Gobierno de El Salvador proyecta reforma integral a la Ley del Servicio Civil para 2026

El Gobierno de El Salvador anunció su compromiso de presentar una reforma integral a la Ley del Servicio Civil a más tardar a mediados de 2026, en cumplimiento con las obligaciones adquiridas dentro del programa de 40 meses acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la función pública y mejorar la sostenibilidad fiscal del país.

Actualmente, El Salvador regula la función pública mediante la Ley del Servicio Civil vigente desde 1961. A pesar de los múltiples intentos en años anteriores para aprobar una nueva legislación que actualizara el marco normativo, ninguna propuesta logró concretarse hasta el momento. La reforma proyectada busca sustituir esta normativa obsoleta con un enfoque que armonice el sistema de remuneraciones y fortalezca los mecanismos de contratación y gestión de recursos humanos en el sector público.

Contexto y compromisos con el FMI

El acuerdo con el FMI, que contempla el acceso a un financiamiento de 1,400 millones de dólares, establece una serie de reformas estructurales destinadas a mejorar las finanzas públicas y la eficiencia del gasto estatal. Entre estos compromisos se incluyen ajustes fiscales equivalentes al 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB),el fortalecimiento de la liquidez bancaria y la implementación de medidas para mejorar la transparencia en la administración pública.

En este marco, el Gobierno salvadoreño también debe presentar una reforma al sistema de pensiones durante este año, lo que implica un esfuerzo simultáneo para garantizar la viabilidad financiera de ambos pilares fundamentales: la función pública y las pensiones.

Avances y plazos establecidos

Según documentos oficiales entregados en junio del año pasado por el presidente del Banco Central de Reserva (BCR),Douglas Rodríguez, y el Ministro de Hacienda, Jerson Posada, a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se establece un cronograma para la preparación de estas reformas. El primer paso contempla la publicación de un documento que detalle los objetivos y un programa de trabajo para su formulación, con un horizonte de septiembre de 2025.

La propuesta legislativa definitiva debe ser presentada a la Asamblea Legislativa como fecha límite a mediados de 2026. El Gobierno ha señalado que el objetivo principal de esta reforma será armonizar el sistema de remuneraciones públicas para que los salarios se correspondan con la productividad y las cualificaciones de los funcionarios, además de implementar criterios de contratación más estrictos para evitar una expansión innecesaria del empleo en el sector público.

Implicaciones fiscales y reducción de la masa salarial

Una de las metas concretas que persigue esta reforma es la reducción de la masa salarial del sector público, que actualmente representa un componente significativo del gasto estatal. El Gobierno proyecta que con estas medidas la masa salarial podría disminuir en aproximadamente un 1.5 % del PIB para el año 2027.

Datos oficiales del Ministerio de Trabajo reflejan una reducción en el número de cotizantes en la planilla pública, pasando de 235,538 en junio de 2024 a 230,542 en junio de 2025, lo que representa una disminución del 2.1 %. Este descenso es indicativo de un proceso de racionalización en la estructura del empleo público, alineado con los compromisos del acuerdo con el FMI.

Revisión del programa y coordinación internacional

El calendario de revisiones del acuerdo con el FMI presenta un desfase. La segunda revisión estaba prevista para septiembre de 2024, sin embargo, los resultados no han sido difundidos hasta la fecha. La tercera revisión está programada para marzo de 2025, y expertos económicos consideran probable que ambas evaluaciones se realicen de manera conjunta.

En el proceso de formulación de las reformas, el Gobierno ha trabajado en coordinación con el Banco Mundial para fortalecer el sistema de gestión del empleo público y diseñar una estrategia integral para la función pública. Estos esfuerzos buscan garantizar que las medidas implementadas sean sostenibles y contribuyan a la consolidación fiscal del país.

Perspectivas y recomendaciones del FMI

El equipo técnico del FMI ha señalado la importancia de continuar los esfuerzos para mejorar las finanzas públicas, especialmente a través de la racionalización de la masa salarial y la reducción de gastos corrientes. En un comunicado emitido el año pasado, la entidad enfatizó que, más allá de las medidas previstas para 2025 y 2026, se requieren reformas integrales en la función pública y el sistema de pensiones para salvaguardar la estabilidad fiscal y proteger el gasto social y de infraestructura prioritario.

Estas observaciones subrayan el papel crucial que desempeñan las reformas anunciadas en la estrategia económica y social de El Salvador para los próximos años, en un contexto de desafíos globales y necesidades internas de modernización.

Conclusiones

El compromiso del Gobierno de El Salvador para presentar una reforma a la Ley del Servicio Civil representa un paso significativo hacia la modernización del sector público y la mejora de la gestión fiscal. La propuesta se enmarca dentro de un esfuerzo mayor por cumplir con las condiciones del acuerdo con el FMI, que busca asegurar la sostenibilidad financiera del país y promover un desarrollo económico equilibrado.

Si bien aún no se conocen los detalles específicos del contenido de la reforma, las declaraciones oficiales y los indicadores actuales apuntan a un proceso orientado a fortalecer la productividad y la eficiencia del empleo público, acompañado de una racionalización del gasto que permita consolidar las finanzas estatales. La presentación de esta iniciativa ante la Asamblea Legislativa a mediados de 2026 será un momento clave para evaluar el avance de esta agenda de reformas fundamentales para El Salvador.