Fiscalía identifica 18,000 contratos y asegura 47 inmuebles en caso Credicash en El Salvador

Fiscalía identifica 18,000 contratos y asegura 47 inmuebles en caso Credicash en El Salvador

La Fiscalía General de la República identificó 18,000 contratos vinculados a la financiera Credicash, incautó 47 inmuebles, 175 vehículos y más de 38 millones de dólares en efectivo y cuentas bancarias, en un caso de presunto fraude y lavado de dinero.

23 marzo 2026
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La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó que ha identificado aproximadamente 18,000 contratos de mutuo vinculados a la financiera Credicash, propiedad de Gerson Orellana, quien permanece detenido por cargos relacionados con lavado de dinero y defraudación a la economía pública.

Durante una conferencia de prensa realizada el 23 de marzo, el fiscal general Rodolfo Delgado explicó que estos contratos corresponden a personas que firmaron acuerdos económicos con Orellana. Sin embargo, puntualizó que algunos contratos pueden involucrar uno o varios acreedores, por lo que la Fiscalía continúa trabajando en la elaboración de un listado definitivo de víctimas afectadas por la institución financiera con sede en Chalatenango.

Operativo y estructura de investigación

Para manejar la gran cantidad de documentación, la Fiscalía estableció un centro especializado integrado por 70 fiscales, colaboradores jurídicos y analistas. Este equipo se encarga de organizar la información y confrontar la evidencia física con la digital para identificar a las víctimas reales y acelerar el proceso de devolución de los fondos afectados.

Los allanamientos contra Credicash culminaron el pasado fin de semana. El domingo 22 de marzo, decenas de habitantes de Nueva Concepción, Chalatenango, realizaron manifestaciones exigiendo la liberación de Orellana, aunque el fiscal Delgado no se refirió a estas protestas durante su intervención pública.

Bienes y activos incautados

Como parte del procedimiento judicial, la Fiscalía ha incautado 47 inmuebles registrados a nombre de Gerson Orellana, además de un inmueble perteneciente a la sociedad Transportes Imperio Yahaira S.A. de C.V. En cuanto a vehículos, se han asegurado 175 unidades vinculadas al empresario.

Respecto a los montos en efectivo encontrados, Delgado detalló:

En total, la Fiscalía ha incautado $27,550,750.20 en efectivo y ha inmovilizado $11,023,972.49 en cuentas bancarias, sumando un total de $38,574,722.69 relacionados directamente con la financiera.

Modalidad del presunto fraude

El fiscal general explicó que el esquema fraudulento consistía en ofrecer a los inversionistas una ganancia mínima del 10 % de interés mensual sobre el capital aportado. Por ejemplo, si una persona invertía $1,000, recibía $100 mensuales, una tasa considerablemente superior a la ofrecida por inversiones legales en el país.

Sin embargo, según las investigaciones, estas ganancias no provenían de actividades económicas reales ni de negocios generadores de ingresos. En realidad, el dinero aportado por nuevos inversionistas se utilizaba para pagar a los antiguos, caracterizando un esquema piramidal.

Impacto y denuncias

De acuerdo con los cálculos presentados por la Fiscalía, de no haber intervenido oportunamente, la deuda de Credicash con sus inversionistas habría alcanzado los $83.6 millones para marzo de 2027.

Hasta la fecha, la institución ha recibido 180 denuncias formales en contra de Gerson Orellana. El fiscal Delgado enfatizó la importancia de que la población esté informada a través de canales oficiales para seguir el proceso judicial y el eventual reintegro de fondos.

Contexto nacional

Este caso se enmarca en una serie de acciones judiciales emprendidas por las autoridades salvadoreñas para combatir fraudes financieros y proteger a los inversionistas, en un contexto donde la estabilidad económica y la confianza en el sistema financiero son prioritarias para el desarrollo nacional.

La rápida intervención de la Fiscalía y el despliegue de recursos técnicos y humanos evidencian la determinación del Estado salvadoreño para enfrentar delitos que afectan la economía pública y la seguridad financiera de la población.

Las investigaciones continúan abiertas, y las autoridades mantienen el compromiso de esclarecer los hechos y garantizar la justicia para quienes resultaron afectados por la financiera Credicash.

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