Fiscalía e Instituto de Medicina Legal no registran autopsias a fallecidos en régimen de excepción en El Salvador

La Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador informaron que no disponen de registros sobre autopsias practicadas a personas privadas de libertad fallecidas durante el periodo de vigencia del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. Esta información se obtuvo tras solicitudes de acceso a la información pública realizadas por este medio a ambas instituciones.

Respuesta institucional ante solicitudes de información

El 3 de marzo de 2026, se envió una petición formal a la Fiscalía para conocer el registro de autopsias realizadas a reos fallecidos en centros penales, granjas penitenciarias y bartolinas entre el 27 de marzo de 2022 y el 28 de febrero de 2026. En su respuesta, la FGR señaló que no posee registros de solicitudes realizadas a Medicina Legal para la práctica de autopsias forenses en esos casos durante el periodo señalado.

Además, se solicitó un informe sobre autopsias vinculadas a procesos judiciales en los tribunales contra el crimen organizado. La Unidad de Administración Documental y Estadística de la Fiscalía indicó que dicha información es inexistente, argumentando que no se encuentran documentos generados que contengan la información específica solicitada. La entidad citó criterios del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que establecen que la inexistencia se aplica cuando un documento no ha sido producido y que las instituciones no están obligadas a elaborar nuevos registros para responder a solicitudes.

Postura del Instituto de Medicina Legal

Por su parte, el Instituto de Medicina Legal, adscrito al Órgano Judicial, respondió a la misma solicitud enviada el 3 de febrero de 2026, declarando su incompetencia para proporcionar la información. El IML explicó que las autopsias forenses forman parte de registros investigados por la Fiscalía y que las personas involucradas suelen tener procesos judiciales en curso, por lo que la información debe ser solicitada directamente a esa entidad.

El IML también aclaró que su función principal es colaborar con la administración de justicia mediante dictámenes periciales forenses y análisis científicos para determinar causas de muerte, pero que no realiza autopsias dentro de hospitales, centros penales, granjas penitenciarias o bartolinas.

Contexto y cuestionamientos por muertes en custodia estatal

El régimen de excepción en El Salvador, vigente desde marzo de 2022, ha generado múltiples cuestionamientos por el manejo de las muertes ocurridas en centros penitenciarios. En un informe presentado el 13 de marzo de 2026 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),el Grupo de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción (GIPES) documentó al menos 470 muertes de personas bajo custodia estatal durante este periodo.

El informe advierte sobre posibles crímenes de lesa humanidad y señala que el Estado salvadoreño podría ser objeto de investigaciones internacionales por graves violaciones a los derechos humanos. No obstante, el Gobierno ha negado reiteradamente que el régimen de excepción vulnere derechos fundamentales.

En la presentación del informe ante la CIDH, la representante del Estado salvadoreño, la viceministra de Relaciones Exteriores Adriana Mira, evitó responder directamente a los señalamientos, pero defendió el régimen calificándolo como una medida esencial para la seguridad y la justicia en el país. De manera similar, en una entrevista concedida en febrero de 2026 en Madrid, el vicepresidente de la República rechazó que los fallecimientos reportados entre privados de libertad estén relacionados con las condiciones derivadas del régimen de excepción.

Denuncias de violencia y falta de transparencia

Este medio ha documentado casos de personas privadas de libertad fallecidas en instituciones penitenciarias donde familiares y organizaciones de derechos humanos han identificado indicios de violencia en los cuerpos, tales como fracturas, heridas con objetos cortopunzantes y hematomas, entre otros. La falta de registros oficiales de autopsias dificulta la investigación y esclarecimiento de estas muertes, generando preocupación sobre la transparencia en el manejo de estos casos.

Situación actual del régimen de excepción

El 26 de marzo de 2026, la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga número 49 del régimen de excepción, manteniendo esta medida vigente por más de cuatro años consecutivos. Durante este periodo, las autoridades han reportado la captura de 91,650 presuntos pandilleros y una reducción histórica en las tasas de homicidios, cifras que el Gobierno utiliza para justificar la continuidad del régimen.

Sin embargo, las denuncias por violaciones a derechos humanos y la ausencia de registros oficiales sobre autopsias a fallecidos bajo custodia estatal continúan siendo motivos de preocupación para organismos nacionales e internacionales, así como para sectores de la sociedad civil en El Salvador.

Conclusión

La ausencia de registros oficiales de autopsias realizadas a personas privadas de libertad fallecidas en el marco del régimen de excepción plantea interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos y la transparencia institucional en El Salvador. Mientras la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal se declaran sin información o incompetentes para proveer datos, organismos internacionales y organizaciones civiles documentan un alto número de muertes y posibles violaciones graves. Estos hechos resaltan la necesidad de mecanismos efectivos de control, investigación y rendición de cuentas para garantizar la protección de los derechos fundamentales en el contexto del régimen especial vigente.