Gobierno garantiza gratuidad en salud y educación bajo alianzas público-privadas en El Salvador

El presidente de la Agencia de Promoción de Inversiones de El Salvador (Invest El Salvador),Rodrigo Ayala, aseguró ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa que los servicios de salud y educación prestados por entidades privadas bajo contratos de alianzas público-privadas continuarán siendo gratuitos para la población.

La declaración se produjo durante la sesión del miércoles, en la que se abordó la propuesta del Gobierno para aprobar una nueva Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) que sustituiría a la Ley de Asocios Público-Privados vigente desde 2013. La iniciativa ha generado debate debido a que omite una exclusión expresa para los sectores de salud, educación y recursos hídricos, los cuales están protegidos actualmente contra la concesión a privados.

Preocupaciones sobre concesión de servicios esenciales

La diputada Claudia Ortiz expuso las inquietudes manifestadas por gremiales y organizaciones civiles respecto a que la nueva ley podría permitir la concesión de servicios públicos esenciales como la salud y la educación a empresas privadas, lo que podría implicar un cobro directo a los usuarios o una privatización encubierta.

En respuesta, Ayala negó que el Gobierno tenga intención de privatizar dichos servicios. Explicó que las alianzas público-privadas deben entenderse como un mecanismo mediante el cual el Estado cede temporalmente la operación de ciertos bienes y servicios a empresas con mayor capacidad técnica y financiera, pero mantiene la propiedad y supervisión directa. Destacó además que la gratuidad de los servicios se mantendrá, pese a que la ley permite que algunos proyectos sean autofinanciados mediante tarifas.

“Si bien indirectamente todos nosotros contribuyentes pagamos tributos al Estado y de ese dinero se utiliza para brindar la salud y la educación a la población; no hay un pago directo (...) Eso no va a cambiar, los bienes que son, tanto la salud, como la educación, no va a haber un costo adicional”, afirmó Ayala.

Ausencia de proyectos de concesión para educación y salud

Ante la consulta sobre si existen proyectos específicos para concesionar servicios de salud o educación, el funcionario aseguró que no tiene conocimiento de ninguno en curso. Aclaró que, en un escenario hipotético, el Estado seguiría siendo responsable de garantizar que estos servicios sean gratuitos para la población y que los costos asociados estarían cubiertos en el presupuesto público.

“No hay ningún proyecto, que yo podría decir existe, que esto se vaya a concesionar, que la educación pública, es decir, los institutos públicos, se vayan a concesionar a un privado. Pero imaginémonos en un caso hipotético, fantasioso, ilusorio, que eso llegara a pasar, entonces también volvemos a la responsabilidad del Estado que no se le va a cobrar o no se le cobraría a un ciudadano, porque tanto la salud como la educación es un bien que el Estado debe garantizar y ya está presupuestado dentro del Estado”, declaró Ayala.

Contexto constitucional y debates legislativos

El funcionario respaldó la decisión oficialista de no incluir una exclusión explícita de los sectores de salud y educación en la ley, argumentando que la Constitución salvadoreña ya establece que estos servicios deben ser gratuitos y provistos por el Estado.

Sin embargo, la diputada Ortiz advirtió sobre la vulnerabilidad de esta garantía constitucional, recordando que el mismo Ayala, cuando era diputado, promovió reformas para facilitar la modificación de la Constitución en una sola legislatura. Este cambio ha permitido al oficialismo realizar 13 reformas constitucionales desde enero de 2025, lo que podría poner en riesgo derechos fundamentales si se modifican sin el consenso necesario.

“Estamos viendo a partir de esa propuesta de reforma constitucional que usted presentó, que hoy la Constitución se cambia como que es ley secundaria (...) y así como han cambiado el sistema electoral, así como han cambiado temas relacionados con la cadena perpetua, como han cambiado otros temas, cualquier día cambian los derechos fundamentales y todos aplaudiendo. Entonces, no deja de ser preocupante el hecho de que, aunque se diga que no hay ningún proyecto hoy por hoy, pero el hecho de que esto no haya quedado excluido de la ley deja mucho que pensar”, expresó Ortiz.

Avances en el proceso legislativo

Al cierre de la reunión, la Comisión acordó invitar al ministro de Hacienda, Jerson Posada, para que exponga su opinión sobre la propuesta en la próxima sesión. La diputada Ortiz también planteó la solicitud de invitar a representantes de gremios y organizaciones de la sociedad civil para que participen en el análisis, pero esta petición fue rechazada por la mayoría oficialista.

Implicaciones para la población salvadoreña

La discusión sobre la nueva Ley de Alianzas Público-Privadas ocurre en un contexto en el que El Salvador busca atraer inversión extranjera y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos mediante mecanismos asociados con el sector privado. Sin embargo, la transparencia y garantías sobre la gratuidad de servicios esenciales como salud y educación constituyen demandas recurrentes de diversos sectores sociales.

El Gobierno sostiene que la implementación de APP no afectará el acceso gratuito ni la calidad de estos servicios, manteniendo siempre la responsabilidad estatal. No obstante, las dudas expresadas por la oposición legislativa y organizaciones civiles reflejan una percepción de riesgo ante la ausencia de exclusiones claras en la normativa.

El desarrollo del debate legislativo será determinante para definir el alcance y las condiciones en que se aplicarán las alianzas público-privadas en El Salvador, así como para garantizar que no se vulneren derechos fundamentales de la población en sectores prioritarios.