Gobierno de El Salvador no ha instalado Centros de Atención a Primera Infancia gratuitos pese a mandato legal

En El Salvador, la instalación y administración de Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI) públicos y gratuitos, contemplada en la Ley Crecer Juntos aprobada en 2022, continúa sin ser cumplida por el Gobierno. Hasta el pasado 31 de marzo, se autorizó el funcionamiento de 41 CAPI en el país, pero ninguno es gestionado directamente por el Estado, contraviniendo el mandato legal que establece la responsabilidad estatal para la creación y mantenimiento de estos centros.

Marco legal y tipos de CAPI en El Salvador

La Ley Crecer Juntos, y específicamente su artículo 143, establece que corresponde al Estado instalar y mantener CAPI de carácter público y gratuito para la atención integral de niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los cuatro años de edad. Estos centros no sólo ofrecen cuidado básico, sino también un programa educativo que promueve el desarrollo cognitivo durante los primeros años de vida, etapa crucial para el crecimiento infantil.

El reglamento para la instalación de CAPI clasifica estos centros en tres categorías:

• Patronales: Instalados por instituciones gubernamentales o empresas privadas para uso exclusivo de sus empleados.
• Privados: Centros que ofrecen servicios a empresas y particulares.
• Públicos: Administrados por el Instituto Crecer Juntos (ICJ) o por municipalidades, que deben ser gratuitos para las familias.

Además, existen CAPI especiales para menores en contexto de protección especial, dirigidos a niños en situación de vulnerabilidad desde cero hasta siete años, que funcionan bajo otras disposiciones normativas.

Distribución y administración actual de los CAPI autorizados

De los 41 CAPI autorizados para operar en El Salvador, siete son patronales, 31 son privados y sólo tres son públicos, pero estos últimos son administrados por municipalidades en los distritos de Mejicanos, Soyapango y San Miguel. No existe registro oficial de CAPI públicos gestionados directamente por el Instituto Crecer Juntos, lo que implica que no hay centros estatales gratuitos en funcionamiento, como lo establece la ley.

Además, la distribución de los centros autorizados está concentrada en cuatro departamentos del país, dejando a 10 departamentos sin ningún CAPI instalado. Esta falta de cobertura genera incertidumbre sobre cómo las madres y familias en esas zonas acceden a servicios de atención y desarrollo temprano para sus hijos.

Plazos legales y cumplimiento pendiente

La Ley Crecer Juntos estableció plazos específicos para la puesta en marcha de los CAPI en los sectores público, privado y municipal. Tras diversas prórrogas, desde marzo de 2025 es obligatorio que los centros privados y municipales estén operativos, mientras que para el sector público este requisito debe cumplirse desde septiembre de 2024.

A pesar de estos plazos, no se reporta avance en la instalación de CAPI públicos gratuitos por parte del Estado. Esta omisión afecta directamente el acceso a servicios esenciales para la primera infancia, un periodo clave para el desarrollo integral de niñas y niños.

Falta de transparencia y seguimiento institucional

Para conocer el seguimiento que realizan las instituciones responsables, se solicitó información al Consejo Nacional de Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y al Instituto Crecer Juntos mediante canales oficiales. Sin embargo, al cierre de esta edición, ninguna de estas entidades ha respondido a las consultas sobre el avance en la instalación de CAPI públicos gratuitos ni sobre las acciones adoptadas para asegurar el cumplimiento de la ley.

El reglamento también faculta al Instituto Crecer Juntos a contratar servicios de CAPI privados para que ofrezcan atención gratuita con subsidio estatal. No obstante, no se ha informado si esta vía ha sido utilizada. Según datos de Transparencia Fiscal, el ICJ tiene asignados 9 millones de dólares para transferencias corrientes a privados para 2026, de los cuales sólo se ha ejecutado un millón en los primeros dos meses del año, pero no se ha aclarado el destino específico de estos recursos.

Implicaciones y posicionamientos políticos

La ausencia de CAPI públicos gratuitos ha generado críticas desde diferentes sectores. Una diputada por el partido ARENA calificó esta situación como una deuda del Estado con las mujeres salvadoreñas, ya que la falta de centros limita el acceso a un derecho fundamental para la atención y desarrollo de la primera infancia. Señaló que la inacción estatal representa una irresponsabilidad y una violación a los derechos de niños y madres, enfatizando además la falta de sanciones y supervisión por parte del Ministerio de Trabajo.

Esta visión destaca la importancia de que el Estado no sólo cumpla con la instalación de los CAPI, sino que también garantice su funcionamiento efectivo y acceso gratuito, en consonancia con las disposiciones legales vigentes.

Desafíos para la atención integral en la primera infancia

La primera infancia es una etapa fundamental para el desarrollo físico, emocional y cognitivo, y la atención integral a través de CAPI contribuye significativamente a mejorar las condiciones de vida de niñas y niños, especialmente en contextos de vulnerabilidad. La falta de centros públicos gratuitos en El Salvador limita la cobertura y la equidad en el acceso a estos servicios, perpetuando brechas territoriales y sociales.

El desafío para el Estado salvadoreño es avanzar con prontitud en la instalación y administración de CAPI públicos que cumplan con los estándares establecidos, además de transparentar la gestión de los recursos destinados a la primera infancia y fortalecer la coordinación institucional para garantizar el derecho a la atención integral desde los primeros días de vida.

En conclusión, el incumplimiento de la Ley Crecer Juntos en la instalación de CAPI públicos y gratuitos evidencia una brecha significativa en las políticas públicas de primera infancia en El Salvador, que requiere atención urgente para asegurar el bienestar y desarrollo de las nuevas generaciones en todo el territorio nacional.