Fiscalía presenta audios que evidencian tráfico de drogas de la MS-13 a nivel nacional

La audiencia única contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) continuó este martes 12 de mayo en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, donde la Fiscalía General de la República (FGR) presentó nuevas evidencias para sustentar la acusación contra esta estructura criminal que opera en El Salvador.

En esta etapa procesal, la representación fiscal expuso audios interceptados mediante intervenciones telefónicas que revelan la manera en que la pandilla traficaba drogas a nivel nacional, además de ordenar y ejecutar otros delitos graves. Según detalló la Fiscalía, estas grabaciones evidencian cómo la MS-13 adquiría y distribuía narcóticos en todo el territorio salvadoreño, mostrando una estructura compleja y organizada destinada a la comercialización y evasión de controles policiales.

Estructura y financiamiento del narcotráfico en la MS-13

Los audios presentados dan cuenta de una red bien articulada para el transporte y venta de drogas, que incluye mecanismos específicos para evitar la detección por parte de las autoridades. Además, se reveló que las ganancias obtenidas del narcotráfico se reinvertían no solo en la compra de más estupefacientes, sino también en la adquisición de armas y en el financiamiento de actividades ilícitas como la extorsión.

La Fiscalía subrayó la importancia de estas evidencias para fortalecer el caso en contra de los imputados y aseguró que se verificará que todas sean consideradas para alcanzar las penas más severas que contempla la ley. En su cuenta oficial en la red social X, la institución reiteró que estas pruebas son fundamentales para lograr justicia en el proceso.

Contexto del juicio masivo contra la MS-13

El proceso judicial iniciado contra los 486 cabecillas de la MS-13 incluye imputaciones por 9,043 delitos cometidos entre los años 2012 y 2022. Entre los crímenes que se les atribuyen figuran homicidios, extorsiones, violaciones y otros actos violentos. La Fiscalía ha presentado tanto testigos criteriados como audios de intervenciones telefónicas que evidencian el modus operandi de esta organización criminal.

Uno de los datos contundentes aportados por el ministerio público indica que 525 empleados públicos, en su mayoría miembros de la Policía Nacional Civil, fueron asesinados por órdenes directas de la ranfla, es decir, la cúpula delictiva de la pandilla, durante el periodo señalado.

Además, el análisis de dispositivos telefónicos decomisados reveló videos donde se observan actos de extrema violencia, tales como torturas a víctimas, crímenes de violencia sexual contra mujeres y agresiones físicas contra menores de edad. Estas evidencias gráficas respaldan la gravedad de los cargos presentados en el juicio.

Juicio paralelo contra 36 pandilleros en Morazán

Paralelamente, la Fiscalía informó que 36 pandilleros enfrentan un proceso en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado. En esta audiencia, los imputados son acusados de delitos como extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado y privación de libertad.

Los hechos investigados ocurrieron en los municipios de Guatajiagua, Chilanga y San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán. Entre las víctimas se encuentran mototaxistas, comerciantes y propietarios de tiendas, quienes fueron obligados a entregar sumas de dinero bajo amenaza de muerte por parte de los imputados.

Implicaciones para la seguridad nacional

Estos procesos judiciales forman parte de los esfuerzos del Estado salvadoreño para combatir la criminalidad organizada, particularmente la que genera violencia y afecta la seguridad ciudadana a través de actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión.

La presentación de audios y testimonios en los tribunales representa un avance significativo para desarticular las redes internas de pandillas como la MS-13, cuya influencia ha sido un reto constante para las autoridades en las últimas décadas.

La continuidad de estos juicios y la valoración exhaustiva de las pruebas permitirán esclarecer la responsabilidad de los implicados y contribuirán a la aplicación de justicia conforme a la legislación vigente en El Salvador.

El Estado mantiene el compromiso de fortalecer los mecanismos judiciales y policiales para reducir la incidencia delictiva y proteger a la población civil, especialmente en zonas afectadas por la presencia de pandillas y actividades criminales.