Fiscalía no cuenta con registros oficiales de osamentas y fosas clandestinas desde 2021

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador no cuenta con un registro oficial ni informes estadísticos específicos sobre osamentas y fosas clandestinas halladas en el país desde enero de 2021 hasta febrero de 2026. Así lo confirmó la Unidad de Administración Documental y Estadística de la institución, tras responder a una solicitud formal de acceso a la información pública.

En la resolución entregada a El Oficial, la unidad explicó que no existe un documento o reporte que contenga de forma específica los datos requeridos, calificando la información solicitada como inexistente. La respuesta de la Fiscalía se fundamenta en resoluciones previas del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP),que establecen que una causa válida para declarar la inexistencia de un documento es que este nunca haya sido generado.

De acuerdo con la Fiscalía, no está obligada a crear nuevas bases de datos para satisfacer peticiones específicas y solo puede entregar la información que ha producido previamente en sus estadísticas habituales. Esta postura coincide con la política de reserva de información relacionada con la violencia que se instauró desde marzo de 2022, en el contexto del régimen de excepción.

Limitaciones en el acceso a información por el régimen de excepción

Desde la implementación del régimen de excepción, diversas instituciones estatales, incluyendo la Policía Nacional Civil (PNC),el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Fiscalía, han restringido el acceso público a datos vinculados a homicidios, feminicidios, desapariciones y hallazgos de víctimas. Algunos de estos datos permanecen clasificados con plazos de reserva que se extienden hasta 2029.

Esta medida ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones que trabajan con familiares de personas desaparecidas y organismos internacionales de derechos humanos. Señalan que la reserva impide realizar un seguimiento efectivo de los casos y dificulta su judicialización, dejando a las familias sin acceso a información vital sobre sus seres queridos.

La última cifra pública consolidada sobre desapariciones data de junio de 2022, cuando se reportaron 2,397 casos activos. Posteriormente, las autoridades dejaron de proporcionar detalles específicos, alegando la vigencia de la reserva de la información.

Impacto en la investigación y judicialización de casos

La falta de registros oficiales y la limitada transparencia dificultan el avance en las investigaciones sobre fosas clandestinas y desapariciones. Organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas han señalado que esta práctica reduce considerablemente la posibilidad de judicialización. Por ejemplo, en sus registros internos, de 56 casos documentados, solo uno ha sido llevado a tribunales.

Familiares de víctimas han denunciado la invisibilización de estos delitos y enfrentan dificultades para obtener información en instituciones clave como la Fiscalía, la PNC y el IML. Estas limitaciones se han incrementado desde la instauración del régimen de excepción, a pesar de las múltiples capturas de sospechosos relacionadas con pandillas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos también han interpuesto solicitudes para impugnar la reserva de información ante el IAIP, pero hasta ahora solo han recibido la admisión de sus peticiones sin avances concretos.

Contexto de desapariciones y hallazgos de fosas clandestinas

Un informe de 2023 de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) documentó que entre 2014 y 2019 las autoridades recibieron aproximadamente 22,000 denuncias de personas desaparecidas, en su mayoría vinculadas a la violencia generada por pandillas en El Salvador. Además, reportó que hasta junio de 2021 existían 2,170 casos abiertos, es decir, procesos donde no se había localizado a la víctima, viva o muerta.

Desde 2022, esta información detallada dejó de ser pública, limitando el conocimiento sobre la situación actual de las investigaciones. La ausencia de datos oficiales dificulta la elaboración de políticas públicas efectivas y la rendición de cuentas en materia de derechos humanos.

Casos emblemáticos y la necesidad de un registro público

Uno de los pocos casos que logró resolución fue el de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, quienes desaparecieron en septiembre de 2021 y fueron encontrados meses después en una fosa clandestina en la finca Suiza, en Nuevo Cuscatlán. Las autoridades determinaron la responsabilidad de la clica “Tecla Locos Salvatruchos”, condenando a varios de sus miembros.

Sin embargo, la ausencia de un registro público, moderno y accesible sobre osamentas y fosas clandestinas representa un obstáculo para las familias y para la justicia. Una vocera de una organización dedicada a la búsqueda de desaparecidos, que prefirió mantener el anonimato, señaló que esta situación evidencia una institucionalidad débil que no responde a las demandas de las víctimas y favorece la impunidad.

Conclusiones y desafíos para la transparencia

La inexistencia de reportes específicos sobre osamentas y fosas clandestinas desde 2021 refleja un problema estructural en la gestión de la información relacionada con la violencia en El Salvador. La combinación del régimen de excepción y la falta de registros oficiales limita la transparencia y el derecho de las familias a conocer el destino de sus seres queridos.

Para avanzar en la búsqueda de justicia y reparación, es imprescindible que las instituciones públicas desarrollen mecanismos accesibles y confiables para el registro y la difusión de información sobre desapariciones y hallazgos de fosas clandestinas. Además, la revisión de las políticas de reserva de datos debe garantizar un equilibrio entre la seguridad nacional y el derecho a la información pública.

El acceso a información clara, actualizada y completa es un paso fundamental para fortalecer la institucionalidad salvadoreña, facilitar la investigación y judicialización de delitos, y brindar respuestas a las víctimas y sus familias en un contexto marcado por la violencia y la impunidad.