escuelita”, “Rancho Izaguirre” y “Casa Tortuga”. Los nuevos integrantes, captados mediante ofertas laborales falsas o voluntariamente, recibían formación en el manejo de armas cortas y largas, granadas, drones con explosivos y tácticas militares básicas.

El proceso de formación culminaba con la selección de los candidatos que luego eran asignados a distintos roles dentro de la estructura criminal. “El 90” o “El Sapo” tenía la responsabilidad de decidir quiénes trabajarían para la organización, según testimonios recabados por la Fiscalía.

Testigos identificados como “El Elegante” y “Piscis” señalaron que el CJNG mantenía un arsenal considerable, que incluía armas de alto poder, chalecos balísticos, equipo táctico y pertrechos militares, sin autorización ni pertenencia a las fuerzas armadas. Estos recursos se utilizaban tanto para la formación de sicarios como para la protección de los líderes.

Presencia territorial e influencia

La organización criminal contaba con presencia en varios estados de México, incluyendo Colima, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Jalisco y la Ciudad de México. La FGR sostuvo que El Mencho continuaba ejerciendo un control significativo sobre el cártel hasta la fecha de su muerte, mientras que “El Sapo” era señalado como su sucesor y encargado de impartir instrucciones a los subordinados para la ejecución de actividades ilícitas.

La investigación inició formalmente el 30 de diciembre de 2024, a raíz de una denuncia anónima que vinculaba a José Gregorio Lastra Hermida, detenido y señalado como reclutador de sicarios para el CJNG, quien operaba bajo las órdenes de “El Sapo” y administraba uno de los campos de entrenamiento en Jalisco.

Implicaciones y contexto

Este caso pone de manifiesto la complejidad y alcance del crimen organizado en México, con estructuras sofisticadas que infiltran diferentes niveles de gobierno y utilizan tecnología avanzada para mantener y ampliar su poder. La FGR ha decidido que los principales imputados sean judicializados en el Centro Federal de Máxima Seguridad para garantizar un proceso libre de influencias externas.

La lucha contra el CJNG, considerado uno de los cárteles más poderosos y violentos del país, continúa siendo una prioridad para las autoridades mexicanas, en un contexto regional que también afecta a países vecinos, incluidos El Salvador, donde la cooperación internacional y el intercambio de inteligencia son fundamentales para combatir el tráfico de drogas y el crimen transnacional.

Este caso representa un avance importante en la desarticulación de las estructuras delictivas que operan bajo el liderazgo de figuras emblemáticas del narcotráfico, reafirmando el compromiso del Estado mexicano con la justicia y la seguridad pública.