Gobierno de EE. UU. admite deportación de 86 beneficiarios de DACA por cargos criminales

El Gobierno de Estados Unidos admitió recientemente haber deportado a 86 inmigrantes amparados por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA),bajo el argumento de que enfrentaban cargos criminales. Esta revelación se produjo a través de una comunicación oficial emitida por la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien informó al senador demócrata por Illinois, Richard Durbin, sobre las detenciones y deportaciones realizadas durante 2025.

En la carta, fechada el 19 de noviembre de 2025, Noem detalló que entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de este año, 261 beneficiarios de DACA fueron detenidos por agentes migratorios, de los cuales 86 fueron deportados. De los detenidos, 241 tenían antecedentes penales, aunque la misiva no especifica la naturaleza de los cargos que enfrentaban estas personas.

Antecedentes y propósito del programa DACA

El programa DACA fue implementado durante la administración del expresidente Barack Obama (2009-2017) con la finalidad de proteger de la deportación a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que cumplían ciertos requisitos. Además de la protección temporal contra la deportación, el programa les permite obtener autorización para trabajar legalmente en el país.

Esta iniciativa ha sido objeto de un intenso debate político y jurídico desde su creación, pues mientras sus defensores la consideran una medida humanitaria y necesaria para proteger a jóvenes inmigrantes, sus detractores argumentan que se trata de una disposición administrativa sin base legal suficiente.

Postura del Gobierno y contexto legal

La secretaria Noem defendió las acciones migratorias amparándose en una decisión judicial reciente. Citó una resolución de un juez federal en Texas que declaró ilegal el programa DACA, argumentando que su creación fue una medida administrativa sin la debida aprobación legislativa. Según Noem, la protección que otorga DACA es una suspensión temporal de la deportación, pero no un derecho permanente para residir en Estados Unidos.

Durante su primer mandato (2017-2021),el expresidente Donald Trump intentó eliminar el programa, una acción que fue frenada por el Tribunal Supremo, que declaró ilegal el proceso utilizado para su derogación. Sin embargo, la administración actual continúa enfrentando desafíos legales y políticos respecto al futuro de DACA.

Reacciones y preocupaciones sobre las deportaciones

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han denunciado que algunas detenciones y deportaciones de beneficiarios de DACA se han realizado bajo acusaciones criminales cuestionables, e incluso en casos donde los cargos fueron desestimados posteriormente. Estas denuncias han motivado investigaciones por parte del senador Durbin, quien busca esclarecer si se han cometido injusticias en la aplicación de las políticas migratorias.

El debate se centra en la interpretación y aplicación del programa, y en cómo las autoridades migratorias determinan qué casos ameritan deportación pese a la protección temporal que otorga DACA.

Implicaciones para El Salvador y la región

En El Salvador, país con una importante diáspora en Estados Unidos, el futuro de DACA tiene un impacto directo en miles de jóvenes salvadoreños que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que dependen de este programa para residir y trabajar legalmente en aquel país. Las deportaciones recientes generan preocupación sobre la estabilidad y seguridad de estas comunidades, así como sobre las condiciones que enfrentarán al regresar a El Salvador.

Además, la situación contribuye a la incertidumbre en materia migratoria y plantea nuevos retos para las políticas de protección y reintegración de retornados.

Perspectivas y próximos pasos

La investigación que lleva adelante el senador Durbin podría derivar en nuevas recomendaciones o reformas al sistema migratorio estadounidense, en busca de garantizar que los derechos de los beneficiarios de DACA sean respetados y que las deportaciones se realicen conforme a la ley y con pleno respeto a los derechos humanos.

Mientras tanto, el programa DACA continúa siendo un tema polémico que mantiene dividido el panorama político y legal en Estados Unidos, con repercusiones directas para miles de inmigrantes y sus familias en la región latinoamericana.

El Gobierno salvadoreño y diversas organizaciones de la sociedad civil continúan monitoreando la situación, buscando mecanismos de apoyo para quienes puedan verse afectados por estas medidas migratorias.